Punto de Encuentro

Responsabilidad de la Contraloría en los actos de corrupción

Por Roberto Rendón Vásquez

Con estruendos en primeras páginas y noticieros radiales y televisivos se informó que los fiscales Rafael Vega y José Pérez han suscrito en el Brasil con ODEBECHT un voluminoso “convenio de colaboración eficaz”. Ahora suponen que estarán en condiciones de probar los actos de corrupción de presidentes de la República, ministros de estado, altos funcionarios hasta de gobiernos locales.

La corrupción no es nueva en el Perú, pero siempre se ha silenciado. En el caso de ODEBECHT se ha levantado la polvareda sólo después que escándalo exploto en Brasil. De eso hace varios años. Sin embargo, los congresistas ni los fiscales actuaron antes. ¿Por qué? ¿Eran ciegos, sordos o mudos?

El artículo 7° de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (N°27785 de 23/07/2002) les establece efectuar acciones de cautela previa, simultanea y de verificación posterior. ¿Dónde ha estado la Contraloría General de la República desde antes que comience esa corrupción? ¿También eran ciegos, sordos o mudos? Lo que está puesto en evidencia es que el órgano Contralor no ha actuado, ni antes que se realicen los actos corruptos ni cuando se “efectuaban”. De haber cumplido su obligación, deber legal y moral hubiera descubierto desde cuando se proyectaban “los sobre precios” de las obras para “pagar” a los corruptos de todos los niveles en el país. ¿Dónde estaban sus auditores y peritos ingenieros especialistas en la valorización de obras de construcción? Tampoco nuestros fiscales cumplieron oportunamente con su deber fiscalizador. Han actuado cuando el hecho reventó en Brasil y consideran que recién con el convenio que han suscrito podrán probar los hechos.

Tampoco ahora los congresistas ni los fiscales se refieren a la acción u omisión en que ha incurrido la Contraloría General de la República y obviamente del Contralor y sus auditores por no haber actuado desde que se hacían los proyectos “y las valorizaciones” de las obras. Hubieran actuado con las facultades legales que ejercen.

Todo ello significa que la corrupción no esta solamente en las personas cuyos nombres se publican, sino en más y hasta en instituciones como la Contraloría y el propio Ministerio Publico.

Se comete delito por acción u omisión incurriendo en actos tipificados como tal en el Código Penal. Entonces también debe incluirse en la “actual” investigación a quienes con su omisión y/o su silencio han permitido que se materialicen los actos de corrupción que ahora todos exigen se castigue