Punto de Encuentro

Pautas constitucionales del referéndum

Los cuatro puntos para referéndum propuestos por el Ejecutivo (Reforma del CNM, bicameralidad, no reelección de congresistas, y financiamiento de partidos políticos), conllevan intrínsecamente una reforma de la Constitución. Dicha propuesta tiene que ejecutarse por el conducto propuesto en los artículos 32 y 206 de la misma Constitución, el primero refiere que “pueden ser sometidas a referéndum, la reforma total o parcial de la Constitución”, y la segunda disposición indica: “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum”.

El referéndum, obliga a pasar por el Legislativo. En la praxis, las cuatro propuestas legislativas que el Ejecutivo plantea tienen que ser aprobadas por 66 votos a más (mayoría absoluta) del Congreso, ahí recién dichos planteamientos serían sometidos a referéndum y la población podría elegir; el resultado de la elección se convertiría en norma constitucional de ser el caso.  

Pero, si el Congreso por iniciativa propia desearía cambiar alguna norma constitucional, o recoger las propuestas del Presidente, puede aplicar lo que explica el segundo extremo del mismo artículo 206: “Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del numero legal de congresistas”. Esta sería la segunda alternativa, aunque la condición es que el Congreso asienta los cambios del Ejecutivo en la Legislatura del año 2018 y reitere la aprobación en la Legislatura del año 2019; hecho que resulta improbable bajo las condiciones reales que se perciben.  

Cualquier reforma de la Constitución, como es el caso de los cuatro puntos propuestos por el Ejecutivo, puede ser a iniciativa del Presidente, del Congreso, o del 3% de la población (artículo 206 Const.). En el caso bajo explicación, es el Presidente Vizcarra quien se encuentra haciendo uso de su prerrogativa al alcanzar al Legislativo los cuatro proyectos de reforma constitucional; caso aparte es que dichos proyectos sean aceptados por el Congreso y se elija el conducto del referéndum o de la votación en doble legislatura para materializar los cambios normativos.

A su vez, respecto de someter a referéndum otros temas diferentes a los indicados por el Presidente Vizcarra, debemos recordar lo que menciona el artículo 32 de la Const.: “No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor”. Es decir, que la propuesta de retiro de la Corte IDH no podría ser materia de referéndum al ser un tratado internacional sobre derechos fundamentales, tal como también lo infiere la sentencia del TC N° 014-2002-AI-TC; fallo que a su vez, nos hace percibir que las propuestas de consultar sobre la prohibición de la “píldora del día siguiente” o “el matrimonio homosexual” no prosperarían, ya que el artículo 206 y el inciso 1) del artículo 32, sobre los cuales se basa la iniciativa de este referéndum, se aplica para cambiar normas constitucionales, no legales o infralegales; siendo que esos temas de orden ordinario podrían evaluarse por las vías correspondientes; claro está, respetando los pronunciamientos jurisdiccionales y convencionales del caso.

Toda persona tiene derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum (art.2 Const.). Lo indicado conlleva a inferir que ante cualquier interpretación que se elabore sobre el referéndum tendría que aplicarse la más favorable a su efectivización y el respeto de los derechos humanos, ello bajo la regla “pro homine” y el “bloque de constitucionalidad”; siendo que el mismo es un derecho político fundamental de todo ciudadano (art. 31Const.).

Master en Derechos Humanos por la Universidad Castilla La Mancha - Toledo – España.

Maestro en Derecho Constitucional por la UNFV. 

Profesor en Derecho Constitucional. 

Ponente en temas de Derechos Fundamentales en diversos eventos académicos.