Punto de Encuentro

LAS COSAS CAEN POR SU PROPIO PESO

Dicen que las cosas caen por su propio peso... Y tal vez esa frase sea la que mejor se aplica a lo que viene pasando con el proceder de los “súper mediáticos” fiscales Pérez y Vela y su equipo de trabajo, conforme nos vamos enterando de su estrategia para enfrentar el caso “Odebrecht” en el Perú, así como del contenido del Acuerdo de Colaboración suscrito con dicha empresa que tanta expectativa generó en su momento. Lo curioso del caso es que –para variar- se repite lo que parece ser un tema recurrente en el Perú: la polarización y los extremismos impiden analizar objetivamente las cosas y, más allá de las pasiones e intereses propios y naturales de cada quien, no se posible prever los perjuicios que las visiones sesgadas y antagónicas, pueden terminar causando al Estado en general.

Nadie duda –como premisa inicial- que la intención de los aludidos fiscales fue buscar garantizar un proceso judicial adecuado y capaz de cautelar de manera razonable los intereses del país; pero lo cierto es que se les advirtió desde un inicio que el apresuramiento y secretismo podrían exponer al Estado a un mal acuerdo que, no solo, no contempló todos los casos de corrupción cometidos por dicha empresa, sino que –además- no protegió al Perú de los reclamos que la empresa brasilera viene realizando en instancias internacionales. En dicho contexto, el comportamiento fiscal y la reserva exagerada del Acuerdo aludido nos parecieron preocupantes por evidenciar una clara exención de control, tanto político como académico y ciudadano de la negociación en sí, en la medida que la razonabilidad jurisdiccional y las buenas intenciones de los operadores judiciales, propios de una perspectiva jurídica, nunca han sido suficientes para proteger debidamente los intereses comprometidos de la Nación, al estar sujetos a formalidades y argumentos no siempre convenientes ni oportunos; lo cual exigía –a nuestro modo de ver las cosas- una mayor participación en la negociación y discusión sobre el contenido, la oportunidad y los alcances del mismo.

Contra esta posición, se argumentó el involucramiento de algunos líderes y partidos políticos en varios casos objeto de investigación, y se aplicó una interpretación antojadizamente “legal” –poco constitucional, por cierto- de las normas procesales aplicables a la negociación del aludido Acuerdo, todo lo cual olvida que en todo Estado Constitucional de Derecho “nada” ni “nadie” pueden quedar exentos o al margen del escrutinio público y técnico-especializado, más aún cuando los “cuellos blancos del puerto” han demostrado, una vez más, que siempre es posible que existan jueces incompetentes o corruptos. Lo afirmado está lejos de pretender desdeñar el rol de la judicatura, procurando más bien destacar que, si lo que se pretende es analizar con seriedad tan grave problema público como la corrupción, lo mínimo a pedir es que se haga en forma integral y con un sentido de realismo y objetividad, lo cual pasa necesariamente por asumir las reales limitaciones y problemas que aquejan a los operadores llamados a enfrentarlo y evitar la recurrente pregunta ¿quién controla al controlador?

Por ello, nos parece que la información revelada por un grupo de periodistas extranjeros sobre la omisión y el ocultamiento de información por parte de la constructora brasilera al momento de suscribir el Acuerdo aludido –lo cual pone en evidencia su intención de beneficiarse y protegerse, más que de colaborar con la justicia peruana-; bien puede ser el punto de inicio para optimizar el control de los actores jurídicos involucrados en el caso “Odebrecht”, para lo cual es indispensable –según se viene exigiendo por estos días- la publicidad y transparencia de las negociaciones que llevan a cabo, así como la difusión de los Acuerdos de Colaboración a los que arriben.

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