Punto de Encuentro

Perú COVID19: Derecho a conocer la Verdad

“La construcción de la verdad y de la memoria,

apelan a que la verdad es un derecho individual y colectivo de origen histórico

que preserva en la memoria lo que sucedió

y previene de cometer errores e incluso violaciones en el futuro.

Comisiones de la Verdad en América Latina.

La esperanza de un nuevo porvenir – Colombia”

Recuento de desatinos punibles

Durante la Pandemia, en el año 2020 pasado, las familias peruanas recibieron información inexacta e incluso falsa de parte de las autoridades públicas responsables del Sector Salud respecto de medidas y pruebas para detectar a las personas contagiadas; los servicios de salud pública no pudieron brindar un acceso -equiparable a países con menores recursos e infraestructura sanitaria- a la población afectada a los servicios de emergencia y atención para  recibir tratamiento para el COVID19; la población sufrió medidas de cuarentena y restricciones contradictorias que incluso  impulsaron la propagación del virus  (distribución de Bonos, detención en Comisarías, días autorizados por género…etc.); el cuerpo médico público –la defensa de la sociedad ante la Pandemia- fue maltratado públicamente y hasta criminalizado; el nivel de gasto público no llegó al 60%; y a fines del año 2020, los peruanos se enteran que el Gobierno ni ha comprado ni ha firmado ningún acuerdo o contrato para la disposición pronta de las vacunas en el Perú. En todo este tiempo, la población ha sido también sistemáticamente desinformada.

Más muertos que en la época de SL

Como resultado de las “medidas de gestión pública” implementadas por el Gobierno que presidía el Ing. Vizcarra, el Perú “lidera el ranking mundial con más de 2,000 fallecidos en exceso por cada millón de habitantes[1] Eso significa que más de 60,000 peruanos no debieron haber perdido la vida pues el país contaba con los recursos y capacidades para evitar su muerte. En los momentos mismos de la tragedia, el Gobierno contó constantemente con todas las alertas y sugerencias de expertos nacionales e internacionales. Todo parece indicar -de manera razonable- que el Gobierno peruano de ese momento generó graves condiciones de indefensión y vulnerabilidad sanitaria para la población, como parte de una estrategia de mantención política, sin priorizar la salud de las personas.

Para decirlo de manera comparativa, es la mayor tragedia humanitaria de la historia del Perú, superior incluso largamente a los muertos que sufrió el país por el accionar terrorista de SL en los años 80, y que ha afectado principalmente  a las familias más pobres y desamparadas del país.

Lo que ha ocurrido en el Perú es un genocidio y no son aceptables las pretensiones de olvido e impunidad. Los familiares de las víctimas demandan información y aclaración de las causas de lo sufrido, conocer a los responsables. Tienen el derecho a que se les informe.

Una Comisión de la Verdad COVID19: causas y responsables

Con la elección democrática de un nuevo Gobierno, surge el legítimo debate sobre la identificación de los responsables, la identificación de las familias víctimas afectadas, y la asunción de las responsabilidades ante la Justicia. La pregunta es: ¿qué hicieron o dejaron de hacer las autoridades de cuyas decisiones dependía la salud de la población, que ha provocado que miles de peruanos pierdan la vida sin justificación alguna?

El nuevo Gobierno debe constituir una Comisión de la Verdad sobre lo ocurrido en el Perú durante el COVID19. El fundamento de la Comisión es ético y nace del Derecho de las víctimas. No debe ser –por ello mismo- parte ni instrumentalización de ninguna diferencia política. Es la naturaleza ética y moral de los hechos mismos sustentado en el Derecho de las personas, el fundamento central de la constitución de la Comisión. La historia de la defensa de los Derechos Humanos en el Perú, demanda que se esclarezcan los hechos.

La Comisión de la Verdad COVID19, será un organismo de investigación creado para revisar de manera crítica y justa lo ocurrido en la Pandemia del COVID19. La impunidad y la pretensión de pérdida de la memoria son inaceptables. El Estado de Derecho no puede ser burlado.

El trabajo de la Comisión, deberá establecer las estructuras de mando, las razones reales de la adopción de medidas que superaban el margen de error y de razonable discrecionalidad política, y que entran en el campo de la responsabilidad dolosa (el mal uso e incluso el no uso de los recursos financieros disponibles, por ejemplo), política y penal.

El derecho de la sociedad a la Verdad

Una perspectiva de Derechos obliga a no ignorar lo ocurrido. La sociedad necesita saber la verdad de los hechos: el Derecho a la verdad. La búsqueda de la Verdad es un deber moral, principalmente con las víctimas y sus familias. El Derecho a conocer la Verdad demanda la colaboración de todos los agentes del Estado a brindar la información necesaria, así como esa demanda también a la sociedad civil su activa participación.

La Verdad debe ser completa, pública e imparcial.

La aplicación de la Justicia es reparación

La aplicación de la Justicia cerrará las heridas de las familias víctimas de políticas públicas lesivas e irresponsables. Este proceso en parte aliviará lo sufrido

Se debe descubrir y sancionar a los responsables, y para prevenir que estas situaciones se repitan en el futuro, deben impulsarse dos procesos. Uno judicial en un proceso transparente, autónomo y justo que dilucidará las responsabilidades legales y penales en los casos que se amerite, y un proceso político -independiente del proceso judicial- que obligue a los responsables a que pidan perdón públicamente a las familias de las víctimas y a la sociedad, y políticamente sean inhabilitados para ejercer cargo público por designación o por elección.

El conocimiento público de la Verdad restañará en parte los daños causados por la desinformación y psicosociales que se implementaron en plena Pandemia, y es un paso adelante para instaurar en el Perú una cultura política e institucional que ponga la vida humana como el valor supremo de la sociedad y el Estado.

[1] Michael Reid, editor para Latinoamérica y España de The Economist. Diciembre 28 del año 2020. Diario Gestión. 

Dato tomado a su vez de: FT Analysis of mortality data & Human Database. Data updated December 22.