Punto de Encuentro

Estado de la transparencia y la ética en el Sector Público por PERCY VILCHEZ SALVATIERRA.

Estado de la transparencia y la ética en el Sector Público por PERCY VILCHEZ SALVATIERRA.
La más aguda crisis dentro del sector público en este momento es, sin duda alguna, la del Sistema Nacional de Justicia, conjunto integrado por entidades de vital importancia para la debida observancia de la justicia y la ética en el territorio nacional como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Academia Nacional de la Magistratura, el Ministerio de Justica entre otras.
Esta crisis se arrastró por mucho tiempo y fue desencadenada, finalmente, por la transmisión y el reconocimiento público de los infames “Audios de la Corrupción” en los que se halló indicios y vínculos entre varios de los más altos magistrados del país –fiscales y jueces supremos o presidentes de cortes superiores, etc. – y organizaciones dedicadas a la comisión de delitos muy graves. Lo curioso es que no solo se remitieron al bloque jurídico consignado en el Código Penal como Delitos contra la Administración Pública realizados por funcionarios públicos sino que procedieron de una investigación conducente a frenar el ejercicio criminal con incidencia fundamental en delitos como la extorsión y el sicariato en el puerto de El Callao. 
De hecho, el informe de la fiscal Sandra Castro incluyó en la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto" a varios magistrados de primer nivel en el escalafón del Sistema Nacional de Justicia no solo al malamente famoso César Hinostroza y al tan cuestionado Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, –de quien se exige incluso la destitución y la inhabilitación para ejercer función pública por el lapso de diez años tal cual ha expuesto el congresista Juan Sheput, recientemente–  como casi toda la prensa nacional divulgó haciéndose de la vista gorda ante la imputación establecida en contra de otros fiscales supremos como Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza, además de los jueces supremos Duberlí Rodríguez, Aldo Figueroa, Martín Hurtado y Ángel Romero a los que se sumaron los ex-integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura destituido, Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera, Orlando Velásquez y Guido Águila. 
La magnitud de este destape periodístico fue tan grave que el mismo Presidente de la República, Ingeniero Martín Vizcarra, propuso en su último mensaje presidencial de Fiestas Patrias –entre otras reformas que serán atendidas previa aprobación congresal y luego de una consulta ciudadana a través del referéndum– una reforma de los artículos 155 y 156 de la Constitución Política del Estado vigente desde 1993 en el sentido de reformar al Consejo Nacional de la Magistratura y, luego de casi dos meses, el Congreso falló a favor de que esta institución defenestrada sea modificada y según los dictámenes parlamentarios deberá llamarse Junta Nacional de Justicia.
Sin embargo, el Congreso se manifiesta solo en lo que le conviene a la mayoría fujimorista y así, la semana pasada, aprobó la inhabilitación de algunos de los presuntos integrantes de “Los Cuello Blanco del Puerto”, de más está nombrarlos, pero no facilitó ni concluyó en la incidencia de la responsabilidad penal que correspondía a todos los involucrados, efectuando así el “blindaje” más repudiable de los últimos tiempos.
Curiosamente, la transparencia y la ética según los portales que cubren las actividades del Poder Judicial, el Ministerio Público y el ex Consejo Nacional de la Magistratura de acuerdo, además, a las normas que rigen y orientan su desenvolvimiento en la realidad parecieran estar en perfecto orden. Sin embargo, basta asomarse a una dependencia cualquiera del Poder Judicial o del Ministerio Público para atestiguar la prepotencia y descaro de no pocos de los encargados de atender al público, gente que solo cede en su falta de respeto a los ciudadanos cuando ven que van al lado de un abogado.
Mi impresión es que de esta falta de respeto al ciudadano, cuyo servicio y satisfacción debería ser el motivo principal por el que se ejerza un cargo en la burocracia, se origina toda la red de corrupción –a lo que debemos añadir el manto de impunidad que cubrió a todos estos “grandes” personajes dadas las investiduras que ostentaron y que creyeron iban a ser eternas–  que se ha conocido en los últimos meses, pese a que durante décadas fue un “secreto a voces”. Entonces, podríamos empezar por hacer vital y de primer orden el reconocimiento al valor y al respeto que se merece cada ciudadano. El problema sería como viabilizar la asimilación de este precepto por los burócratas en tanto sus jefes y quienes representan la conducción de las entidades en las que laboren abierta o subrepticiamente cometen delitos y/o faltas administrativas que ameritarían sus destituciones o aprisionamientos según corresponda a la gravedad de las malas acciones que hayan realizado.
