¿Antejuicio politico, juicio politico?

Domingo García Belaunde

Se ha aprobado una acusación constitucional contra el expresidente Vizcarra y algunos de sus ministros, en relación con el escandalo de las vacunas contra la Covid-19, en donde ha habido de todo. Y de eso se han encargado extensamente los medios, motivo por el cual aquí no voy a incidir en ello.

Ahora bien, según los trascendidos, a Vizcarra se la enrostran la comisión de delitos, por un lado, y de infracciones por otro. Los primeros serían propios del antejuicio politico, y los segundos del juicio politico. Me ha sorprendido esta calificación hecha en el Congreso, pues no habla bien del rigor con que se enfocan las cosas. Veamos.

En el siglo XIX se incorporó, con diversas modalidades, la acusación constitucional que venía de la constitución norteamericana vigente de 1787, dirigida contra el presidente de la República y otros altos funcionarios. El nombre en inglés era impeachment cuya traducción es algo imprecisa pues viene el inglés antiguo, pero que básicamente se refiere a una acusación al interior del Legislativo, que tiene determinados pasos y que conduce a la destitución, inhabilitación o pase al poder judicial, si se estima que al margen de inconductas (lo que llamaríamos en sentido amplio infracciones constitucionales) tiene un contenido delictivo. Es decir, es solo un proceso, o si se quiere un tramite que puede llevar a tres situaciones distintas, o a dos o a ninguna. El reciente impeachment contra Trump buscaba básicamente inhabilitarlo, ya que había terminado su período.

El impeachment se hizo muy conocido en la America Latina durante el siglo XX, de manera especial por la traducción de diversos manuales norteamericanos sobre la constitución de ese país. Destacan sobre todo dos autores: Story y Cooley.Las traducciones se hicieron en México y en la Argentina y en ambos casos la palabra impeachment se tradujo como juicio politico, y así lo considera la doctrina constitucional latinoamericana.

Es decir, el juicio politico es una unidad conceptual que envuelve varios pasos y motivados básicamente por una denuncia. En el Perú y en otros países, la dogmática habla básicamente de acusación constitucional, y eso precisamente es lo que recoge nuestra Constitución (arts.99 y 100). Y la doctrina usa ambos: acusación constitucional y juicio politico, pero como equivalentes.

Ahora bien, nuestro Tribunal Constitucional que debería dedicarse a resolver conflictos y tener un rol previsor, muchas veces se siente tentado a crear categorías y elevarse a la altura de la más refinada doctrina y se lanza en esa pendiente, sin saber lo que hace y muchas veces despachándose en tonterias.Una de ella es una sentencia del 2003 en donde basándose en un apresurado texto de Paniagua, distingue  dos cosas: cuando hay delitos estamos ante un antejuicio politico o antejuicio a secas. Y cuando se trata de infracciones, estaríamos en un juicio politico. Esto es un disparate que lamentablemente muchos siguen a pie juntillas. Nadie piensa que la acusación constitucional (así lo llama la dogmática) o el juicio politico son dos procesos distintos y dos sanciones distintas. La acusación es una sola, se tramita como una unidad y tiene dos resultados: uno en que todo se archiva y otra en la cual se acusa: sea para derivarlo al poder judicial, sea para tomar una decisión netamente politica como la destitución o la inhabilitación. Y nada más que eso.

Siempre he pensado que los órganos jurisdiccionales existen para resolver conflictos y para hacer respetar la Constitución y las leyes. Nadie les ha pedido que además enseñen y enseñen mal, como lo hace con frecuencia el Tribunal Constitucional. Esa tarea corresponde a los centros de enseñanza.

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