Punto de Encuentro

Mensaje a la nación: sorpresa, pesar y desconcierto

ÁNGEL DELGADO SILVA

El reciente mensaje al país del jefe de Estado constituye el punto más alto, dramático y conflictivo de la crisis presente. Por cierto, provoca sorpresas, dudas y reacciones encontradas. Pero objetivamente nadie más contrariado que el tropel de temerarios promotores de las llamadas “reformas políticas”. Esos mismos que –conjuntamente con el tinglado autoritario (policía política, fiscales atrabiliarios, chuponeadores y presa servil)– desde las sombras y con sigilo, conspiraron contra la República.

Todos ellos querían que Vizcarra presentara otra “cuestión de confianza” concentrada en la inmunidad parlamentaria. Era vox populi y jamás ocultaron sus torvos propósitos: Disolver al Congreso de la República, sin importarles violentar las normas constitucionales, como primer paso para instaurar un régimen autocrático, contrario a la separación y equilibrios de poderes.

¡Pero sufrieron un gran chasco!. En lugar de ello, el Presidente optó por presentar un proyecto de reforma constitucional para recortar su propio mandato, así como el de los actuales congresistas. De esta manera, el próximo 28 de julio se instalarían Gobierno y Parlamento nuevos. Para lo cual será necesario poner en marcha un cronograma electoral que permitiera realizar elecciones generales durante los primeros meses del año que viene.  

¡Seamos claros!. Políticamente esta decisión marca el agotamiento de la estrategia perversa de someter al Congreso –o peor, cerrarlo– mediante amenazas disfrazadas de seudo “cuestiones de confianza”, las cuales no están contempladas en la Constitución y, más aún, se encuentran reñidas con su espíritu. Éste, sin duda, ha sido un triunfo democrático de las fuerzas republicanas que –desde dentro y fuera del Congreso– rechazaron la maniobra y desenmascararon su esencia totalitaria.  

Pero el mensaje revela otra cosa, también incontestable: La incompetencia ostensible de la administración Vizcarra en casi todos los campos de la acción gubernamental: reconstrucción del Norte, reactivación de la economía, inversiones mineras y agrícolas, salud, educación, atención a las demandas de la población, conflictos sociales, etc, etc, etc.

El pasmoso discurso, una fatigosa letanía de promesas hueras, arrancaba no aplausos, ¡qué va!, sino bostezos por doquier. Pero, sobre todo, expresaba el testimonio de un fracaso manifiesto La confesión de parte de su incapacidad como gobernante y la inutilidad absoluta de sus gabinetes ministeriales. A punto que Vizcarra no pudo mencionar en el texto, alguna obra para recordar.

Ciertamente se requiere el voto mayoritario del Congreso y un acuerdo político que haga viable la propuesta oficialista. De otra manera el Gobierno no podrá adelantar las elecciones, incluso queriendo recurrir a un referéndum, pues carece de dicha competencia constitucional. ¡Así de claro!.

Y volver una vez más a la “cuestión de confianza” sería un refrito majadero el cual ya ha sido derrotado. La población está harta y cansada de la utilización de “reformas”,  puesto que las percibe como excusas para no gobernar en beneficio del país.

¿QUÉ HACER?

Apelar a la ciudadanía para que con su voto dirima los entrampamientos en las cumbres del poder, es en sí una salida que responde al estándar democrático. Ha sucedido en otros países para emerger de un crisis política grave. Ciertamente habrá costos para la economía, riesgos debido a los extremismos agazapados y peligros por irregularidades probables en los preceptos electorales. Pero a eso nos ha llevado la angurria de quienes, abandonando la democracia y el constitucionalismo, recurrieron al chantaje y a las imposiciones verticales para imponer sus puntos de vista.  Ellos serán los responsables de habernos conducido a una situación límite. ¡Y así los juzgará la historia!

Las fuerzas republicanas no debemos temer a los retos democráticos, menos aún a la población. Tenemos que estar preparados para asumir el desafío de confrontar nuestras ideas con los radicalismos del “pensamiento único”. Estamos confiados en nuestra superioridad ética y política. Y con seguridad batiremos dichos planteamientos que, desde ángulos distintos, apuntan a destruir los fundamentos de la República. No permitiremos que secuestren al Perú, socaven las bases de nuestra coexistencia social ni perviertan sus mejores tradiciones.

Sin embargo, le corresponderá al Congreso de la República –debidamente reconstituido luego de alcanzar una directiva multipartidaria y una conducción política que simultáneamente defienda los fueros parlamentarios y se reconecte con la ciudadanía representada– dar los pasos tácticos más convenientes. Sin apresuramientos, con prudencia y seguridad evaluará las distintas salidas que ofrece la coyuntura, incluyendo el adelanto de elecciones. Esta nueva actitud deberá romper con el aislamiento y subordinación del Congreso, que la traición acarreó durante el año transcurrido; uno de los períodos más oscuros de la historia republicana.

Sólo así la representación nacional contribuirá al restablecimiento pleno del Estado Constitucional de Derecho. Particularmente aquel equilibrio de poderes que comprende la imprescindible autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público. Porque ellos se erigen como sus pilares fundamentales.   

Lima, 29 de julio del 2019

 

 

 

 

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