Punto de Encuentro

El odio y la confusión socavan la democracia.

El próximo 30 de noviembre un juez penal permanente de la Corte Superior de Lima, debe resolver un insólito pedido del Fiscal José Domingo Pérez, para suspender las actividades políticas del partido Fuerza Popular. Escolta su argumento el indicado fiscal, en una investigación que todavía su Despacho no la ha concluido ya sea con una absolución o con acusación, pero taimadamente pretende arropar su intención persecutoria política en la decisión de un juez, e impedir que nuestra lideresa Keiko Fujimori y nuestro Partido participen en las siguientes elecciones generales y a través de él se pueda expresar la voluntad de millones de peruanos que participarán en las próximas elecciones generales el año 2021. Nuestra lideresa ha sido escrupulosamente respetuosa de las injustificadas decisiones promovidas por este fiscal y materializadas por jueces en fallos abiertamente inconstitucionales, aun así, en un gesto que la muestra como digna representante de un partido democrático acató los cuestionados fallos.

Siempre ha existido la fundada sospecha de una persecución política a través de las actuaciones de éste fiscal que por “coincidencia” su esposa ha tenido un importante cargo de confianza en el gobierno del “corrupto” Vizcarra, una expresión de odio y persecución política no puede poner en peligro la institucionalidad democrática: suplantar el voto de millones de peruanos por una decisión judicial sería socavar los cimientos básicos de nuestra endeble democracia.

Los peruanos al margen de sus simpatías o antipatías a nuestro partido y a su lideresa Keiko Fujimori deben tener muy claro que una decisión que impida la canalización de la voluntad de millones de peruanos a través del sufragio, sería un baldón que coronaría fúnebremente y empañaría la celebración del Bicentenario de nuestra independencia; debemos estar alertas, todo puede suceder con instituciones fundamentales como el Ministerio Público y con parte del Tribunal Constitucional tomada por el gobierno de Vizcarra, materializando actos de agitación política, es terrible.

Esta situación se agrava cuando quienes con violencia, promovieron la destitución del presidente Merino para reemplazarlo por otro producto de las “protestas” no se daban cuenta que está minando el valor esencial de una de un Estado Democrático de Derecho, como es la legitimidad expresada a través del voto. Lamentablemente, en los últimos días “opinólogos” contratados por el gobierno han tergiversado la interpretación constitucional haciendo aparecer un limpio acto constitucional como fue vacar al “corrupto” Vizcarra, como que estaba exento de legitimidad porque las encuestas que pretendía imponer debería reemplazar el voto ciudadano. Solo en el Perú se ha permitido estas arrojadizas interpretaciones que generan una enorme confusión en el electorado peruano.

Qué garantiza a los peruanos que el próximo proceso electoral del año 2021 puedan tener validez sí es que ahora, con una marcha y con una campaña de desinformación respaldada por el sector mediático se pueda deponer autoridades legitimadas por el voto popular y suplantarlas por impostores que cubren cabalmente sus evidentes intenciones crematísticos. Por eso es que llama la atención la intencionalidad de este fiscal que ha demostrado su odio desmedido a nuestra lideresa y el partido que ella popularmente representa, queriendo minar su existencia con una pretendida suspensión que impediría que millones de peruanos puedan expresar a través de las ánforas, debemos estar alerta, no podemos celebrar en el advenimiento del Bicentenario de la República, que se imponga el odio, es ciego como el amor; pero el amor es creador, el odio nos destruye, el odio termina haciendo perder objetividad. Permitirlo sería, condenar a la democracia al suicidio.

Milagros Salazar de la Torre.