Otra impresión es que de nada vale disponer de normas y planes operativos que tengan como fin reorganizar el modo de actuar de quienes ejercen la función pública en tanto no exista una democracia verdadera y, por tanto, una independencia en toda ley. Es una lástima que apenas a tres años de llegar a la conmemoración del bicentenario de la “Independencia” nuestro país siga siendo esclavo de prácticas corruptas coloniales como las prebendas, el amiguismo y el “diezmo” por cada obra pública concedida o ejecutada. 
Sin embargo, se está tratando de mejorar toda esta situación por parte del Poder Ejecutivo pero inclusive en este poder del Estado se observa que sus representantes han ejercido sus anteriores funciones con cargo a ser investigados por la comisión de ilícitos penales. Al parecer, hasta el mismo Presidente de la República tendría que ver con acciones de esta naturaleza, sobre todo, en relación al caso del aeropuerto de Chinchero que pese a no haberse llevado a cabo arrojaría varias consecuencias negativas sobre la actual administración del presidente Vizcarra, quien pese a todo ha subido hasta más del 60% de aprobación por parte de las masas.
Lo que vemos en este nivel es que la corrupción ha invadido casi todo el aparato público y así lo ha demostrado el escándalo de los “Audios de la Corrupción”. Por ello, de muy poco valen los dispositivos normativos dispuestos en contra de estas conductas nefastas para el bienestar de los ciudadanos y administrados si no hay una reformulación profunda de los epistemes y modos de concebir la realidad de los encargados de la Administración Pública. 
De hecho, en este punto, me pregunto: ¿qué sentirán los analistas, especialistas y demás técnicos de una Unidad Ejecutora cuando saben que el Director Ejecutivo de la misma realiza actos de corrupción y esquilma el presupuesto asignado para realizar fines distintos o impone a sus proveedores o a los que le impongan el ministro del sector o los congresistas de las circunscripciones donde tenga actividades el programa o los programas de esta Unidad Ejecutora? El silencio o el miedo no se diferencian sustancialmente de la complicidad y la alcahuetería en esta circunstancia.
Reformular este tipo de actitud frente a la corrupción será la piedra de toque de cualquier reforma eventual que aspire a ser válidamente trascendental y duradera.
Las propuestas que haría para mejorar la situación estriban en la modificación del modus operandi de buena parte de los burócratas nacionales y hacer que entiendan que todos estos problemas no se resolverán solo desde la implementación de una política pública sino desde una transformación radical de la política y los modos en los que esta se realiza en nuestro país.
Debe entenderse que si en el Sistema Nacional de Justicia, la corrupción se ha empoderado tanto cuando en teoría este conjunto de entidades públicas deberían sancionar a los infractores de la ley, máxime cuando se trate de funcionarios públicos, en el resto de las instituciones que conforman la Administración Pública la gravedad de la misma no es menor.
Las elecciones municipales y regionales del próximo 07 de octubre, en las que participan candidatos muy poco dignos y con numerosas faltas en su haber, nos demuestran que no existe la voluntad, ni política ni ciudadana, de reformar este calamitoso orden de cosas. 
Sin embargo, hay que empezar en alguna parte y para ello hay que impulsar a que los mejores ciudadanos nuestros asuman responsabilidades políticas. Luego, tendríamos que ver como impedimos que la mala praxis que prima dentro del sistema político los corrompa. Es en este punto que habría que trabajar para el futuro. Pero si algo es claro en medio de toda esta maraña y de estas redes de corrupción, tráfico de influencias y complicidad o silencio por parte de los mismos burócratas es que de seguir así no habrá ninguna esperanza para que este país sea más justo y benéfico respecto de la mayoría de sus integrantes y ciudadanos.
Mi conclusión es que sin una reforma política auténtica –no como la que en apariencia quiere conducir el Poder Ejecutivo– de nada valdrán las especulaciones que se quieran plantear desde el ámbito restricto de la Gestión Pública.