El lunes 7 de noviembre de 2022 dio inicio la discusión sobre la autorización del presupuesto para el Instituto Nacional Electoral.
El Instituto Nacional Electoral es el organismo Constitucional autónomo que se encarga de velar por los principios de democracia en las elecciones que se llevan a cabo en México.
El INE es el organismo que se encarga de organizar todas las elecciones federales, a lo largo y ancho del país, es decir, la elección del Presidente de la República, Diputados y Senadores.
Lo anterior, lo realiza en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas.
A través de los últimos 100 años en México se ha creado un organismo rector de las elecciones.
Desde la Constitución de 1917 han existido, la Junta Empadronadora, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral; la Comisión Federal Electoral (a la que le "falló" el sistema en plenas votaciones y otorgó la victoria a Carlos Salinas de Gortari) y el Instituto Federal Electoral.
El Instituto Federal Electoral (IFE) se creó en el año 1990 y en 1996 se reformó la ley para convertirlo en un organismo autónomo, esto, con la finalidad de ser imparcial, lo que fue un parteaguas para la institución
Ósea, se pretendía que al ser una institución que tenía recursos propios no tendría la necesidad de apoyar a ningún partido o candidato o candidata en particular.
En el 2006 se empezaron a admitir los votos emitidos en el extranjero. El IFE, es la institución que expide la credencial para votar, que es el principal medio de identificación en el país.
Es un documento oficial aceptado en todo México y, con el que podemos identificarnos en otras latitudes porque además de nuestro nombre tiene una fotografía de la persona.
Posteriormente, en el 2014 se promovió una reforma para transformar al IFE y fueron modificadas sus atribuciones y su nombre; ya no tendría injerencia en las elecciones locales, sino sólo federales.
Entonces, el INE es el organismo que se encarga de organizar los comicios para presidente, Diputados y Senadores en México promover la cultura cívica del voto y, emitir el documento oficial de mayor uso y disponibilidad en México.
Escribo de mayor uso y disponibilidad por 2 factores, el primero, que es gratis y, segundo, porque entre los documentos oficiales es el único que no requieres satisfacer ningún requisito -además de tener más de 18 años- para obtenerla; a diferencia de la cédula profesional que requieres terminar una licencia o carrera o, del pasaporte cuyo costo oscila entre 150 y 180 USD para obtenerlo.
Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva varios años atacando al organismo.
En el año 2006 en que ganó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y, en el 2012 en el que resultó electo Enrique Peña Nieto declaró que era un fraude, y comenzó su famosa campaña político electoral denominada "voto por voto, casilla por casilla" que duró 12 años, hasta que fue electo en el 2018.
Sin embargo, aún electo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado la nula necesidad de organismo rector de la democracia y de las elecciones, arguyendo que son un despilfarro de recursos.
Actualmente, la Cámara de Diputados ha propuesto una reducción en la partida presupuestaria del Instituto Nacional Electoral (INE) para el año 2023.
La reducción está proyectada para recortar 6 mil 437 millones, unos 322 millones de dólares.
Lo curioso de la reducción es que esta enfocada en los organismos constitucionales autónomos, es decir, está dirigida a los órganos imparciales que no dependen de las fuerzas políticas.
Los organismos mencionados, no deben acatar las decisiones del presidente porque justo su naturaleza jurídica es no depender del ejecutivo para poder tener un sistema de contrapesos que vele por los intereses del pueblo mexicano.
En caso, de existir alguna decisión que perjudique el bien común de todos y todas los organismos tienen autónoma de acción para poder alzar la voz. Lo cual en este caso, es exactamente lo que pretenden evitar.
La reducción representaría un 20% aproximadamente de lo requerido por el INE.
Otras instituciones que probablemente sufrirán una reducción son: i) el Poder Judicial de la Federación (PJF) con 76 millones de dólares menos y; ii) el Consejo de la Judicatura Federal con 67 millones de dólares aproximadamente.
Ambas instituciones se encargan de dirimir controversias judiciales, así como, verificar el correcto funcionamiento de los tribunales, juzgados, jueces, juezas y todo lo relacionado al cumplimiento jurídico, ya sea entre particulares o entre particulares y autoridades judiciales.
Algunas instituciones generan un gasto desmedido, cuya justificación es endeble. Tales circunstancias pueden ser verificadas a través de auditorias y no por el mero capricho de una persona.
Empero, las instituciones jurídicas no deben atacadas, pues son de los órganos del país que cada vez tienen más trabajo y, que requieren más capital humano mas no disminuir sus salarios o prestaciones.
Mientras la carga administrativa es brutal en los juzgados y tribunales, su presupuesto se ve discutido. En otras palabras, a mayor trabajo...menor presupuesto.
El presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, no fue trastocado. A su vez, el reparto de recursos para la Fiscalía General de la República también fue respetado.
Eso sí, la reforma está planteada para disminuir igualmente el presupuesto de los Diputados y Senadores para poder hacer creer al pueblo mexicano que es una reforma en todos los ámbitos.
Sólo que existe una pequeñita diferencia entre las reducciones propuestas, mientras que al INE le quitan más de 600 millones de dólares, a los Diputados les quitaran poco más de 10 millones de dólares.
Esperemos los votantes se percaten de esta situación y, no confíen en las declaraciones que, muy probablemente transmitan en el futuro los morenistas (al ser del partido MORENA, del que es militante es presidente) que es una reforma de austeridad para apoyar al país porque no es el mismo austeridad que, la falta de recursos indispensables para el funcionamiento de una institución.
En conclusión, no es necesario quitar presupuesto a los organismos autónomos para ahorrar dinero, lo que requiere el país es la mejor gestión de sus recursos, en lugar de dilapidarlos en elefantes blancos, tales como el tren maya y el museo, digo aeropuerto, de Santa Lucía.
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