Punto de Encuentro

Gestión de conflictos sociales

Por: Period. Wilberth Vilca Laura (*)

Los conflictos sociales ponen en jaque la gobernabilidad regional y nacional de nuestro país, ¿qué hacen nuestras autoridades al respecto?, es la gran interrogante y al parecer no existen políticas preventivas y menos aún intergubernamentales e intersectoriales. El pasado 12 y 13 de febrero las juntas de usuarios de agua realizaron un “paro agrario” bloqueando las carreteras y cometiendo excesos con sus piquetes huelguistas, su demanda principal era “combatir la privatización del agua”, ante esta paralización anunciada no se pudo convocar a una mesa diálogo y dejar sin efecto dicha paralización? Tuvo que acontecer la paralización con sus consecuencias sociales y económicas, y al decir del gobierno central no existe tal privatización, ello nos demuestra que carecemos de una gestión de conflictos a nivel regional. La Secretaría de Gestión Social y Dialogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, ha publicado su revista Willaqniki “Reporte Mensual de Enero 2019”, dicha secretaría es “la autoridad técnico-normativa en materia de prevención, gestión y solución de los conflictos sociales a nivel nacional”, con el objetivo de “contribuir a la gobernabilidad democrática y al desarrollo territorial, así como a la consolidación de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos”, hasta ahí la declaración de buenas intenciones, que al parecer no practican. Dicho reporte considera que el conflicto social “es un proceso social en el que dos o más actores perciben que sus intereses se contraponen, y adoptan acciones que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o al orden público”; al 31 de enero de 2019, identificaron 194 casos de conflicto social a nivel nacional, de los cuales 63 casos (33%) se encuentran en estado de pre-conflicto, es decir situaciones de tensión social que evidencian malestar  o desacuerdo entre dos o más actores sociales expresada a través de mecanismos formales e institucionales, estos deben ser atendidos de inmediato para evitar su escalamiento. En tanto 28 casos (14%) se encuentran en etapa de conflicto, en cuyo caso se evidencian acciones públicas en actos de protesta por desacuerdos entre dos o más actores sociales y agotaron mecanismos formales de canalización de demandas, en este momento se requiere conciliación o mediación para restaurar el orden social. Y 103 casos (53%) se encuentran en etapa de post-conflicto, etapa en que se restituyen las condiciones pérdidas o afectadas y el orden jurídico es restaurado, en esta etapa existen acuerdos y compromisos de las partes demandantes que logran restaurar el orden. Se destaca un caso en crisis, referido al día 15 de enero de 2019, la comunidad nativa Chapis, en el distrito de Manseriche, provincia del Marañón, región Loreto, quienes como parte de sus medidas de protesta sobre el derrame de hidrocarburos  del Oleoducto Nor Peruano retuvo a 24 funcionarios públicos que habían ingresado a la zona a establecer un diálogo con los comuneros nativos, tuvo que viajar el titular de la PCM para reestablecer el diálogo. Dichos conflictos geográficamente se distribuyen en 169 regionales, 9 multiterritoriales y 16 nacionales; en el sur tenemos el siguiente número de conflictos: Cusco con 14 casos, Apurímac 14 casos, Puno 13 casos, Ayacucho 10 casos, Arequipa 8 casos, Tacna 4 casos, Madre de Dios 3 casos y Moquegua 3 casos. Por tanto la gestión de conflictos debe ser prioridad a nivel regional, en el Gobierno Regional del Cusco estamos en la etapa inicial de implementación de la “Oficina de Articulación Intergubernamental y Paz Social” y se viene ejecutando el proyecto de inversión pública denominado “Mejoramiento de las Capacidades en la Gestión, Administración, Resolución, Transformación y Prevención de los Conflictos Sociales en el Departamento del Cusco”; a nivel regional tenemos las provincias de Espinar, Chumbivilcas y La Convención como los sectores con mayor potencialidad de conflictos, debido a las actividades extractivas como las mineras y gasíferas, por tanto consideramos que existe ineficacia por parte de los funcionarios del gobierno regional acciopopulista, pues a dicho proyecto se le ha asignado el cuantioso presupuesto de S/ 1’439, 938.00 de los cuales se ha certificado la irrisoria suma de S/ 346.00, será quizás porque desconocen la existencia de dicho proyecto, o en su caso aún no se ha designado a los funcionarios respectivos, como el residente e inspector del proyecto??.  La situación de conflictos sociales en latencia a nivel regional es alto, y es inconcebible que disponiendo de un proyecto específico, este no sea ejecutado en el gobierno regional. En suma, exigimos que tanto el gobierno central, como el gobierno regional sean eficientes en las políticas públicas de prevención de conflictos sociales, la gobernabilidad de nuestro país lo exige.

 

(*) Email: ideasayni@gmail.com

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