¿Dirección de Inteligencia o de hostigamiento?

La continuación durante los regímenes post Fujimori del espionaje a personas vinculadas al quehacer político nacional es una muestra de lo poco enraizada que está la idea democrática en el Perú, y aunque todos queremos comer de los frutos que ella trae, poco hacemos por cultivarlos. Parece haber continuado luego de la huída del japonés que usurpó la Presidencia de la República y que le dio tinte industrial, que se apuntara día a día con destruirla por la ignorancia y por la angurria de poder o por la desenfrenada ambición económica.


Norberto Bobbio, cuya lectura aconsejo en sus diversas obras, señala que una de las diferencias entre el Estado totalitario o los gobiernos autocráticos y la democracia, es precisamente que en los primeros el Estado controla a la persona, mientras que en la segunda, la persona controla al Estado.


El Estado sólo debe de saber de las personas aquello que hace a su seguridad como país (la llamada inteligencia o contrespionaje internacional) o sobre aquellos que perteneciendo a nuestra sociedad pretenden desfigurarla y herirla severamente a través de la comisión de delitos muy graves que rompen el entramado social.


Para lo primero está el Ministerio de Defensa y las capacidades, civiles o militares, que se instalan para ese propósito al mando directo del Presidente de la República. Ellos no pueden franquear los límites ni convertir en sospechoso, por falta de cualquier razonabilidad, de espía o de agente extranjero a ninguno de los que han sido mencionados como "grabados" en estos lustros luego de la huida del japonés que usurpó la Presidencia de la República y que le dio ribetes industriales a este despropósito.


Este no es un espacio discrecional para el poder, exento de control constitucional, ni aun cuando el Presidente se refugie en su calidad de primer mandatario. Un atropello significa un exceso de poder, una desfiguración del sistema político. El Presidente, en su momento podrá ser enjuiciado por la comisión de este delito.


Por eso es que deberá tener colaboradores de la más alta capacidad y confianza para que, si se comporta dentro de los cánones del sistema en que fue electo, no lo traicionen tratando de conseguir información de personas que realizan sus actividades permitidas por la Constitución aunque ellas resulten ser incómodas para el que gobierna.

Para lo segundo está el Poder Judicial, los jueces, a quienes se habrá de requerir la realización de distintas tareas de seguimiento o de escucha o análisis de sus actividades conectadas con esos delitos execrables. Son ellos los que deben de autorizar esa actividad y definir sobre qué personas ha de ejercerse y la extensión en que se ha de producir. Así funciona un Estado democrático y constitucional de Derecho.


Cualquier funcionario no puede asumir esta iniciativa. No tiene competencia para ello. Esto responde al principio de separación de poderes y funciones que es esencial para que no se concentre el poder y se mantenga en alto la libertad, a la vez que se da espacio para combatir eficazmente a quienes pretenden secuestrar o a quienes trafican droga o a quienes destrozan el país a través del terrorismo.
Lo que ha sucedido en los últimos años en el Perú es inaceptable. Lo que sigue sucediendo es todavía peor. Convertir en enemigo a quien discrepa es desnaturalizar el sistema, es dar el mensaje de una vocación de omnipotencia que no tiene nada que ver con el Presidente de una nación democrática.


Todos esto, además, con el agravante que muchas veces esa actividad se utiliza con fines de chantaje personal o de beneficio comercial y se vende a quienes quieren información que deben de apreciarla sólo en el curso de las abiertas actividades de la competencia en el mercado de bienes y servicios. En este caso, además, se comete el delito de usar los bienes y la función pública en beneficio particular o de terceros, lo que deberá dar al traste en la cárcel a quienes dan los encargos para que esto se haga (los que coimean para lograr esa utilización y esa información) y a los operadores mismos que creen que esos bienes son suyos o los pueden utilizar como quieren.


Finalmente, leí que un exministro decía que la calificación y ordenación de la información que sale en los periódicos o que aparece en la televisión o se escucha en la radio no debe de alarmar a nadie. ¡No, señor! ¡Si tiene que alarmar! Si el presidente, en su calidad de líder de una organización política quiere hacer esa tarea de recopilación, debe de utilizar a su propia organización partidaria, que recorte periódicos, revistas o panfletos, o que vean televisión, pero no pueden tener a cuenta del Estado oficina pagada, materiales y privilegios para hacer una tarea que no es de interés del Estado y es contraria al espíritu pluralista que debe regir la democracia.


Este análisis sólo es válido cuando, en una oficina de prevención de conflictos se hace análisis sobre las expresiones públicas o las manifestaciones de quienes están preparando uno, pero si no hay delito involucrado en esa actividad, no hay necesidad de espiar. Basta con que los funcionarios encargados la recopilen y ordenen en el marco de sus actividades y con propósito de ellas.


Otro tema en el que el Presidente Humala y su gobierno se equivocan y actúa mal, como se señala que en este punto se equivocaron y actuaron también mal los gobiernos de los presidentes García y Toledo. Claro que eso no autoriza a que porque los anteriores actuaran de la misma forma como actuó la dictadura, esta execrable actividad tenga que perpetuarse.


¡El Perú debe de cambiar! y debe de hacerlo hacia una democracia y quienes los gobiernan deben de ser los primeros que deben de entender lo que eso significa. Caso contrario, irán contra el sistema y cometerán delitos que se deberán juzgar más temprano que tarde.




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