Punto de Encuentro

El concepto de Interés Público, para los efectos de la Nulidad de Oficio de los Actos Administrativos

Dentro de los parámetros jurídicos fijados en la Ley del Procedimiento Administrado General – Ley N° 27444, la que hoy tenemos como Texto Único Ordenado (TUO) aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se encuentra la potestad que tiene la administración pública para declarar la nulidad, de oficio, los actos administrativos emitidos.

Al respecto, el TUO establece las posibles causales de nulidad en los cuales puedan verse afectados los actos administrativos emitidos por la autoridad competente; siendo así, el numeral 213.1 del artículo 213° del referido Texto Único Ordenado, señala que “…en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales…”.

En tal sentido, la definición o el llegar a una conclusión certera de a lo que “derechos fundamentales” se refiere, no causa mayor problema de interpretación pero, no ocurre lo mismo cuando se trata de un concepto firme o consensuado de “interés público” pues, aparentemente, no se encuentra una definición concreta sobre aquel concepto.

Al respecto, por ejemplo, a nivel Jurisprudencial, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia Nº 0090-2004-AA/TC, en lo que respecta a su fundamento 10, precisa lo siguiente: “el concepto jurídico indeterminado de contenido y extensión: el interés público”; el concepto de interés público, es un concepto indeterminado; sin embargo, tiene que ver con todo aquello que beneficia a la comunidad en general. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la organización administrativa; por otro lado, señala que “el interés público, como concepto indeterminado, se construye sobre la base de la motivación de las decisiones, como requisito sine qua non de la potestad discrecional de la Administración, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad.”

Por lo tanto, tal y como se desprende de una lectura atenta del precitado párrafo e inclusive del totalidad de la sentencia, aun el Tribunal Constitucional no ha tenido la voluntad de fijar algún concepto concreto que nos acerque a una definición de “interés público”; es por ello que resulta ser, hoy por hoy, concepto meramente doctrinario que, inclusive, dentro de los distintos autores, tampoco existe un concepto homogéneo del mismo, por lo que podemos encontrar cierta coincidencia dentro de la doctrina y dentro de alguna legislación comparada así como de algunos conceptos nacionales a nivel doctrinario.

Siendo así, a manera de ejemplo, dentro de la legislación española, no se exige el agravio al interés público como requisito indispensable para resolver la nulidad de oficio de un acto administrativo, ya que al haberse acreditado las causales de nulidad, se evidencia en sí mismas esa condición de agravio. Por lo que, ¿un acto contrario a la juridicidad puede no ser agraviante del ordenamiento jurídico y, por ende, del interés público? A lo que se estaría refiriendo, es que la nulidad de oficio de un acto administrativo, resulta ser de pleno derecho una situación suficiente, ya que al acreditar que las causales de la misma resultan ser graves, puesto que son insalvables, por lo que éstas, en sí mismas, evidencian el agravio al interés público. 

En consecuencia, la entidad revisora de sus actos, al momento de canalizar los procedimientos administrativos a su cargo, debe garantizar el absoluto cumplimiento de todas y cada una de las normas y reglas del procedimiento administrativo preestablecido, en la medida que el cumplimiento de éstas importa y va de la mano con el interés público.

En sentido contrario, sí la autoridad encargada de la instrucción de los distintos procedimientos administrativos, propios de sus competencias y atribuciones, emite actos administrativos que desconocen o vulneran las normas del procedimiento establecidas, tiene como consecuencia el que se genere una situación irregular, puesto que, éste acto, está reñido con el Principio de Legalidad, y que por ende, agravia directamente al interés público, requisito indispensable para la declaración de nulidad del mismo.

A manera de concepto, el profesor Ramón Huapaya Tapia, en su Tratado del Proceso Contencioso Administrativo, señala que “…en tal sentido, se considera que la eventual emisión de actos administrativos ilegales, ya sea por contravención de disposiciones de fondo o forma, indudablemente compromete el interés público…”.

Por otro lado, y en esa misma línea de entendimiento, el profesor Jorge Correa Fontecilla, redacta para la Revista Española de Control Externo “Algunas consideraciones sobre el interés público en la Política y el Derecho”, afirmando que “…en síntesis, el interés público será aquella materia que se resuelve en decisión política gubernamental –nacional, regional o municipal– y también en el ámbito legislativo y jurisdiccional, que satisface al máximo los intereses de la comunidad involucrada, que se concibe y ejecuta mediante procedimientos jurídicos preestablecidos…”.

Es por ello que no resulta admisible para la declaración de nulidad de oficio, que el acto administrativo que sustenta la misma, motive o mencione de manera vaga o sencilla “que tal acto agravia el interés público y las normas reglamentarias”, sin justificar o motivar el porqué de ello, sin detallar en el mismo cada uno de los argumentos por los cuales la administración considera que se ha violado la Constitución, la ley o alguna norma reglamentaria; es decir, no se trata de hacer una mención vaga y simplista, sino de precisiones que identifican los agravios pues, de considerar que no es así, entonces le corresponde al funcionario competente, por virtud de justicia y en respeto a la tutela jurisdiccional, motivar el porqué no lo serían.