Punto de Encuentro

Crece la percepción de que la Justicia está politizada y la política judicializada

Varios voceros del régimen y algunos impensados entusiastas, que han decidido explorar los caminos del oportunismo mezclado con la deslealtad y la ingratitud, sostienen que de ninguna manera existe nada parecido al hostigamiento o persecución política en nuestro país. Para ellos el Gobierno y sus aliados son demócratas ejemplares que predican el amor al prójimo y que únicamente los partidos populares de oposición son las solitarias voces que alegan eso como una táctica para salir del paso de situaciones judiciales complicadas. ¿Es esto así? 

Distintos juristas vienen batallando hace algún tiempo ya respecto a que en el Perú se ha liquidado la presunción de inocencia. Hace muy poco el Presidente del Tribunal Constitucional, Blume, ha advertido -como señala además la jurisprudencia reciente de dicho órgano- que la prisión preventiva debe ser solo excepcional y no moneda corriente, como parece ser usada por Concepción y Pérez. 

Hace unos días un grupo de personalidades, entre intelectuales, profesionales del campo jurídico, periodistas y políticos, entre los que podemos contar a Enrique Bernales, Gladys Echaiz, Angel Delgado, Alfonso Baella, Antero Flores Araoz, Hugo Sivina, Ernesto Alvarez Miranda, Fernando Rospigliosi, entre otros firmaron un documento en el que expresan su preocupación por el creciente clima de crispación política y además su compromiso con defensa del estado de derecho y de la democracia. Si ésta última no se viera bajo amenaza, no tendría el menor sentido promover un comunicado de esta naturaleza. Es decir que al menos para los firmantes algo no marcha bien. 

En menos de 72 horas y desde tres medios de comunicación impresos distintos Mariella Balbi, Hugo Neira, Aldo Mariátegui y Hugo Guerra advierten diferentes situaciones anómalas, incluso usando conceptos muy duros como "el umbral de la dictadura" o "fascismo judicial", además de referencias al concepto de "barbarie". Giros conceptuales sin duda para no tomárselos a la ligera. 

En esa línea la junta de colegios de abogado del Perú manifiesta su preocupación ante la aberración judicial perpetrada en contra del estudio legal de Arsenio Oré, que fue allanado, violando así la reserva profesional y sembrando inmensas dudas sobre la posibilidad del ejercicio pleno del derecho de defensa en el Perú. Previamente el CAL también a través de su decana Portocarrero también emitió una opinión en ese sentido. 

En las últimas horas un grupo de ex parlamentarios además se pronuncia en contra de la posibilidad de que se judicialice los votos de los congresistas, ya que, alegan, éstos no están sometidos a mandato imperativo y hacer lo mencionado vulneraría de manera grave el equilibrio de poderes. 

Los indicios apuntan entonces a dos cuestiones, la primera es que esto no es asunto únicamente de Alan García y de los apristas, sino que empieza a generar mucha inquietud en diversos analistas e incluso colectividades. Y en segundo lugar que lo que vivimos no representa pues sólo "falencias institucionales" del sistema de justicia como señala el abogado Nakasaki; sino que nos encontramos posiblemente en la antesala de la un autoritarismo o cuando menos de una democracia plebiscitaria que deforme el orden constitucional. 

Toca entonces sumar esfuerzos de diferentes sectores democráticos para organizar la posible resistencia frente a la tentación hegemónica del accesitario Presidente y de su cómplice Premier.

Enrique Valderrama