Punto de Encuentro

El más poderoso es el más débil

Por Antero Flores-Araoz

El título de esta columna aparenta ser un trabalenguas o un contrasentido, pero no lo es.  Me estoy refiriendo al Presidente de la República en genérico, no a uno determinado.

En efecto nadie en el país tiene individualmente más poder que el Presidente de la República. Él representa al Estado, dirige la política general del Gobierno, convoca a elecciones, así como al Congreso, propone leyes y las reglamenta.

También nombra ministros, embajadores y diversidad de funcionarios públicos; dirige la política exterior, celebra y ratifica tratados, es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, puede declarar la guerra y firmar la paz, administra la hacienda pública, regula aranceles, dicta medidas extraordinarias con fuerza de ley, concede indultos y conmuta penas, celebra empréstitos, otorga condecoraciones y muchas otras atribuciones que lo hacen ser la persona con más poder del Perú.

Además, durante el mandato presidencial, goza de inmunidad y solo puede ser procesado por traición a la patria, impedir elecciones o el funcionamiento de los organismos electorales, así como disolver irregularmente al Congreso.

Sin embargo, esa persona que ejerce la Presidencia de la República y personifica a la Nación, al ser el más poderoso simultáneamente es el más débil ya que, en la práctica, no le alcanza ni el debido proceso ni la presunción de inocencia de que gozan el resto de los mortales. Me refiero en el caso que se invoque la vacancia del cargo de Presidente por causal de permanente incapacidad moral, cuya declaración es atributo congresal.

El proceso para la vacancia presidencial, según el Reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, se inicia con una moción suscrita por no menos del veinte por ciento de los parlamentarios, en que debe precisarse los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como los medios probatorios de la incapacidad moral. Para su admisión a debate se necesita votación favorable no menor del 40% de los congresistas, que se efectúa en la siguiente sesión.

Entre el tercer y décimo día de la admisión a debate, debe reunirse nuevamente el Congreso para la discusión y votación de la moción de vacancia, en la que el Presidente de la República “podrá” ejercer personalmente, o asistido por abogado, su defensa hasta por sesenta minutos. Para la declaración de vacancia se requiere no menos de 87 votos.

Al aforismo “justicia tardía no es justicia” le podríamos agregar que tampoco lo es la justicia express y que, no puede considerarse debido proceso a uno tan simplificado y con tanta limitación al derecho de defensa y, sin que tampoco exista una estación probatoria en el Congreso.

Soy consciente que la valoración de lo ético tiene sus bemoles y está sujeta a interpretaciones que pueden ser variadas, aunque en lo sustancial haya uniformidad, pero lo que tiene que regularse mejor, es el proceso de vacancia, que no por ser político puede ser discrecional y sustentado en la práctica por la sola sumatoria de votos.  Hay que tener mucha prudencia.