Punto de Encuentro

¿“Repartija”?... cuando todo depende de los gustos

Pedro A. Hernández Chávez

De conformidad con lo señalado en el primer párrafo del Art. 201 de la Constitución de 1993, los Magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República por un período de cinco (05) años, no pudiendo ser reelegidos en forma inmediata. En virtud de ello, seis (06) de los magistrados actuales fueron elegidos y nombrados el 21 de mayo de 2014, habiendo juramentado el 03 de junio de ese año, por lo que su período se cumplió indefectiblemente el pasado 03 de junio de 2019.

Por tal razón, en virtud de lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley Orgánica del TC (Ley N° 28301), mediante Oficio N° 099-2018-P/TC del 14.11.2018, el Presidente del Tribunal Constitucional solicitó al Congreso de la República el inicio del procedimiento de elección de los nuevos Magistrados que reemplazarían a los tribunos Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinoza-Saldaña Barrera. Dicho sea de paso, es bueno recordar, que el aludido pedido no fue debidamente diligenciado por el anterior titular del Congreso, señor Daniel Salaverry, que estuvo más preocupado por actuar de corifeo de la reforma política del Presidente de la República, que por cumplir con la aludida responsabilidad institucional, la cual debió materializarse con la oportuna conformación de una Comisión Especial encargada de definir la fórmula a utilizar (por invitación o por concurso) y, ya internamente, desarrollar las acciones necesarias para realizar las propuestas que vayan al Pleno del Congreso.

Sin embargo, como otra muestra de la nefasta e irracional confrontación política azuzada por quienes están acostumbrados a sacar ventaja del enfrentamiento y la falta de acuerdos (entiéndase comunistas, “caviares”, “social-confusos”, “progres” y demás “rojimios” aggiornados, hoy “rosaditos conversos”); se han empezado de verter muchos “argumentos” que pretenden cuestionar este procedimiento, con el claro propósito de convertir la elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional en una más de las antojadizas e irresponsables batallas que acostumbran a librar en su desesperado intento de ganar en la revuelta y disputa social lo que no son capaces de lograr en las ánforas, en detrimento –por cierto- de país.

Así, se ha sostenido –por ejemplo- que el Congreso “ya no representa” o “no tiene legitimidad”, o se ha encargado de obstaculizar “cualquier posibilidad de investigar la corrupción” o “cualquier posibilidad de debate y de reformas importantes que se requieren”, o “ha perseguido indebidamente a sus opositores”, llegando incluso a cuestionar la celeridad en la elección por las “suspicacias” que despierta “el inusual empeño”; todo lo cual –según estos lúcidos y objetivos analistas- justifica que el Ejecutivo haya planteado que se adelanten las elecciones, iniciativa que ni siquiera han querido discutir.

Varias cosas son las que ameritan comentarse al respecto. ¿Quién define que el Congreso ya no representa o no tiene legitimidad? ¿Las encuestadoras? ¿Se ha reemplazado entonces la democracia representativa por la “encuestocracia”? ¿Acaso el ejercicio de las competencias y atribuciones constitucionales está condicionado a una supuesta “representación” o “legitimidad” que debe acreditarse previamente? Si esa fuera la lógica, para empezar, tendríamos que definir el criterio objetivo para determinar la presencia o ausencia de ambos atributos (opinión ciudadana general, opinión ilustrada, opinión de analistas políticos, opinión de académicos o, tal vez, realizar un referéndum); segundo, debería establecerse cuál es el mínimo porcentaje válido para considerar que se cuenta con ellos (porcentaje necesariamente mayor al 50%, para respetar la regla de la mayoría), y –finalmente- el plazo de anticipación para medirlo (una semana o quince días antes, por ejemplo).

