"LAS FALLAS EN LA TELEFONÍA Y EL ROL DEL ESTADO"

Cada día parece empeorar el servicio de telefonía. No solamente la desconexión con el argumento que las redes están sobrecargadas o muy ocupadas, sino también las interrupciones de las comunicaciones cuando las personas ya llegaron a comunicarse, o, en el caso del internet inalámbrico, las constantes interrupciones de la línea que impiden trabajar concentradamente o, por último, divertirse con los juegos con que uno ha decidido entretenerse.

Lo grave es que a nadie se le dice, cuando va a comprar un aparato, ni creo que tampoco venga dicho en el contrato, que la empresa puede establecer la comunicación siempre que ella pueda de acuerdo a sus redes o al número de conexiones que sirve.
Se supone que cuando una persona compra un teléfono podrá hacer la llamada a quien le provoque en el momento que quiera. En eso consiste el servicio y por eso se paga.

Es claro que la saturación es responsabilidad de quien presta el servicio. Deberá tener la suficiente capacidad para no defraudar a quienes confían en ellos. El momento en que se quiere entablar la comunicación no puede depender de la empresa. Caso contrario, que lo adviertan no sólo en el contrato sino en la publicidad con que enamoran a la gente para que se afilie a esa empresa.
El Estado, a través del ente regulador debería, a mi criterio, obligar a que por cada llamada fallida o interrumpida, las que también deben de contabilizarse, abonar una suma en la cuenta del abonado. No sólo basta no cargarle la llamada que hizo, sino indemnizarlo con el doble del valor de la llamada que no pudo hacer por su incapacidad para atenderlo. La indemnización por la llamada interrumpida debería ser equivalente, digamos, a tres o cuatro veces el valor de lo que va cargándose al usuario por la llamada que se ha cortado.

Ni qué decir de los días que se interrumpe la línea o se bloquea el internet. ¿En algún momento se ha obligado a las compañías no sólo a no cobrar por esos días que no han prestado el servicio, sino también a indemnizar a las personas por no poder usarlo?
Estas son preocupaciones concretas que ayudarán a que mejore el sistema y las personas puedan tener relaciones más fluidas, no sólo económicas (que parece ser que es el único aspecto que le interesa al sector que escribe mayoritariamente en los diarios o arma los programas de radio o televisión) sino de cualquier otra índole. Cada uno ha contratado el servicio por sus propias razones y nadie le dijo que estaría en la prioridad 4 o 5 para tal tipo de llamadas.
Me parece muy bien que las empresas que prestan ese importante servicio hagan utilidades por la tarea que desarrollan, pero también me parece que deben de asumir su responsabilidad para con las personas que les permiten hacer esas utilidades.

Aquí está nuevamente claro el necesario rol supervisor del Estado, porque siendo de muy poca monta cada llamada, los ciudadanos más allá de molestarse, no ocuparán su tiempo en hacer otra cosa sobre la materia. Pero eso sí, sentirán una situación de insatisfacción y de desánimo por la falta de defensa que las autoridades públicas deben de hacer de ellas.

Esperamos que, más allá de los lobbies, los señores del Ministerio, de los entes reguladores y los miembros del Parlamento, afronten este tema con seriedad y fijen de una vez por todas las pautas de verdadera defensa al consumidor.

El Perú, como lo seguimos diciendo, tiene que cambiar. ¿O vamos a seguir soportando el abuso?

 




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