Gestión pública, comunidades e inversiones extractivas

Uno de los impactos positivos de las inversiones extractivas (sobre todo minería e hidrocarburos) en las comunidades –campesinas o nativas- y en los espacios de gobiernos locales es el incremento del presupuesto público. En las últimas dos décadas la transferencia por canon minero -por ejemplo- ha sido de más 40 mil millones de soles.

Ya sea por canon, regalías o a través del pago de impuestos, los gobiernos locales obtienen ingentes recursos presupuestales.

No obstante, mientras los distritos o comunidades donde existe algún proyecto extractivo se vuelven “ricos”, sucede todo lo contrario con la ejecución del presupuesto o la implementación de proyectos de inversión, para poner dos ejemplos.

En algunos distritos “ricos” como Megantoni o San Marcos, el avance en la ejecución presupuestal es ínfimo (de hecho San Marcos con un presupuesto de 165 millones de soles va recién en ¡13%!).

La razón de esta lógica de “mucho presupuesto y poco gasto” es por la limitada preparación de las autoridades políticas, los funcionarios y burócratas estatales en materia de gestión pública eficiente, moderna y por resultados.

La descentralización ha permitido ver que uno de los grandes problemas del sector público es la ejecución paupérrima del presupuesto.

El problema se acrecienta cuando a la baja ejecución de este presupuesto se le suma la baja calidad de los proyectos. Ni cantidad ni calidad.

Lo anterior es un problema particular sin embargo en general el problema es de gestión pública. Quizá aquí valga una reflexión: si en las regiones o provincias -donde se supone existen mayores capacidades y recursos humanos- hay problemas alrededor de la baja ejecución y calidad del gasto, ¡imaginemos en distritos alejados que está por encima de los 3,500 msnm!

Las empresas extractivas han distinguido que todo lo anterior representa una de las principales debilidades para implementar estrategias articuladas de desarrollo local junto al Estado y sus espacios de gobierno, sobre todo en el entorno donde operan.

De allí es que se han creado programas locales de liderazgo y fortalecimiento de capacidades para una gestión pública moderna y eficiente. Son muchos los problemas que se originan cuando un distrito o gobierno local recibe ingentes recursos pero sus autoridades son poco competentes y tienen limitados recursos humanos con experiencia en gestión pública.

Así pues, se hace una tarea cuesta arriba para las empresas extractivas, comunicar a los diversos stakeholders de su entorno que están cumpliendo con sus obligaciones según la ley, que están asignando recursos, pero que corresponde a las autoridades locales y a los funcionarios estatales ejecutar este presupuesto a través de proyectos, es decir haciendo una buena gestión pública.

Con el fin de mejorar su estrategia de intervención, muchas empresas extractivas están cambiando su enfoque de gestión social y ahora se orientan a construir alianzas con la sociedad civil (comunidades) y el Estado (espacios de gobierno).

Sin embargo, otro de los problemas que se evidencia es que a menor preparación de las autoridades locales y los funcionarios, mayor es el riesgo para la coordinación y articulación de estrategias de desarrollo territorial.

Si bien, como indicamos, varias empresas están implementando programas para empoderar y fortalecer los liderazgos y conocimientos en materia de gestión pública, los resultados se verán a mediano y largo plazo.

Vale recalcar que no es responsabilidad exclusiva de las empresas mineras capacitar en cursos de gestión o liderazgo pero ante la inoperancia del Estado alguien tiene que hacer el trabajo.

Las comunidades campesinas o nativas, sobre todo las que se ubican dentro del entorno de las inversiones extractivas, son y deben ser las primeras en participar de estos programas.

La planificación del desarrollo local, mejorar la competitividad productiva, la gobernanza territorial, el diseño y ejecución de proyectos de inversión; deberían ser los puntales de estos programas de gestión pública que permitirán a la larga maximizar una convivencia sostenible entre el sector público, privado y la sociedad civil.

No debemos olvidar que en muchas comunidades o distritos, algunas organizaciones no gubernamentales han desarrollado sus propios programas de fortalecimiento de capacidades orientándolas –muchas veces- a desencuentros con las empresas. Allí, en todo caso existe una estrategia ideológica contra la inversión privada.

Las empresas extractivas deben continuar y mejorar estos programas de fortalecimiento de capacidades de gestión pública e invertir en dotar de más conocimientos y recursos sobre todo a los jóvenes de las comunidades del entorno y aledañas a los proyectos extractivos para seguir formando liderazgos que transformen positivamente sus territorios.