Detienen a exprocurador federal de la República.

El pasado viernes fue detenido el exprocurador Jesús Murillo Karam en las Lomas de Chapultepec, después, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Jesús Murillo Karam nació el 2 de marzo de 1948, en Real del Monte, del estado de Hidalgo, a unas 3 horas de la capital de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH); ahí mismo se desempeñó como docente y jefe del área de Historia en los años 1972 a 1974. 

Posteriormente, de 1971 a 2012, ocupó diferentes cargos al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como secretario técnico del CPN, subsecretario de organización del CE, consejero nacional, coordinador de asuntos jurídicos. También fue diputado del PRI en 2 legislaturas y senador en 3 ocasiones.

Es claro, que es una persona de política,  que está en el medio desde hace décadas. Asimismo, llegó a ocupar el cargo de gobernador del estado de Hidalgo durante el periodo de 1993-1998. 

En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), asumió la titularidad de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que es un órgano constitucional autónomo, que hace las funciones de ministerio público de México, en otras palabras, representante de la sociedad para de investigar los delitos federales ante los tribunales federales. 

En septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, fueron reportados como desaparecidos, y la  investigación fue encabezada por él.

Lo relevante de esta situación,  es que, después de haber manifestado algunas declaraciones sobre el supuesto resultado de las investigaciones, tan sólo un mes después de haberlo hecho, renunció al cargo de procurador.

Actualmente, la fiscalía general de la República le imputa al exprocurador varios delitos contra la administración de la justicia.

Igualmente, porque Murillo Karam desestimaba las exigencias de los padres de los 43 desaparecidos, antes que se reunieran con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Después de más de 11 horas de audiencia, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó dictar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso “Ayotzinapa”. Le medida debe ser cumplida en el Reclusorio Norte.

Lo anterior, porque considera que existe el riesgo de que huya de la justicia; recordemos que la investigación versa sobre uno de los casos más trascender en los últimos años en México, es decir, la desapareció de 43 normalistas de Ayotzinapa y; porque Jesús Murillo Karam ha ocupado cargos de alto nivel, llegó a ser gobernador, por lo que, es de presumir que tiene varios contactos en el país.

Es relevante mencionar, que Murillo Karan solicitó el arraigo domiciliario, sin embargo, al tener 5 inmuebles el juez determinó no concederla. En otras palabras, no sabría en cuál de todas sus casa estaría, lo que pondría en riesgo la investigación.

Otro dato relevante, es que se presume que su patrimonio asciende a los 85 millones de pesos, unos 4.3 millones de dólares americanos; lo que una vez más, representa un riesgo para la investigación porque con sus recursos podría ir a cualquier lugar del planeta.

El exprocurador tiene algunos padecimientos, tales como hipertensión arterial y EPOC, por lo que el juez ordenó que sea vigilado de manera cercana para evitar alguna complicación de su salud.

Al ser detenido, Murillo Karam manifestó: “no es penoso, es político”, lo cual por extraño que parezca, parece ser verdad.

Estamos en el año 2022, basta decir que, respecto al paradero de los 43 normalistas desaparecidos, todo sigue igual que antes; sin más información, sin saber qué fue lo que realmente pasó.

La detención simplemente es otra charlatanería del gobierno federal actual. El detener a un exprocurador no suma en nada a la pena que embarga a los familiares, no esclarece nada respecto al paradero y, es más, distrae la atención del público porque ahora no se habla de los 43 desaparecidos, sino de una persona de 74 años con problemas de salud que está presa.

Si bien en todos lo cambios de gobierno y de sexenio sucede lo mismo en México, me refiero a una cacería de los políticos que estuvieron con los antecesores, en este sexenio se ha vuelto una costumbre atacar a las propias instituciones tanto anteriores como actuales, el Instituto Nacional Electoral es un claro ejemplo de ello; y ahora el exprocurador.

Si México sigue así, en 6 años se transmitirá la noticia que el hoy procurador del presidente López Obrador fue citado a declarar, siendo indiscutible que esas situaciones no ayudan al país ni al esclarecimiento de los hechos, porque invierten tiempo y recursos en venganzas personales, en lugar, de invertirlos en entrenamiento para los agentes o equipo para mejorar la forma en que se llevan a cabo las pesquisas.

Estos juicios políticos que tratan de convertir en juicios jurídicos continúan dilapidando valiosos recursos del país en situaciones que no le aportan nada, lo conducente sería realizar una investigación profunda de lo sucedido con los normalistas. Empero, el pueblo de México debe exigir que sus impuestos sean empleados para esclarecer estos hechos y no, para vengarse por rencillas personales.