EL EFECTO ODEBRECHT

 

ALEXIS GONZALEZ- TELLO

El escándalo de la corrupción sigue causando estragos en lo político y en lo económico. La caída de la constructora brasileña ha terminado por arrastrar a Graña y Montero, la mayor empresa de ingeniería y construcción del país. 

Se estima que una eventual fractura financiera de GyM supondría una pérdida de 15 mil empleos directos y 50 mil indirectos. La exposición de aproximadamente mil millones ante los bancos ha comenzado a poner nervioso al sector financiero. Las mismas AFP han mostrado su preocupación por la pérdida de 50% de su capitalización bursátil. A medida que avanzan las investigaciones, el contagio podría extenderse, afectando otros grandes proyectos de inversión pública.

Si bien la disminución del valor de las acciones de GyM no significa necesariamente pérdidas para las AFP, si se ha trastocado el elemento fundamental de un mercado dinámico y de una democracia estable que es la confianza. Los efectos para la constructora peruana podrían ser devastadores. Graña y Montero se ha apresurado en afirmar que el directorio nunca supo de las coimas o actos de corrupción de Odebrecht. Aunque ante un juez en Brasil, Barata ha señalado que la empresa conocía de los sobornos supuestamente pagados al ex presidente Toledo para obtener la concesión de dos tramos de la Interoceánica Sur.

Según el ministro de economía, Alfredo Thorne, este año el Perú crecería un punto menos por la paralización de proyectos a cargo de empresa brasileña. Es el caso del megaproyecto energético Gasoducto Sur, con el que se busca masificar el consumo de gas en el sur del país. Ello sin contar el efecto en el Producto Bruto Interno la paralización de las obras de Olmos en Lambayeque y Chavimochic III en la Libertad. Según Juan Mendoza, ese punto porcentual equivaldría a toda la actividad pesquera de un año, es decir entre 2,000 y 2,500 millones de soles menos de creación de riqueza para el país.

Ante este panorama el Congreso aprobó la norma que duplicará el plazo de prescripción de los ilícitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares.  Asimismo, se plantea la imprescriptibilidad en los delitos "más graves o recurrentes". Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia también han aprobado la imprescriptibilidad.

La corrupción aparece profundamente enquistada en la administración pública. Han sido varias las experiencias en que personas con claros indicios para su procesamiento se libraron de condenas por la prescripción. Señalábamos que una medida acertada en la lucha contra la corrupción es la efectiva eliminación del secreto bancario, así como obligar a todos los países a compartir su información. 

El gobierno debe concentrar sus esfuerzos en la reactivación de la inversión privada y estimular la demanda agregada, también luchar frontalmente contra el mal endémico de la corrupción. Creíamos que la corrupción fujimorista de los noventa formaba parte de la historia, las revelaciones del Caso Lava Jato nos generan la misma indignación.

De cara al bicentenario del Perú, el gobierno de PPK tiene una estupenda oportunidad para atender este sentimiento de indignación y dar señales concretas de prevención y sanción de manera ejemplar. Queremos un país libre de este mal y la lucha nos compete a todos.

 




Martes 21 de Febrero de 2017

 

POR ALEXIS GONZALEZ TELLO

Todos hemos visto hasta el hartazgo las noticias sobre el escándalo Lava Jato y como...