Punto de Encuentro

Lecciones de Uchuraccay post Covid-19

Claire Viricel

Uchuraccay es el nombre de una comunidad de la puna ayacuchana, 470 almas, a 3800m de altura, en un lugar estratégico de difícil acceso, y que cometió crímenes de sangre en plena guerra contra Sendero Luminoso, el 26/01/1983. Gobernaba entonces Belaunde, demócrata que había tenido que declarar el estado de Emergencia en la región. En efecto, SL había liquidado a las autoridades policiales para levantar su régimen maoísta mediante el terror y ejecuciones ejemplares. Al 31/12/82, había asesinado a 29 ex guardias civiles, 2 ex PIP, 6 ex guardias republicanos y un soldado, además de 80 civiles. Destruida la presencia del Estado, SL no solo busca suplirla sino someter a los comuneros librados del yugo del hacendado —gracias a la reforma agraria del general Velasco—, al suyo.

Uchuraccay es el asesinato de 8 periodistas acuciosos, su guía local y un comunero que conmocionó al Perú en búsqueda de la verdad en el campo. Uno representaba a La República, 2 a Última Hora, 3 al Diario Marka, uno a Oiga y otro a Noticias de Ayacucho. Llegaron al abrupto lugar cansados, a pie —como llegaban los senderistas—, cargando sus equipos. Los ejecutaron. El comunero Dionisio Morales, 101 años, que purgó cárcel con otros dos por la masacre, lo reitera: «Los ocho periodistas y el guía fueron asesinados por la propia comunidad de Uchuraccay encabezada por sus autoridades alcoholizadas y temerosas de la represalia de SL que había sido rechazado, una y otra vez, por los pueblos de esta zona». (Periodistas n°7, diciembre 2019).

Uchuraccay es el nombre de la Comisión de Alto Nivel confiada a Mario Vargas Llosa por Belaunde quien temía repercusiones internacionales nefastas para su gobierno democrático. La Comisión ofreció «resultados sesgados» según Carlos Infante, periodista, hijo de la víctima Octavio Infante. ¿Qué decía? «La Comisión ha llegado a la 'convicción absoluta' de que los periodistas fueron asesinados porque los comuneros los creyeron terroristas y sin sospechar su verdadera condición» ... la decisión fue «tomada previamente en dos asambleas» ... «exasperados por los abusos y exacciones de los terroristas». «La decisión de matar fue colectiva» (Informe, marzo 1983). El informe concluye llamando a los peruanos a una reflexión sobre la «responsabilidad histórica anterior y más vasta detrás de las piedras y palos sanguinarios de Uchuraccay». Si bien menciona la respuesta antisubversiva en manos de las FFAA como poco compatible con el régimen democrático, no encuentra responsabilidad en ellas. El papel de los sinchis —tropas especiales de la ex Guardia Civil— que cada vez que bajaban del helicóptero alentaban a los comuneros a «defenderse» y a «matar» a los terroristas, no evidenciaba responsabilidad militar en la masacre. Razón de Estado, le decimos.

