La preocupante desprotección constitucional de los peruanos

Cuando se restituyó la democracia en 1980, los peruanos entendimos a raíz de la promulgación de la Constitución de 1979 que nuestros derechos fundamentales no sólo estaban catalogados en un texto y que debían de servir de guía a los gobernantes para comportarse con los administrados respetando esas atribuciones, esas facultades que el Estado le había reconocido al individuo.

Como el Poder Judicial en los años previos no había tenido una actitud audaz o innovadora, como se dejó ganar por la omnipresencia del poder inmediato en cualquiera de sus versiones: legislador, ministro, policía, burócrata, fueron muy escasas las veces en que hizo carne esos valores y principios muchos de los cuáles habían sido recogidos tanto por la Carta de 1933 como, antes de ello, por la de 1919.

Los jueces en su gran parte se mostraban genuflexos, más que consecuentes con el poder, obsecuentes con él, vale decir, ni siquiera esperaban que se les ordenara o insinuara, sino que ellos adivinaban cuál debía ser el resultado de su resolución para agradar a quienes estaban en los otros poderes, en los poderes políticos del Estado.

Es por eso que cuando el gran Javier Valle Riestra incorporó a la Constitución de 1979 las figuras de las garantías constitucionales extendiéndolas no sólo a la libertad persona, sino a todos los derechos fundamentales, se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales de España y en la línea de lo que había planteado en el primer cuarto del siglo XX el gran jurista Hans Kelsen.

El Poder Judicial, que se había sentido como si de verdad fuese el que resolvía de acuerdo a derecho las disputas que se daban en el Perú, protestó y casi exigió que esa institución no se crease y que se les encomendara a ellos esta tarea. Valle Riestra les señaló que ello era imposible, porque esa capacidad que habían tenido desde siempre por el solo hecho de vivir en un Estado de Derecho, no la utilizaron y se refugiaron en cuanta leguleyada hubiera para no defender al individuo frente a los abusos del Estado.

Les recordó que, en la línea de lo que cuentan del viejo vocal supremo, que callado atestiguaba la discusión que se llevaba a cabo en la Sala Plena acerca de si concurrían a saludar al golpista Benavides que había dado un golpe de Estado contra Billinghurst, habían preferido siempre la quincena a la historia, la librea a la toga.

Para no dejar el relato a medias, cuando todos los vocales habían hecho protesta de su independencia y que no reconocerían al usurpador, ese magistrado más viejo rompió su silencio y les hizo una pequeña reflexión: “todo eso está muy bien, pero, ¿quién nos pagará nuestro sueldo a fin de mes?” Resultado, a las pocas horas todos estaban en el besamanos del advenedizo.

Como siguieron protestando se terminó aceptando que se le daría al Poder Judicial la posibilidad de reivindicarse y de resolver cuestiones constitucionales, pero siempre bajo el contralor del Tribunal de Garantías Constitucionales, por eso la norma estableció, sin excepciones que este Tribunal recién creado sería competente para conocer en casación “las resoluciones denegatorias de la acción de habeas corpus y la acción de amparo, agotada la vía judicial”. Vale decir, era una salvaguarda de la Carta constitucional en favor de los ciudadanos frente a esta defección atávica del Poder Judicial.

El texto de 1993 siguió en la misma línea y señaló que le competía al TC, “conocer en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento”.

Otra vez, se ponía la salvaguarda frente a la defección, se plasmaba en texto la profunda desconfianza (no obstante todo lo que manipuló la dictadura al Judicial, o, de repente, conocedores de la manera como se doblegaban).

Hay que fijarse que aquí no dice que el Tribunal Constitucional puede decidir las causas que atenderá y las que no atenderá. En ambos casos se habla de todas, no se distingue y nadie que no sea el propio constituyente puede distinguir donde la ley no distingue.

Pero se ha presentado en el Perú dos fenómenos preocupantes. El Poder Judicial quiso hacer buena letra y llegó a crear Juzgados y Salas Constitucionales, precisamente para que jueces especializados en esta rama del Derecho que es esencialmente material y a la que la formalidad se subordina, pudieran garantizar pronto reparo a los agredidos.

Lamentablemente hace algunos meses asistimos al desmantelamiento de los juzgados y salas constitucionales. Vale decir, parece que el Poder Judicial se olvidó de su propósito de enmienda y sin ningún dolor de corazón hoy remite a quienes reclaman sus derechos constitucionales a las largas esperas de quienes tramitan sus juicios ordinarios por derechos importantes pero ni tan urgentes ni tan fundamentales para los quejosos mismos y para la sociedad.

Segundo, el Tribunal Constitucional, en resolución por demás discutible (y es interesante que el propio TC a través de su Centro de Estudios Constitucionales haya invitado a reflexionar sobre esto) ha emitido una resolución donde se arroga una competencia que no tiene, la de dejar de ver el fondo de los asuntos que vienen para su revisión como consecuencia de resoluciones judiciales que agreden los derechos constitucionales de las personas en su materialidad o en su desarrollo procesal)

Con esto, los peruanos cada vez quedamos más a merced de quienes casi como fórmula pretenden que los peruanos frente a la burocracia no tenemos derechos, o a los abusos que los más fuertes económica, social o militarmente, perpetran contra sus congéneres.

Ni el Poder Judicial quiere cumplir la función que reclamó, ni el TC quiere cumplir a cabalidad la función para el que fue creado dentro de un estado que privilegia a la persona, a la que hoy, a través de una interpretación por demás cuestionable y a mi criterio inconstitucional y hasta ilegal, deja sin amparo frente a esas contingencias que son más frecuentes de lo que puede el común de las personas imaginarse. En suma, al ciudadano se lo deja en el aire.

Todo esto con el agregado adicional que pareciera querer instalarse una corriente de irrevisabilidad de las resoluciones judiciales en sede de garantías lo que es exactamente contrario al texto mismo de la Constitución, de la ley de amparo original, incluso, del denominado Código Procesal Constitucional.

Esta es una forma como se expresa el hecho que la persona deja de ser fin supremo. Esperamos que esta línea no se plasme y se desmorone rápido, y aunque sea pesado y caroso, se entienda siempre que el artículo 1° de la Constitución y aún el art. 1° del texto de la dictadura, están por encima de esas pesadeces del cargo para el cual postularon y el mismo que se les encargó, a su pedido.




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