Quedando claro que la respuesta a todas estas “preguntas” resulta sumamente difícil de implementar a nivel institucional, una perspectiva como la señalada puede traer graves consecuencias a la propia gobernabilidad y efectividad de los mandatos constitucionales, ya que se podría trasladar la misma lógica al Poder Ejecutivo y sostener –por ejemplo- que un Presidente de la República que cuenta con una aprobación ciudadana del 7% (como ha sucedido en algún quinquenio) no puede “gobernar” por haber perdido la representatividad y la legitimidad comentadas.

Advirtiendo lo absurdo de este planteamiento, nos parece claro que ideas –o “ideotas”- como estas cuestionan directa y radicalmente las concepciones del gobierno representativo y de la democracia moderna institucionalizada que sustenta el Estado moderno. Y es que, partiendo el gobierno representativo de una realidad estructural de la sociedad actual –que supone una división del trabajo según la cual los ciudadanos se ocupan de su propia vida y destino, mientras los gobernantes (propuestos y escogidos mediante partidos políticos) son los que dirigen la cosa pública- y siendo la democracia moderna técnicamente institucional y pro tempore –en la que el pueblo es consultado en elecciones periódicas a fin de dotar de representatividad y legitimidad a las autoridades que elige, hasta la siguiente contienda-; no es admisible bajo ningún concepto que esta perspectiva institucionalizada de la representación y la legitimidad políticas sea reemplazada por una concepción pobre, inestable y fatua que propone un “democratismo” basado en la estadística, las percepciones fluctuantes y, por qué no decirlo, el encono exacerbado e irracional al rival político visto como “enemigo”.

Por ello, nos parece que el análisis de esta situación debería plantearse sobre hechos y argumentos técnico-jurídico y politológicos que deben estar al servicio de la funcionalidad del Estado, y no en base a antojadizas y convenidas posturas de “romper todo” simple y llanamente porque no se es capaz de asumir el resultado de una elección ciudadana conforme al marco jurídico vigente, única y exclusivamente porque la orientación política de los elegidos no es del agrado. Esta es precisamente la lógica que planteara hace algunos años Eduardo Dargent –joven politólogo nacional- en su libro “Demócratas precarios”, donde con mucha razón advierte una grave tara de la ciudadanía que en nada contribuye a consolidar el tan proclamado sistema democrático: en el Perú el respeto ciudadano a la democracia se encuentra condicionado a que la gente esté o no conforme con los resultados electorales, dando origen a una suerte de democracia “ab libitum” o de la “conveniencia propia” que muy poco tiene que ver con estabilidad e institucionalización... O, como dirían los italianos, una democracia “a piacere”.

En este contexto, afirmar que el proceso de selección de los Magistrados del Tribunal Constitucional es resultado de una nueva “repartija” que se realiza con el propósito de imponer y copar instituciones, nos parece no solo absolutamente irresponsable y ligero, sino totalmente ignorante del mandato contenido en el aludido Art. 201 de la Constitución, el mismo que –a modo de salvaguarda promotora de la necesidad de diálogo y consenso políticos- exige que aquellos sean elegidos sí, y solo sí, cuentan con el voto favorable de los dos tercios del número legal de congresistas, es decir, con 87 votos… ¡Sí!... Los mismos que el denominado “fuji-aprismo” estuvo muy lejos de conseguir, cuando en diciembre de 2017 –en sus mejores épocas- se planteó la vacancia presidencial del señor Kuczynski. Alguien en su sano juicio y con la mesura tan escasa en estas épocas, puede afirmar que alguna fuerza política cuenta con tal votación como para “imponer” sus candidatos. Dicha ausencia, acaso, ¿no obliga a dialogar y consensuar con todos?

Ya es momento de dejar de usar la estrategia de “incendiar la pradera” cada vez que no agradan las decisiones institucionales que se toman, para lo cual es indispensable superar la “precariedad democrática” de aquellos que respetan al Estado de Derecho y sus instituciones sólo cuando los elegidos son de su agrado, y –de no serlo- los petardean, desestabilizan, desacatan y derrocan.