Uchuraccay es también la fractura de la sociedad en su forma de enfocar la lucha antiterrorista de entonces. Hacía meses que los medios de comunicación denunciaban unas presuntas violaciones de los DDHH por parte del Estado. ¿Qué pasaba? Las FFAA bajo los órdenes del general Noel desarrollaron una estrategia de combate que sería años más tarde exitosa pero costosa en vidas humanas: armar a la población civil para que sea parte de su propia defensa. Así nacieron los comités de autodefensa, las rondas campesinas. No era una estrategia militar peruana sino una propia de los conflictos en zonas difíciles, como Vietnam, Centroamérica (Nicaragua y sus Contra, armados por EEUU). SL fue vencido en el campo por los ronderos, o sea el pueblo, armado, poniendo pecho y sangre y «¡ni siquiera se les ha levantado un monumento a estos héroes!», suele recordar el memorioso De Soto. En sus Metamemorias, Alan García (otro presidente demócrata) opina retrospectivamente sobre esa estrategia que su gobierno heredó: «La verdad es que existía ya un control directo y una militarización general de las comunidades —Uchuraccay, Huaychao y otras— no conquistadas por SL para enfrentarlas a las comunidades dominadas previamente por la secta. Si esa verdad se hubiera sabido en aquel momento [la entrega del informe MVLL], hubiera podido cambiarse tal táctica ... y evitar una matanza generalizada ... como consecuencia del uso político de la población». La década democrática que se abría, luego de 12 años de gobierno de las FFAA, se veía tanto rehén de la necesidad de ganarle la guerra a un grupo terrorista que sumía el país en el caos, como esclava de su compromiso con la democracia que no admitía la informalidad de la autodefensa del pueblo. Para algunos, estaba bien que se defendieran los campesinos; para otros, no podía ser, el pecho lo pone el soldado. Años después, asumiendo el poder Fujimori, reanudándose las relaciones con Washington y el FMI, un tratado con EEUU permite al gobierno el respaldo americano a las reformas económicas y el enfoque contrasubversivo. Se potencia el ejército y se formaliza la autodefensa popular, lográndose la victoria tan anhelada sobre SL.

Uchuraccay suena nuevamente en diciembre de 2019 cuando el actual gobierno, a través de la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, pidió disculpas públicas a nombre del Estado a los familiares de todos los periodistas muertos, entre ellos los de Uchuraccay. 36 años después. «[Pido disculpas] a todos ellos porque en su momento, como Estado, fallamos en la obligación de proteger la integridad de sus familiares (...) También por la indiferencia durante muchos años (...) Pedir disculpas no es olvidar, negar a sentir compasión. Es asumir responsabilidad y compromiso». Alan García, lamentablemente, partió antes, pero confiaba en que «la verdad se abrirá paso». Este gesto simbólico restaura el vínculo entre el Estado y las familias de víctimas. «Se saldó una deuda del Estado», dice Carlos Infante, pues se asume que no hubo aquella 'confusión': «el crimen se ajustó a la política estatal de eliminar al 'enemigo interno', ... según documentos desclasificados de las FFAA». Años más tarde, fueron asesinados los periodistas Jaime Ayala (1984), Hugo Bustíos (1988), Luis Morales (1991) y unos 40 más. Ahora bien, ¿quién está perseguido por la justicia por el crimen Bustíos? Daniel Urresti, militar, hoy diputado. Elegido el 26/01/2020 con la mayor votación: 553528 votos. ¿Y qué fue del alias 'capitán Carlos', militar antisubversivo? Elegido presidente de la república en el 2011. Urresti será su ministro.

Hoy, evocar Uchuraccay es recordar que el pueblo peruano —que se mueve en una lógica de supervivencia y pragmatismo asombroso— ya perdonó a los militares, al Estado. Página volteada. Tu protección a cambio de mi voto. En el actual estado de Emergencia que implica una larga cuarentena, el Estado, y paradójicamente para protegerlo, le ha quitado el pan (que ganaba día a día), el techo (que no puede pagar), la salud (saliendo a por ayuda económica estatal o víveres, el pueblo se enfermó, contagió, y miles mueren), ante la mirada impotente de las FFAA que no fueron llamadas. Si de algo saben, ¡es de logística y pueblo! El gobierno, ¿no quiso activar el COEN?

¿Cómo el pueblo peruano procesará el multidesamparo llamado Covid-19? De Soto nos advierte: «ha nacido una nueva clase social: los informales». El desarrollo del Perú hoy «es un lío entre formales e informales», informales que nadie escucha, pero saben castigar, trabar y autodefenderse. Uchuraccay, la votación que recibió Urresti, y antes la de Humala, lo han demostrado. Y son abrumadora mayoría...

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