¡Por la boca muere! Acerca de las falacias utilizadas por el gobierno para justificar su inacción en el caso Belaunde Lossio

Don David Choquehuanca, Canciller de Bolivia, declaró el martes pasado que con fecha 14 de mayo del año en curso, su gobierno remitió una comunicación a su homólogo peruano proponiéndole día y hora para la entrega del prófugo Martin Belaunde, teniendo en cuenta que la Corte Suprema del país altiplánico se había pronunciado por la procedencia de la extradición solicitada por el Perú. Pero añadió que le llamada la atención que hasta el momento nuestro país no había síntomas de respuesta alguna. 

Esa misma tarde el Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén, que a la sazón se encontraba en ciudad de La Paz haciendo coordinaciones un tanto extemporáneas, ensayó por los medios radiales justificar la actuación gubernamental. Reconoció en primera instancia que, en efecto, no se había dado respuesta a la misiva boliviana, como sostuviera más temprano el Titular de RR.EE. boliviano. Y adujo que ello obedecía a que los abogados del Perú entendían que el trámite no se encontraba concluido, toda vez que la defensa de Belaunde Lossio había interpuesto una demanda de Amparo contra la decisión del CONARE boliviano por haber desestimado la petición de refugio político.  Aunque tal reclamo fue rechazado meses atrás, quedaba pendiente la vista del Tribunal Constitucional de Bolivia. Ante las preguntas periodísticas el Ministro llegó a sostener que adelantarse hubiera sido contraproducente pues cabía la posibilidad de un pronunciamiento a favor de Belaunde y “el gobierno tendría que retornarlo a Bolivia”.

Horas más tarde el Presidente de la República declaraba en el mismo sentido que su Ministro: no se podía extraditar a Belaunde por el trámite jurisdiccional no estaba agotado. En consecuencia, esa era la posición oficial de gobierno para explicar su conducta a la opinión pública. 

Aunque el Ministro Adrianzén logró salir del paso en la entrevista radial, la explicación dista mucho de ser satisfactoria a la luz del Derecho Constitucional. 

En primer lugar, las llamadas Acciones de Garantía o Procesos Constitucionales, como el Amparo o el Habeas Corpus, no constituyen una instancia adicional para los procesos regulares en marcha. En consecuencia, no tienen de por sí la capacidad de interrumpir una ejecución de una decisión judicial, como tampoco se debe esperar el pronunciamiento final para recién proceder.           

En segundo lugar, las demandas constitucionales se interponen cuando se violan los derechos fundamentales. En este caso, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, única razón para intervenir en un juicio o ante una decisión judicial o administrativas adoptada regularmente. Si el magistrado advirtiera este peligro inminente deberá expedir una medida cautelar para paralizar la ejecución del proceso original.  Y sólo mediante esta decisión explicita y fundamentada se puede interrumpir los mandatos judiciales.  En ningún caso, por la mera interposición de la demanda de amparo.           

En tercer lugar, la naturaleza de la Acciones de Garantía de restaurar las cosas antes del agravio a los derechos funciona cuando ello es factible, cuando es posible retrotraer los actos lesivos.  Pero si estos ya causaron efectos, con los daños subsiguientes, el Amparo como remedio jurídico carecerá de eficacia, porque habrá “sustracción de la materia, como dicen los expertos.            

Finalmente, ¿saben más los abogados que asesoran al gobierno peruano que los abogados bolivianos sobre estas asuntos jurídicos? ¿Por qué lo que era factible para los últimos –extraditar a Belaunde- no era dable para los asesores peruanos?           

Una cosa es indudable. El sentimiento mayoritario de la gente que algo extraño ocurría en la repatriación del prófugo, se ve ahora confirmada por las insólitas declaraciones del Ministro de Justicia. El gobierno recurre a todos los pretextos para que Belaunde no comparezca ante los Tribuales peruanos. ¿Por qué será?




Lunes 08 de Junio de 2015

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