Punto de Encuentro

¿Cambiamos el capítulo económico de la Constitución de 1993?

Ernesto Álvarez Escudero

El justificado descontento de la población a raíz de la crisis política nos ha llevado a un estado de constantes reclamos. Si bien últimamente estas exigencias se han visto relativamente apaciguadas, en las calles se sigue escuchando una súplica constante: la aparente necesidad de una asamblea constituyente. Sin perjuicio de que parte de la población esté a favor de modificar la Constitución para dotarla de mayor legitimidad, sería ingenuo no reconocer que en realidad se busca eliminar su capítulo económico, retornando así al régimen intervencionista regulado en la Constitución del 79.

Es menester recordar que dicha Constitución acarreó el históricamente fallido control de precios, derivando en la escasez de oferta de productos. Asimismo, el mega gobierno (con el doble de funcionarios que en la actualidad) generaba más gastos que ingresos, por lo cual, ante una deuda externa sin precedentes se vio en la obligación de imprimir dinero por medio del entonces dependiente Banco Central. Todo esto terminó por quebrar al Estado, lo que aisló al Perú del mercado internacional ante la pérdida de confianza del inversor. Como resultado, el nivel de inflación superó el 2000% derivando en una deuda pública del 60% y una tasa de pobreza del 55%.

Si bien la solución inmediata consistió en sincerar los precios de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, para evitar cometer los mismos errores se requirió de un cambio de paradigma. Como ejes centrales basados en el modelo de economía social de mercado, se abogó por la simplificación administrativa, la libre competencia y la libre iniciativa privada; en resumen, un Estado menos interventor y más supervisor que priorizara la inversión privada, participando en el mercado únicamente de manera subsidiaria. En esa línea, quedó clara la necesidad de prohibir el control de precios y la reserva del Estado para la realización de actividades económicas. Asimismo, se aseguró la autonomía del Banco Central restringiendo, entre otros, su facultad para prestar dinero al Tesoro Público.

Gracias a estas medidas el PIB ha mantenido un crecimiento constante, la pobreza se redujo en más de 30%, la mortalidad infantil cayó en más de 50 puntos y la desnutrición infantil pasó del 40% al 15%. Hoy, a nivel latinoamericano, estamos sextos en competitividad y terceros en libertad económica. En síntesis, mientras que el régimen económico anterior solo trajo miseria, el capítulo económico de la Constitución del 93 le dio una segunda oportunidad al Perú.