ODEBRECHT Y LOS PARAISOS FISCALES

 

POR ALEXIS GONZALEZ TELLO

Todos hemos visto hasta el hartazgo las noticias sobre el escándalo Lava Jato y como la crisis moral en la política peruana se ha convertido en un mal endémico. La Fiscalía viene investigando a Alejandro Toledo por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. El Caso Odebrecht nos recuerda un tema álgido que debería formar parte del debate para luchar contra la corrupción: el de los paraísos fiscales y las empresas off shores. Según la Fiscalía del Perú, en el 2013 la constructora brasileña Odebrecht habría pagado sobornos en un banco de Andorra a las empresas off shores constituidas por Jorge Cuba, ex viceministro de Transportes y Edwin Luyo, ex miembro del Comité de Licitación del Metro de Lima.

Hay que recordar que el G20 declaró en abril del 2009, poco después del estallido de la gran crisis, que la era del secreto bancario había terminado. Estaban dispuestos a imponer sanciones para proteger sus finanzas públicas y sus sistemas financieros. Por eso instruyó a la OCDE a que preparara una lista de paraísos fiscales de la que sólo podían escapar si firmaban acuerdos de intercambios de información con otros países.

Si bien en el 2008 Andorra adoptó las normas de la OCDE sobre transparencia e intercambio efectivo de información sobre cuentas bancarias fue únicamente para residentes de países europeos. En el 2015 el gobierno norteamericano acusó a la Banca Privada de Andorra de haber blanqueado millones de dólares de las mafias rusas y chinas. Según la “Lista negra” de los paraísos fiscales establecida ese mismo año por la Comisión Europea, Andorra ocupaba el primer lugar. Cualquier no residente en Europa podría utilizar ese país para esconder el dinero de origen ilícito.

De esta forma, bajo el amparo del secreto bancario se crea un verdadero caldo de cultivo para  múltiples males que incluyen el fraude, la evasión de impuestos, el escape a las regulaciones financieras, la malversación de fondos, el tráfico de información privilegiada, los sobornos, el lavado de dinero, y mucho más.

En mayo de 2013, el Consejo Europeo decidió por unanimidad desarrollar el Intercambio Automático de Información (AEOI por sus siglas en inglés) a escala de la Unión Europea y a nivel mundial con el fin de mejorar la disciplina y la transparencia fiscal internacional.

En febrero de 2014, los ministros de Economía y los gobernadores de los bancos centrales de los países del G20 aprobaron la Norma Común de Declaración para el Intercambio Automático de información. Es así que en marzo del año pasado, 97 países se comprometieron a poner en marcha a partir del 2017 la norma común de declaración y transcribirla a sus normas internas.

Sin embargo, algunos Estados tienen una posición ambivalente y contradictoria en tan neurálgico tema. Por un lado combaten las jurisdicciones irregulares porque reducen su recaudación de impuestos pero por otro son benévolos porque sirven de alivio a sus empresas nacionales.

Si bien el Intercambio Automático de Información podría ser el nuevo estándar global, más de 100 jurisdicciones no han suscrito el AEOI. El principal ausente es Estados Unidos que se rige bajo la Ley de Fiscalización de Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act), aprobada en marzo de 2010 por el Congreso norteamericano y que está vigente desde el 2013. El objetivo de esta disposición es controlar la evasión fiscal mediante la identificación de los ciudadanos y residentes de ese país que tengan fondos depositados en instituciones financieras extranjeras.

Se requiere obligatoriamente que todas las instituciones financieras de fuera de Estados Unidos identifiquen e informen a la autoridad fiscal norteamericana acerca de los depósitos e inversiones que los ciudadanos y residentes norteamericanos mantienen en esos bancos.

Buen inicio aunque insuficiente para luchar contra el secreto bancario a nivel global. La OCDE no tiene suficiente influencia para forzar a los Estados Unidos a suscribir el AEOI. El Perú tampoco participa en dicho acuerdo cuya suscripción haría menos retórica la lucha contra la corrupción que PPK asume liderar.

A pesar de los esfuerzos, el debate viene cargado de intereses. ¿Algún día veremos un mundo más transparente en el que no sea posible ocultar fortunas para evadir impuestos? ¿Podrá la Unión Europea y el G20 luchar contra ese flujo de más del 10% del PIB mundial que se traslada por el mundo en nanosegundos, sin control ni reglas, que no paga impuestos, que proviene de actividades ilícitas y otros crímenes que indignan a los contribuyentes que sí pagan sus impuestos?

A pesar que el secreto financiero global se ha debilitado, sigue vivo y enormemente destructivo. La única manera realista de abordar estos problemas es enfrentándolo directamente al igual que la infraestructura global que lo crea.

Los paraísos fiscales continuarán en el centro del debate y de los intereses financieros desde que son muy útiles para ocultar ganancias, sea con fines de evasión o de acumulación clandestina. Obligar a que todos los países compartan su información es un gran paso y otro sería la efectiva eliminación del secreto bancario. Representan la gran incógnita abierta en el amplio espectro de la regulación financiera pendiente. Difícil pero no imposible.

 




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