Reglas partidarias y electorales

La primera etapa de las elecciones generales ha concluido, y sus dislates nos lleva a cuestionar el sistema de partidos así como la normatividad electoral.

En lo referente a la legislación partidaria podemos decir que cuando no contábamos con Ley de Organizaciones Políticas, las agrupaciones de ése contenido funcionaban mejor y con sus propias reglas. Quienes llegaban al Congreso para representarlas tenían mejor calidad humana, académica y profesional, y los partidos se esmeraban en considerar a sus mejores cuadros.

Pese a que el modernismo digital cautiva al mundo, respecto a los Partidos Políticos la normativa se ha preparado como si fuera para el siglo XIX, en que priman formalismos de adhesiones con firmas sobre papel, comités partidarios por doquier, sesiones presenciales y libros de actas, elecciones internas para proponer candidatos, y en fin cuanto requisito se les ocurrió a burócratas que nunca habían militado en partidos ni menos conocían su esencia y espíritu. Como resultado el señalado en el párrafo anterior.

No se ha tomado en cuenta que existen actores políticos más importantes, como son las encuestadoras, los medios de prensa y diversidad de Organizaciones No Gubernamentales que direccionan al electorado como les viene en gana, que informan sobre algunos candidatos e ignoran a los otros con absoluto olvido de los principios de transparencia, igualdad e información objetiva.

Respecto a la legislación electoral, ella es dispersa, extensa, engorrosa y reglamentarista, que además trata a las agrupaciones políticas como si ellas fueran empresas mercantiles con accionariado listado en bolsa.  O sea controlan y fiscalizan convirtiéndose en SUNAT y SNV de Partidos.

Hay entes estatales electorales que duplican funciones, como por ejemplo la de educación o instrucción electoral que se repite en el JNE y en la ONPE, y que nos cuesta por partida doble a los contribuyentes a través de nuestros impuestos.

Las deficiencias normativas antes mencionadas, han sido agravadas con el comportamiento del Congreso de la República que a mitad del proceso electoral dictó modificaciones a las regulaciones electorales y partidarias con el resultado por todos conocido, y que además fueron aplicadas con distinto rasero, pues mientras para la exclusión de candidatos por dádivas u otros motivos se tomó en cuenta la novísima norma, que por lo demás no se aplicó a todos por igual, para la valla electoral se tuvo en cuenta la norma primigenia y no su modificatoria.

Las aclaraciones de la autoridad electoral a destiempo, las decisiones de la justicia electoral tardía, y candidatos congresales que no habían iniciado sus campañas por falta de decisión oportuna respecto a las tachas presentadas. En fin un cúmulo de deficiencias que si bien es cierto no han convertido el proceso en semi-democrático como erráticamente afirmó el Secretario General de la OEA señor Luis Almagro, por lo menos lo plagaron de nubarrones no deseables, y ello pese a la honorabilidad de los magistrados electorales.

El nuevo Congreso deberá reestudiar toda la legislación electoral y dictar una nueva, mediante un Código Electoral, como fue propuesto en su momento  por el ex presidente del JNE Dr. Hugo Sivina, pero que contenga también toda la normatividad procedimental, que debe ser por un lado sencilla y por otro no burocrática.