Punto de Encuentro

La legalidad y ponderación en la detención a Keiko Fujimori.

La medida de detención preliminar ha sido ya impugnada, y la Sala Superior en corto plazo resolverá sobre la legalidad y ponderación de la medida; al respecto, deseamos dejar una modesta opinión sobre dicho auto:

1.- La detención no se basa en algún delito de corrupción de funcionarios, sino en el tipo penal de lavado de activos bajo crimen organizado (procedimiento de la Ley N° 30077), la cual disminuye el rol garantista común sobre los investigados, aunque indica que siempre se debe respetar la razonabilidad, necesidad, y proporcionalidad (art.7). Para el Juez, se han cumplido los requisitos: i) razones plausibles para considerar la comisión de un delito mayor de cuatro años (no se necesita pruebas o indicios), ii) Cierta posibilidad de fuga (sospecha) u obstaculización en la averiguación de la verdad (certeza), iii) Test de proporcionalidad.

2.- El Juez indica que existen suficientes elementos de convicción (quizá en ello sustenta sus razones plausibles), y estos son: i) Odebrecht y su conducta delictiva aportando dinero ilegal a todas las campañas de líderes políticos; ii) La declaración de Odebrecht ante la justicia de EE.UU. (acuerdo de colaboración) donde indica que ha contribuido con dinero de ganancias ilícitas en la campaña de Fuerza Popular (entre otros partidos); iii) Existe una organización liderada por Keiko Fujimori, perteneciendo ella al primer grupo donde residían los familiares, amigos cercanos y empresas afines; existe un segundo grupo, los cuales aceptaron ser aportantes sin haber acreditado dicha contribución económica (familiares de los primeros); hay un tercer, cuarto y quinto grupo, los últimos son los encargos de efectuar los actos de ocultamiento y/o obstrucción de la investigación, perturbando la averiguación de la verdad; iv) Odebrecht ha reconocido la anotación “aumentar a Keiko a 500”, donde él mismo refiere la entrega adicional de dinero para la campaña (Barata confirma tal aseveración); de igual forma dice haber aportado a Ollanta, Toledo y García a fin de ser favorecido una vez que uno de ello gobierne; v) La ilicitud del dinero entregado a las campañas, se deriva de la Caja 2 de la empresa, donde residían ingresos de comisiones no declaradas o sobrecostos a empresas de servicios (la empresa reconoció 29 millones de sobornos desde el 2005 al 2014 en el Perú); vi) Barata en su declaración indica haber entregado 500 mil directamente a Jorge Yoshiyama, y posteriormente amplió 500 más por orden de Odebecht; a su vez, entregó 200 mil a la CONFIEP para que apoyen la campaña de Keiko; en total se entregó $.1´200,000.00 dólares americanos; vii) En el acta de fundación del partido figuran los implicados y los cargos dirigenciales; viii) Existen comunicaciones telefónicas entre Barata y Yoshiyama (figuran dos llamadas de minuto y medio); ix) Informes contradictorios por la “gran rifa”, entre la tesorera que indica haber recaudado en provincia S/. 21,019.00 y la pericia de la ONPE menciona que fue S/. 1´566,938.60 en dichas localidades (la ONPE estaría dentro de la organización criminal); a su vez, de la rifa solo hubo un premio que fue “ganado” por la esposa del Sub Secretario de Fuerza 2011; x) De la actividad del “coctel” se recaudó S/. 233,128.00, pero no se ha identificado las personas que adquirieron dichas tarjetas; xi) Firmas de personas no identificadas que habrían aportado hasta 39 veces (solo figura la firma) – modalidad conocida como “pitufeo”; xii) Informes de campaña entregados a la ONPE y corregidos hasta en tres oportunidades (diferencias en identificación de aportantes, en montos, etc.) de las cinco entregas efectuadas; xiii) Indicios de ocultamiento de activos ilícitos (ello acreditaría la obstrucción en la averiguación de la verdad), por orden judicial se obtuvo levantar el secreto bancario de la organización Fuerza Popular, y se informó que $.492,248.16 dólares son de ingresos extranjeros, sin identificación conocida o declarada; asimismo de aportantes internos en el banco, no se cuenta con registro total y completo; xiv) A la fecha, existen 25 personas que realizaron depósitos a la cuenta de la organización (sumas mayores a S/.4,000.00), pero ninguna figura como aportante en los informes de campaña; xv) No se ha acreditado o justificado los aportes en especies (locales de campaña, propaganda radial, combustible etc.) realizados por las empresas (más de S/.1´000,000.00); xvi) Existen 50 aportantes que difieren en sumas, fechas y montos (la resolución detalla sobre cada individuo); existió la modalidad del “Pitufeo” por 17 personas, que consistía en ingresar montos pequeños para evadir el registro bancario y el reporte cuando superaban una determinada cuantía (monto S/.1´162,424.49); xvii) 17 Testigos refieren no haber realizado aportes (entre ellos Jorge Luis Becerra Nuñez y Niczer Romero Villalobos por la suma de S/.13,845.00); indican que se uso su nombre indebidamente; xviii) Dos testigos protegidos indican que dirigentes de la organización (entre ellos Yoshiyama) les habrían ofrecido dinero inicialmente para cambiar su versión, y ante su negativa han procedido a amenazarles (aquí se evidencia la obstaculización); ello está corroborado con el levantamiento de las comunicaciones; xix) 16 personas que no evidencian condiciones económicas para aportar (de las cuales 13 dicen desconocer los aportes); a su vez, nueve personas (una familia) aportaron igual cantidad de monto el mismo día (S/.124,605.00); xx) 16 personas ligadas a Yoshiyama y Bedoya (a quien Odebrecht dijo haberles dado el dinero) figuran con aportes similares; xxi) 19 aportantes que figuran en el informe de campaña, se condicen con los baucher de depósito, ya que los 19 estaban firmados por una sola persona en la ciudad de Tarapoto (Ángela: Bautista Zeremelco); xxii) Daniel Mellado Correa efectuó 86 depósitos, pero su firma se condice con la de la RENIEC; xxiii) Delación de colabores eficaces que sindican a dirigentes de la organización (Congresista Rolando Reátegui Flores entre ellos) como las personas que les obligaban a firmar los presuntos aportes; para el Juez esto acredita la obstaculización, ya que desean alterar la verdad y torcer la voluntad; xxiv) Alto grado de probabilidad de actos de conversión y ocultamiento (encubrimiento en la fiscalización electoral); se basa en que la organización no cumplió con el mandato legal de implementar registros individualizados, lo que impidió a la ONPE conocer el origen de los ingresos (S/.2´584,767.78); la organización no ha declarado a la ONPE los gastos de publicidad electoral (S/.2´525.870.59); de esta forma ha incumplido el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de fondos partidarios.                           

