Punto de Encuentro

Reformitis aguda

Desde que el señor Martín Vizcarra asumió la Presidencia de la República en marzo de 2018, parecería que los peruanos hemos sido bendecidos con la presencia de un iluminado que nos ha permitido adquirir profunda conciencia sobre nuestra pésima realidad política, que, además, nos ha convencido de que la solución a dicha problemática, será –como por arte de magia- la panacea de los principales problemas que enfrentamos ad portas de nuestro bicentenario.

Sin embargo, sin dejar de reconocer que nuestro sistema político presenta serios problemas de diseño que han generado muchas crisis políticas; creemos que la perspectiva propuesta por el señor Vizcarra –a pesar del aplauso de sus corifeos- tiene dos serios errores en su concepción y planteamiento: no ataca las verdaderas causas que hacen disfuncional al modelo y, además, pretende utilizar el tema con una clara intencionalidad política que hace del debate algo absolutamente sesgado, poco técnico, pero sobretodo confrontacional.

El señor Vizcarra debería saber, como buen ingeniero, que toda obra –desde una casa y hasta el edificio más alto- tiene una parte estructural e interna que sirve de basamento y sobre la que reposa toda la construcción (cimientos), y otra, fundamentalmente externa, que le imprime buena apariencia para hacerla atractiva a los ojos de sus destinatarios (decoración).

En nuestra opinión, planteamientos como la paridad en las listas congresales, eliminación de la inmunidad parlamentaria, promoción de democracia interna de los partidos a través de elecciones internas abiertas, entre los más destacados, aunque suenan bien, son una simple “decoración” del sistema político y constitucional peruano, que –a modo de “remodelación”- busca dotarlo de una mejor “apariencia” y “vistosidad”, pero sin abordar en absoluto los problemas estructurales que presenta en su diseño y lo convierten, como desde hace años vienen sosteniendo los entendidos, en un modelo absolutamente disfuncional que, lejos de promover y consolidar la democracia, termina petardeándola por las serias tensiones que genera. Y es que, todo sistema político se articula con el propósito de racionalizar la lucha por el poder a partir de una relación simétrica o equilibrada entre los más importantes actores, para así permitir que la tantas veces aludida separación de poderes no quede sólo en un principio declarativo, sino que se convierta en la base de una dinámica política de permanente diálogo y deliberación.

Así las cosas, ¿es posible que un sistema político logre la finalidad aludida si una figura –el Presidente de la República (en adelante “PdlR”)- es el actor más importante del modelo, pero no tiene ningún tipo de control real y efectivo a su poder? Acaso ¿no es incoherente criticar la “inmunidad parlamentaria” –que, por cierto, luego del procedimiento respectivo, puede terminar con el desafuero del congresista para su juzgamiento y eventual sanción- cuando se detenta una inmunidad absoluta en virtud del Art. 117 de la Constitución que prácticamente convierte en “intocable” al PdlR hasta que culmine su mandato? Si de promover el control se trata ¿no se debería también eliminar eso? ¿Realmente se puede sostener que queremos un sistema político participativo y controlable, cuando el PdlR no responde ante nadie, pero, en cambio, para cuestionar las medidas gubernativas que decide implementar, son los Ministros quienes dan la cara por él y asumen la responsabilidad ante el Congreso?

Lo señalado es una pequeña muestra del desequilibrio de la balanza política peruana, donde tenemos a un PdlR –detentador de las más importantes competencias y atribuciones- que no se encuentra debidamente controlado, dando origen a una relación de clara preponderancia frente al Legislativo, el Judicial y los demás órganos constitucionales modernos que, por el contrario, deberían servirle de contrapeso.

Si a lo señalado le añadimos el corto tiempo para debatir estos temas, así como todo el aparato mediático que se ha sumado a la causa de la “reforma política” sin siquiera entenderla; nos parece que la reformitis tan de moda por estos días habrá de generar frustración cuando, pasado algún tiempo, no se logren obtener los resultados deseados, tal y como, por ejemplo, ha sucedido en el caso de la olvidada “reforma” del sistema de selección de jueces y el reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por la Junta Nacional de Justicia (JNJ); órgano constitucional autónomo que ni siquiera tiene un miembro a poco más de seis meses de su creación.