Asesorías prescindibles

Por Antero Flores-Araoz

Hace algunos meses, cuando fue Ministro de Educación, Oscar Becerra, denunció el exceso de consultorías en su Ministerio, muchas veces sumamente onerosas, lo que seguramente se repetía en otras entidades y organismos del Estado. Lamentablemente no pudo cumplir con su ofrecimiento de terminar con las mafias enquistadas en el Estado, que lo esquilmaban a través de las costosas consultorías, pues se vio precisado a dejar el cargo.
Si las consultorías fuesen necesarias, serias y remuneradas sin excesos, pues adelante, pero cuando son inútiles y con ellas se pagan favores o simplemente se contratan para recibir bajo la manga parte de los beneficios, ello es corrupción que debe ser desterrada de la administración pública.
Adicionalmente a las consultorías externas, en las diversas reparticiones del Estado es frecuente contratar asesores, los que están en planilla y, se supone que prestan apoyo y consejo a los funcionarios a los cuales asisten.
Se puede entender que, para algunos altísimos cargos públicos, se pueda requerir algún nivel de asesoramiento, pero penosamente esto se ha convertido en una costumbre tóxica que ha traspasado toda lógica y, cotidianamente leemos en el diario oficial “El Peruano”, inmensidad de autorizaciones de contratación de asesores, hasta para quienes ejercen cargos medios.
Se puede entender las asesorías muy especializadas, pero tener asesores para los temas propios de la función, como pueden ser las Secretarías Generales de Ministerios, es francamente una demasía, pues las labores habituales de tales reparticiones del Estado, es el ordenar los trámites, saber donde dirigir los recursos que presentan los administrados, notificar resoluciones y tantas otras actividades del diario trajín.
Necesitar asesores para temas rutinarios y quizás intrascendentes, es algo que debería desterrarse y diríamos también que, si hay funcionarios del Estado que requieren asesorías para lo que debe ser de su conocimiento, pues simplemente que dejen la planilla del Estado y en su lugar se nombre a alguno de sus asesores.
Para los cargos públicos se requiere, entre otros requisitos, contar con el correspondiente perfil, pero si no se lo tiene, no se entiende porque se aceptan responsabilidades públicas sin tener los conocimientos suficientes para ejercerlas.
Se hace necesario que tanto la Contraloría General de la República, como también SERVIR, hagan las tareas de fiscalización necesarias a fin de evitar los vicios a los que nos estamos refiriendo.
No hay que olvidar que cuando el Estado contrata asesores innecesarios, o cuando son necesarios por la ineptitud de los asesorados, lo que en la práctica se hace, es dispendiar los recursos de la Nación, que son tan necesarios para cumplir con obligaciones del Estado, las cuales quedan insatisfechas. Los recursos del Estado salen de nuestros impuestos y los contribuyentes tenemos todo el Derecho del mundo, de exigir que sean utilizados con legitimidad, para lo necesario y sin excesos.
Los altos funcionarios del Estado, al ejercer el cargo público, están obligados moral y legalmente, a cumplir sus obligaciones y cautelar el uso correcto de los recursos públicos. Si ello no lo pueden hacer, las puertas están abiertas y pueden irse a sus casas, pero dejen de estorbar, pues cuando estorban los que pagamos los platos rotos, somos los administrados.