3.- El Juez advierte esos 24 elementos de convicción que le ayudan a colegir la existencia de una organización criminal, y los actos de obstrucción al conocimiento de la verdad. Seguidamente, analiza la situación de Keiko: i) figura como dirigente de la organización criminal donde se distribuyen tareas y funciones con la finalidad de cometer delitos graves (lavado de activos proveniente de actos previos de corrupción nacional e internacional – supera los cuatro años exigidos para la detención); ii) Las manifestaciones de Odebrecht y Barata indican que ella conocía de los aportes entregados a sus funcionales, tiene el dominio de la estructura, y sería beneficiada directa por los actos ilegales cometidos; a su vez, habría solicitado a la CONFIEP su intervención para pedir a Odebrecht mayor cantidad de dinero; iii) Como sucede en los delitos de organización, el líder tiene la facilidad de remover al personal y brindar órdenes a sus subordinados, hecho que ha sido acreditado por el cambio de cargos de su personal de confianza; iv) La organización (con conocimiento de la lideresa) ha recurrido a Yoshiyama, Mejía Leca (subordinados inmediatos), y otras personas descritas anteriormente, a fin de que obstaculicen la investigación y oculten los activos ilícitos (usaron rifas, cocteles, cenas; amenazaron a testigos; posible adulteración de firmas; ocultamiento de ingresos bancarios, etc.); v) Keiko lidera una organización de estructura flexible (número reducido de miembros que comparten el control), con cerca de seis roles o grupos, siendo el último el que se encarga de obstruir la investigación u ocultar activos ilícitos; v) Avala los hechos ilícitos en los 24 elementos de prueba mencionados anteriormente; a su vez, refiere que existiría cierta posibilidad de fuga ya que el arraigo no es de calidad, ya que si bien alquila un domicilio, no tiene arraigo laboral conocido; a su vez, tendría facilidades para salir del país por su récor migratorio (cuenta con amistades y parientes); por que la gravedad de la pena le puede hacer fugar del país, vi) Considera que el comportamiento de la investigada de obstruir los avances de la investigación son, no concurre a diligencia del Ministerio Público (presenta dispensas sin justificación documentaria), en la diligencia de allanamiento a la organización hubo obstrucciones a la labor que desempeñaba la Fiscalía; la investigada tiene injerencia en todas las decisiones que adopta la organización. Respecto a Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y los demás miembros, describe los elementos de convicción, y a su vez manifiesta condiciones particulares sobre la obstrucción o el peligro de fuga.

4.- En cuanto al test de proporcionalidad, el Juzgado indica que: la detención es una medida idónea (para alcanzar el fin legítimo del proceso) ya que busca conjurar el peligro de fuga que se evidencia en los investigados (facilidad de huida, gravedad de pena y daño causado), evita la obstaculización de la actividad probatoria y asegura la presencia de los investigados; es necesaria, ya que asegura que no eludirán la justicia y perturbarán las diligencias, a su vez, de una comparación entre medios, indica que la detención es más precisa que el “impedimento de salida del país”, ya que esta última no se aplica en las diligencias preliminares (evita que influyan sobre testigos o sobre el propio sistema de justicia, se utiliza el Informe de los “cuellos blancos”); es proporcional, ya que se afecta el derecho a la libertad con el objeto de asegurar su presencia, en aras de hacer prevalecer el sistema de justicia (persecución penal), encaminado a la averiguación de la verdad, de lo contrario implicaría eludan la acción de la justicia y perturben la actividad probatoria.           

5.- En posición particular, la detención satisface el primer presupuesto (hecho relevadores de un acto delictivo), ya que existen 24 elementos de convicción que contribuyen a determinar la existencia de una organización criminar; en cuanto al segundo requisito (obstaculización o peligro de fuga), cabe indicar que existen cinco elementos descritos que garantizan dicha condición; respecto al test de proporcionalidad, si bien existe una preocupación por fundamentar, hay cierta ductilidad en el mismo que sería el único elemento del cual podría justificarse una modificación.

Master en Derechos Humanos por la Universidad Castilla La Mancha - Toledo – España.

Maestro en Derecho Constitucional por la UNFV. 

Profesor en Derecho Constitucional. 

Ponente en temas de Derechos Fundamentales en diversos eventos académicos.