Punto de Encuentro

Gobierno abierto: evaluación

22 Octubre, 2019

Wilberth Vilca

Por: Period. Wilberth Vilca Laura (*)

Estamos próximos a finalizar el año que se denomina “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” y continúan los graves casos de corrupción en todos los niveles de gobierno, un reciente Informe del Foro Económico Mundial, ubica a nuestro país en el grupo de los 50 países más corruptos del mundo, al mismo nivel que Brasil, Zambia y Armenia, lo cual debe preocuparnos, si bien tenemos una “Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción” vigente desde el año 2017, parece ser un documento meramente formal y no sabemos los logros de la aplicación de sus lineamientos de política, por tanto es necesario innovar la propia gestión pública y así lo establece el proceso de modernización de la misma, uno de cuyos pilares transversales es el Gobierno Abierto, sin  embargo a la fecha no sabemos en qué medida esta viene siendo implementada en sus tres niveles: nacional, regional y local. En el ámbito de la región Cusco y los gobiernos locales no hay compromisos, menos informes de los avances que podamos tener al respecto, por lo cual consideramos que es importante la difusión y evaluación de las políticas de gobierno abierto. Al respecto debemos recordar que la  “Alianza para el Gobierno Abierto” es un acuerdo internacional, que ha sido suscrita por más de 78 países a nivel mundial e involucra a más 17 en América Latina y el Caribe, el compromiso común es promover la transparencia en la gestión pública, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción e impulsar el gobierno electrónico, tiene tres grandes pilares: la primera, transparencia, por la cual la rendición de cuentas debe ser permanente y brindar información que solicite la población; la segunda, participación de la sociedad civil, por la cual el ciudadano es protagonista de las políticas públicas y la tercera, colaboración, por la cual el poblador tiene derecho a plantear iniciativas y alternativas de gestión y solución a la problemática del país. El Perú se ha suscrito a esta alianza, desde el año 2012, habiendo aprobado inicialmente el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2012-2014 (R.M. N° 085-2012-PCM), convocando la participación de la sociedad civil, y que ha sido cumplido parcialmente, luego se ha formulado un segundo Plan de Gobierno Abierto 2015-2016 (R.M. N° 176-2015-PCM), cuya formulación ha sido poco participativa, a finales del gobierno de Humala, lo que significó un retroceso en el compromiso país con esta alianza; actualmente está vigente el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2017-2019 (R.M. N° 378-2017-PCM), y sin embargo no conocemos sus logros y dificultades, lo cual nos llama poderosamente la atención, se requieren metas y  compromisos específicos por sectores y gobiernos sub-nacionales, que sean evaluables, para poder ser eficaces en la ejecución de dicho plan. Por ejemplo, tenemos una “Autoridad Nacional de Transparencia Pública”, creada vía decreto legislativo, con funciones limitadas pero dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin capacidad sancionadora y limitada acción. En tal sentido es importante la expediente internacional, por ejemplo el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica) de México ha publicado la “Métrica de Gobierno Abierto”, la cual se basa en dos dimensiones: transparencia y participación ciudadana, midiendo y comparando ambas, desde la perspectiva del gobierno y del ciudadano. En el caso de la transparencia, desde el gobierno, se evalúa el acceso a la información y datos abiertos, mientras que por el lado del ciudadano, se evalúa  información disponible, clara, completa y celeridad. Luego se genera un índice, donde 0 es nula apertura y el máximo a obtener es 1, el país de México estaría con un índice de 0.39, como vamos en nuestro país?, nadie lo sabe, por lo cual consideramos que será oportuno que nuestra academia o los propios involucrados en gobierno abierto, implementen una evaluación similar o mejorada y produzcan indicadores. En particular los gobiernos sub-nacionales son ajenos a las políticas de gobierno abierto, salvo el caso del Gobierno Regional de la Libertad, que es monitoreado por la Ong Pro-Gobernabilidad, a nivel de municipalidades son casi nulas las prácticas de gobierno abierto, la sociedad civil a través de sus comités de vigilancia, concejos de coordinación local, deberían ser los más interesados en promover estas políticas que se sustentan en un acuerdo internacional y que incluso es  un requisito del OCDE. Otra política importante son los datos abiertos, que los sectores y gobiernos sub-nacionales deben implementar de manera que dichos datos puedan ser reutilizados para diversos proyectos e iniciativas innovadoras. El culto al secreto y la falta de transparencia siguen siendo taras de nuestros gobiernos y gobernantes, promovamos nuestro derecho al Gobierno Abierto y al Estado Abierto al servicio de la ciudadanía y por la lucha anticorrupción. Que así sea.

(*) Email: ideasayni@gmail.com

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