Punto de Encuentro

Referéndum, análisis de la tercera y cuarta pregunta.

La tercera pregunta, sobre la prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios, nos hace hincapié en las incógnitas: por qué la eliminación total y no una sola o dos relecciones, por qué no intentar la renovación por tercios o mitades cada dos años, por qué modificar la Constitución si solo el veinte por ciento se reelige, por qué proponer a nuevos sin experiencia. Ante lo expuesto, cabe decir que el problema matriz es único, la propuesta actual no funciona, no es operativa ni dinámica, no es legítima en popularidad ni en calidad normativa; por tanto, sí necesitamos un cambio, y es bueno el debate respecto a las alternativas.

Una democracia pluralista necesita de los partidos y hasta ahora no se conoce ningún modelo que pueda prescindir de ellos (P. Fischer); el reto radica en que estos deberían proponer líderes o cuadros que nutran de representación de calidad al Parlamento; en que sean formales en cuanto a sus finanzas, a su organización; en que integren intereses sociales y no los articulen para fines individuales; en que tengan democracia interna, y no extingan la rotación en los cargos. Recién ahí podríamos decir que no se necesitan cambios, recién ahí podríamos desacreditar una alternativa modificatoria; caso contrario, la crítica sería tan grave como el vicio.

La no reelección, quizá no sea la mejor alternativa de las que hemos descrito, pero al menos es la que tenemos ante la crisis del parlamento, es la única que por décadas aparece, ya que el mismo parlamento nunca fue (ni será) capaz de desmenuzar su necesidad de cambio. Por un caso de urgencia, y de coherencia ante la realidad, tengo que votar por el sí; aunque esta reforma debe venir con los cambios legales que hagan posible la formalización de los partidos, su democracia interna, su sinceramiento económico y sus sanciones penales.

En cuanto a la cuarta pregunta, se modificarían 59 de los 206 artículos de la Constitución, esto aumenta la justificación de convocar una constituyente (hay cambios en casi todos los capítulos). El proyecto del Legislativo sometido a referéndum sí ha variado la iniciativa del presidente Vizcarra: El ejecutivo propuso un número total de 130 representantes (entre senadores y diputados); se indicaba que todos ellos deben declarar sus intereses y patrimonios de manera pública; a su vez, se requería la misma cantidad de aspirantes a la representación entre hombres y mujeres; en igual sentido, la “cuestión de confianza” debería ser a iniciativa ministerial, y daba la facultad de un posible cierre de la cámara de diputados si se niega el respaldo en dos oportunidades al gabinete. Pero, dichas propuestas fueron modificadas por el Parlamento, el Congreso propuso 180 miembros en total (130 diputados y 50 senadores); se anuló el que el patrimonio de ambos sea declarado públicamente; eliminaron el que exista una equidad de aspirantes entre hombres y mujeres; en cuanto a la cuestión de confianza, solo se daría bajo acuerdo de gabinete, y solo se podría cerrar el Congreso cuando se niegue el respaldo al gabinete completo en la investidura en dos ocasiones. Estos hechos no solo advierten una brusca alteración, sino que la eliminación de la publicidad de ingresos y el inconstitucional acuerdo sobre la cuestión de confianza, llevan a que dicha cuarta pregunta tenga que ser discutida más a profundidad, siendo por el momento nuestra posición por el no.

El extremo de la cuarta pregunta referida a la “cuestión de confianza” es inconstitucional; ello se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional N° 0006-2018-PI/TC (06/11/2018) denominada “Caso cuestión de confianza y crisis total del gabinete”; en dicho fallo se menciona que, el limitar las facultades al Ejecutivo, el acrecentar el poder del Congreso, y el desvirtuar el equilibrio de poderes, conlleva a la contradicción de nuestro régimen presidencialista, como también violenta el núcleo duro de la Constitución (sistema político). El quitar la facultad de “cuestión de confianza”, o el banalizar su aplicación, afecta el balance, y cooperación de convivencia democrática; por tanto, lo más sensato con el pronunciamiento sería el negar la propuesta y exigir una discusión con más profundidad sobre la bicameralidad, que es necesaria. 

Master en Derechos Humanos por la Universidad Castilla La Mancha - Toledo – España.

Maestro en Derecho Constitucional por la UNFV. 

Profesor en Derecho Constitucional. 

Ponente en temas de Derechos Fundamentales en diversos eventos académicos.