Tv y democracia

La marcha de los jóvenes protestando por la TV basura me ha motivado a escribir estas reflexiones y a presentar nuevamente esta propuesta:

Cada vez es más claro que no puede haber política si no hay comunicación entre elector y elegido. Ese es un circuito que debe de mantenerse por todo el tiempo que dure el mandato bajo pena de la pronta desconexión entre ambos y la desilusión consecuente de quienes habiendo votado por un representante no tienen idea de lo que ellos hacen con el voto que recibieron.

Cada vez es más claro el rol que les compete a los medios de comunicación social en la prolongación y, por qué no decirlo, en la perpetuación del régimen democrático, como dice Bobbio, el único que permite que se cambie de gobernante o de línea de gobierno de manera pacífica.

El que permite la expresión de la dignidad del ser humano y de sus características especiales de libertad e igualdad.

 En una democracia los medios deben de contribuir a que el sistema se perpetúe. Pero eso no se logra cuando los medios de comunicación deciden a quienes consideran y a quienes excluyen de ese circuito comunicativo. En ese rol la TV, la radio y la prensa escrita tienen una responsabilidad social que debe de satisfacerse.

No sólo los de señal abierta porque ellos usan un recurso que es del Estado y del que ellos disfrutan y a través del cual lucran por cánones verdaderamente ínfimos. Sino también los que se propalan a través del cable, pues se dirigen a un bien que los economistas ya no dudan es un bien proporcionado por el Estado: el mercado al que se dirigen.

Pero la política, que es el arte de gobernar un pueblo en el que debe de permitirse la cada vez mayor y mejor participación del mismo, es algo que niega la televisión. Los espacios donde se habla de política, de alternativas, de propuestas (no de acusaciones y descalificaciones mutuas) son cada vez menos. Esa televisión privilegia el escándalo a la propuesta. Prefiere lo notorio a lo notable. La velocidad de las noticias a la reflexión que exige la adopción de decisiones de Estado. Todo quiere pasarlo por su rasero que no es el mismo que debe de servir para medir otras actividades y especialmente esta de conducir a una nación.    

Se invita a los programas a aquellos que coinciden con la línea del conductor, el que a su vez debe de coincidir, para mantener su espacio, con la línea de los dueños del canal o estación. Caso contrario lo expectorarán de ese medio, como pasó con César Hildebrandt (acordémonos de los vladivideos) o con Andrea Townsend y muchos otros casos.

A esos que están en la línea se les da cámaras y micro. A los que se oponen a esa línea se les convoca cuando estiman esos conductores que los podrán apabullar con sus interrupciones o con algún “informe” con el que les tenderán una emboscada sin haberles avisado previamente de lo que se trata para que puedan prepararse y defenderse de las acusaciones. Si concluyen que la causa que estos políticos auspician no les simpatiza o no concuerda con los intereses que ellos representan y que no los podrán vencer en ese espacio a pesar de sus malas artes, entonces lo ignorarán. Harán de cuenta que no existen.

Es por ello que se hace necesario que se produzca una norma que exija a los medios que durante media hora al día (tres horas a la semana, el 1.68% del tiempo de emisión) en distintos horarios, los distintos partidos representados en el parlamento o en el gobierno regional o municipal, puedan dirigirse directamente a la población sin intermediarios, expresando sus puntos de vista y dando a conocer a la población el porqué de sus decisiones. De esta forma, aunque el elegido no sea de la simpatía de quienes tienen la fortuna de poder regentar un medio, no perderán el contacto con quien los eligió, ni los electores dejarán de ver a quien ellos han decidido que los represente. Estarán en mejor posición para tomarles cuentas. Para decidir qué hacer en la próxima elección juzgando ellos mismos y no a través de comentarios que se presentan como imparciales cuando son totalmente parcializados, si insistirán en ese partido o en esos personajes o si los cambiarán por otros o por nuevos planteamientos.

 Nada de esto se podrá tomar como violación a la libertad de prensa, cosa que, es casi seguro argumentarán en voz muy alta quienes hoy tienen el mango de esa sartén. En ninguna parte del mundo un tributo en especie equivalente al 1.68% podría ser considerado abusivo o confiscatorio.

 Hay quienes dicen que eso debe de pagarlo el Estado. Eso no es así. Es la contribución que se le ha de exigir a los medios para la perpetuación del sistema democrático.

 Tampoco se podrá tomar como una violación a la libertad del dueño del medio, porque las 23 horas y media restantes del día podrá decir todo lo contrario o desmenuzar aquello que ese partido o ese actor político dijo durante los minutos que le tocaron en esa oportunidad.

Lo que sí se permitirá es evitar los encajonamientos, los etiquetamientos que se pretende hacer desde los medios a aquellos que discrepan con los que hablan, escriben o emiten desde esos canales o emisoras.

¿Se atreverán a proponer una norma como esta los congresistas? O, como casi nos estamos acostumbrando, primero voltearán casi a adivinar la cara de quienes conducen esos medios para actuar como creen que a ellos les complacería que actuaran y de esa forma no desparecer del circuito mediático que les garantiza notoriedad, aunque nunca les permita elevarse a la notabilidad.

 Para que el Perú cambie, para que la democracia se afirme, este es un paso absolutamente necesario. Todo poder debe ser limitado para que la democracia subsista. Toda actividad debe de ser funcional a la democracia.




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