Por Antero Flores-Araoz
El pasado siete de diciembre, se cumplió un año desde que Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso, la reorganización de los Poderes del Estado y de las organizaciones públicas autónomas, todo ello bajo su conducción.
Por supuesto eso es golpe de Estado, con transgresión manifiesta de nuestra Constitución y del orden jurídico, pese a que nadie lo siguió en ése tortuoso camino y Castillo quedó más huérfano que Adán en el día de la madre. Ni siquiera su familia más directa y cercana lo acompañó, huyeron al exterior buscando refugio y asilo en México.
Castillo está confinado en establecimiento penal con otro ex primer mandatario y lo está por ese golpe de Estado, pero también para las investigaciones de la ola de corrupción que instauró en nuestra patria, a todo nivel y por todo monto, pues se actuó como simples “pirañitas” o “pájaros fruteros”, hasta gran corrupción en obras públicas y en adquisiciones estatales de considerable volumen.
Ese día no es ninguna efeméride, no hay nada que celebrar ni conmemorar, como tampoco recordar. Es día de vergüenza, de oprobio en que alguien sin mayores luces ni experiencia, terminó sentado en el “Sillón de Pizarro”, simplemente porque millones de compatriotas se dejaron engañar con el cuento del “lapicito”, de la mejora de la educación, de sacar al país del ostracismo y, encima con ayudas non santas desde las más altas esferas oficiales electorales.
Desde el Gobierno Nacional, que hay veces que “no la ve” y más parece residir en el Instituto Braille que en Palacio de Gobierno, pese a la grave crisis institucional y de seguridad en que estamos inmersos, se ha dado tiempo para dictar el Decreto Supremo 136-2023-PCM, mediante el cual se declara todos los siete de diciembre de cada año, como “Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia”.
Ampulosa denominación, pero errada motivación, pues si hay algo en que no hay causalidad alguna para recordar, es el nefasto paso de Pedro Castillo y su banda delincuencial por las altas esferas del Estado, en que lejos de cautelarse los fondos públicos, metieron las manos en ellos con total desparpajo, no solo a la luz del día como encontrar un fajo importante de dólares americanos en un baño de Palacio de Gobierno, sino también bajo las sombras nocturnas de la casa de “Sarratea”.
En la norma legal declarativa a que nos referimos, se considera que el siete de diciembre del año pasado, debido “… a la fortaleza de la institucionalidad pública expresada en la actuación decidida de los organismos llamados a defenderlos … además del concurso invalorable de la sociedad civil…” , se logró impedir el quiebre constitucional. No, lo que pasó no fue un enfrentamiento de las fuerzas democráticas contra un golpista, también demagogo y “choro”, sino el hecho que nadie lo siguió ni hizo caso a sus órdenes de interrupción del curso democrático.
Por ello no hay nada que recordar sino de avergonzarnos de haber tenido un régimen como el presidido por Castillo.