Estado marginó, acosó y criminalizó minería a pequeña escala

Por: Abraham Fudrini

(Nunca defiendo la minería ilegal)

Desde la segunda mitad de la década del  90 del siglo XX, se empezaron a producir las condiciones reales, políticas y legales que abrieron las puertas al gran capital internacional, principalmente para explorar, explotar y comercializar minerales metálicos, especialmente el cobre y el oro, los que en porcentajes casi similares, durante la primera década del siglo XXI, llegaron a sumar hasta el 75 por ciento del monto total, en dólares USA, que en promedio anual se obtuvo por la exportación de más de 10 minerales metálicos durante la segunda mitad de la primera década del siglo XXI.

El Estado trabajó para dar seguridad jurídica, económica y crear las condiciones óptimas para atraer al gran capital internacional para que invierta en la minería metálica de Perú. Esta tarea fue muy positiva para la economía peruana ya que a partir del año 2004 empezó una subida de precios de los dos metales más importantes: cobre y oro, que permitieron un crecimiento económico nunca antes visto, tan fuerte que las clases medias de Perú que durante el siglo XX no habían alcanzado el 25% de la población total, iniciándose la segunda década del siglo XXI ya llegaban a significar el 75%. Estas clases medias constituyen hoy una de las columnas sobre la que se sostiene el crecimiento de la economía de Perú.

Sin embargo el Estado falló gravemente pues se olvidó de los mineros productores a pequeña escala (artesanos y pequeños) que existen en Perú desde hace 1,500 años antes de Cristo (a.C). A estos se les dejó a un lado y solo se les legisló en base a presiones de los mismos mineros artesanales y pequeños. Sin embargo la legislación fue parcial, es decir solo para determinadas empresas o localidades mineras muy bien organizadas, donde existe minería informal (distinta a la minería ilegal) a pequeña escala.

Esta conceptualización de los mineros a pequeña escala en formales e informales no ha servido para protegerlos, ya que la policía, los fiscales, los jueces, los funcionarios de instituciones relacionadas con la minería y otros, continúan acosando, persiguiendo, apresando, despojando a los productores mineros a pequeña escala del fruto de sus trabajos, por quienes finalmente han sido sus mismos verdugos pues se trata de los que a propósito y con mala fe no distinguen entre formales, informales e ilegales. De esta manera el Estado y su nefasta e inmoral burocracia relacionada con la minería informal a pequeña escala ha logrado en 25 años anatematizar a estos trabajadores mineros, perseguirlos como delincuentes, encarcelarlos y robarles el fruto de los trabajos. 

No se equivoca Gladys Tapia, empresaria minera que preside la Asociación de Mineros Informales del Perú (AMIP), al acusar directamente a la inmoral burocracia diciendo: “Hoy consideramos que la burocracia es la madre de la corrupción porque fue y es un peligro para nuestra sociedad y humanidad, ya que alberga y albergó a una gran cantidad de corruptos que solo vulneran los derechos de los peruanos y es freno al desarrollo económico, sobre todo en los pueblos recónditos donde la burocracia solo fomentó más extorsión, delincuencia, represión, conflictos sociales y robos”.

Es muy lamentable la paradoja humana que ocurre en el mismo escenario social donde se producen toneladas de oro anualmente que equivalen hoy a más de 3 mil millones de dólares USA que se generan en medio de la más extrema pobreza: hombres con muy menor esperanza de vida que el resto del país, población de más de 2 millones de habitantes con alto porcentaje de enfermedad, mal alimentada y contaminada con mercurio, niños que trabajan y no estudian, prostitución juvenil y delincuencia, etc. son productos de este grupo social minero informal sin instituciones, sin orden y con la  moral corroída.