Concuerdo con el periodista César Hildebrant, cuando dice que la acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, no es algo aislado. Luego vendrá la acusación contra los miembros del Tribunal Constitucional, hasta tener amedrentados todos los que osen investigar a Keiko y su entorno, así tendrá el control de todas las instituciones independientes, en resumen un segundo golpe de estado. 

Con la destitución del Fiscal de la nación el mensaje es claro: a Keiko y a Joaquín Ramírez no los investiga nadie, menos los acusan, y si lo hacen ya saben lo que les pasará. 

El mensaje está dirigido a los dos fiscales que investigan a Keiko, a José Domingo Pérez, quien la investiga por sus cuentas personales y financiamiento de sus campañas y a un fiscal aún no designado que investigará a Joaquín Ramírez; esto es lo que preocupa en la tienda “naranja”. 

Ahora con lo dicho por Marcelo Odebrecht en Curitiba, en el sentido que PPK habría recibido dineros por asesorías después que dejó de ser ministro de Toledo, le da al fujimorismo la posibilidad de chantajear a palacio cuantas veces quiera e incluso amenazar con una posible vacancia presidencial. 

Pero para acusar al Fiscal y destituirlo se necesita 87 votos y sólo tienen 72, acá es importante que el APRA y Alianza para el Progreso –que suman 15 votos- no vayan como furgón de cola de quienes quieren destruir la institucionalidad del país por segunda vez.