Punto de Encuentro

Acortamiento… ¿de mandatos o de distancias?

Desde que el Presidente de la República planteara el adelanto de Elecciones Generales para el año 2020, diversos especialistas se han venido preguntando si la propuesta de acortar los mandatos presidencial y congresal se encuentra (o no) acorde a la Constitución de 1993.

Más allá de las posturas a favor o en contra, lo cierto es que el mandato pro tempore contemplado en nuestro Texto Fundamental  para los más importantes cargos políticos del país es de cinco (05) años y el actual se cumple en julio de 2021, con lo cual –para ser efectiva- la aludida propuesta debe ser viabilizada mediante una reforma constitucional que toca discutir y aprobar al Congreso de la República, titular clásico del poder constituyente modificador en casi todos los sistemas constitucionales, sin que ello sea puesto en cuestionamiento alguno dependiendo del color de sus mayorías.

Sin ocultar nuestra posición a favor de que un Texto Constitucional siempre es susceptible de actualización, pensamos que –atendiendo a la estrecha vinculación entre el Derecho Constitucional y los fenómenos políticos que aquél encausa- toda modificación de la Constitución generada por situaciones de alteración o crisis políticas debe encontrarse plenamente justificada en virtud de situaciones reales de entrampamiento o deslegitimación grave que, precisamente, ameriten –como ultima ratio- la necesidad de cambiar las reglas del poder y optar porque los más importantes actores políticos dejen sus cargos para dar paso a una solución cuya presencia, en lugar de favorecer, dificulta.

En ese sentido, muchos han recordado que esta salida ya fue utilizada en el año 2000 cuando, desde el resultado de las elecciones generales de ese año –con la llamada “re-reelección”-, se gestó en el país un clima de ingobernabilidad real y contrastable, que se agudizó luego con el famoso video “Kouri-Montesinos”, donde el país vio indignado cómo la voluntad popular elegida en el Congreso se torcía con una negociación monetaria cuyo objetivo era darle al partido de gobierno la mayoría que no había logrado obtener en las ánforas; todo lo cual derivó en la renuncia por “fax” del señor Fujimori en noviembre de ese año.

¿Es posible comparar ambas situaciones políticas, aquella y la actual?

Para quienes vivimos –no nos contaron- el período del señor Fujimori y su salida abrupta del poder, recordamos que el adelanto de elecciones fue una alternativa que a nadie se le ocurrió cuestionar debido a la grave crisis política que afrontaba el país en ese entonces, contexto en el cual dicha propuesta de acortamiento de mandatos fue el corolario –y es bueno recordarlo- de un largo proceso de negociación entre el gobierno y diversos actores políticos como parte de una Mesa de Diálogo auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que se materializó en la reforma constitucional que aprobó el Congreso de entonces. Es decir, la existencia y magnitud de la crisis de entonces fue tal, que alcanzó una dimensión internacional, llegando a ameritar la intervención de la OEA.

Sinceramente pensamos que la situación actual del Perú de Vizcarra no es tan grave como la ocurrida en el año 2000 y, por el contrario, nos parece más una crisis “creada” que “real”, como parte de una estrategia que –según lo sostenido recientemente por el ex Presidente Humala Tasso en un canal de televisión- muchos aconsejaron desde el inicio del mandato del Presidente Kuczynski ante la abrumadora mayoría opositora y el temor al obstruccionismo que pudiera crear una vez en el poder.

Lo sostenido de ninguna manera pretende santificar los terribles errores cometidos en estos más de tres (03) años de funcionamiento de un Congreso no siempre razonable en su accionar ni tampoco prudente en las causas que eligió defender.

Sin embargo, esa nefasta falencia del Parlamento no es óbice para advertir una preocupante falta de capacidad de negociación que ha tenido el actual Presidente, quien en lugar de optar por una comunicación propositiva, acompañada de una ajedrecística estrategia política que apueste por “acorralar” o “jaquear” al rival ante la opinión pública –pero sin desestabilizar el sistema en su conjunto-, prefirió una suerte de “demolición” basada en el acentuamiento de defectos, errores y desprestigio que –como en la mejor época del fujimorismo cuando “enfrentó” a los partidos “tradicionales”- prácticamente ha aniquilado al rival político, con el claro riesgo de traerse abajo al sistema político en su totalidad, afectando con ello la estabilidad jurídica, el crecimiento económico y, en definitiva, la paz social que necesita todo país y su ciudadanía para apostar por el desarrollo.

Por eso, nos parece muy pertinente e interesante la actitud del flamante Presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien, en medio de tanto ataque y diatriba, pero sobre todo pisoteo de la institucionalidad y las formas, ha planteado una agenda trabajo conjunta entre Legislativo y Ejecutivo, apostando por apoyar al Presidente de la República en aquello que debe ser su principal quehacer: gobernar… Y es que, más allá de los improntus y afanes reformistas, lo que debe preocupar a un Presidente –en tanto Jefe del Ejecutivo y del Estado- es dirigir a su Nación, y para ello es indispensable que se entienda y quede claro que la política es, precisamente, “el arte de la negociación” entre actores con ideas y programas distintos. Damos por sentado que la propuesta del titular del Legislativo trae implícito el compromiso de esforzarse por dirigir un Congreso que no vuelva a cometer los errores que han llevado a su deslegitimación en tan corto tiempo.

Nos parece claro, entonces, que si el Presidente de la República apostó por superar el letargo de la clase política, optando por la confrontación y, ahora último, por el acortamiento de “mandatos” –incluido el suyo-, el planteamiento de Olaechea –más bien- insiste en el diálogo y el acortamiento de “distancias” entre actores que, sin dejar de defender sus ideas diferentes, están llamados –por el bien del país- a sentarse a conversar y dialogar, para buscar enfrentar los reales problemas del país que son el desempleo, la inseguridad ciudadana, la informalidad, y un largo etcétera que sigue agudizándose mientras las turbas mayoritarias insisten en buscar culpables, cuando de lo que se trata es de procurar soluciones, sin perjuicios de las responsabilidades individuales que quepan.

Ojalá haya una pronta sinergia entre ambos actores, por el bien del país.