CONFUTRIBUTACIÓN

No busquen en diccionario físico ni tampoco en los buscadores electrónicos. Está demás, pues no encontrarán la palabra “confutributación” ni menos su definición. Simplemente no existe tal palabra, se me ocurrió para hacer la presente columna.
 
¿Cuál fue la motivación? Resaltar la confusión que genera la propia autoridad tributaria con falta de precisión e información.
En efecto para los abogados tributaristas, contadores y administradores de empresas, es claro que el Impuesto General a las Ventas, incluido el 2% del Impuesto de Promoción Municipal sigue siendo el 18% y la promesa gubernamental de reducirlo al 17% quedó en nada, no se cumplió lo que se había anunciado con poca responsabilidad en la campaña electoral.
 
Se le dijo, al luego ganador de la lid electoral, que la propuesta no tenía sentido pues los ingresos fiscales estaban a la baja al haberse reducido la recaudación tributaria y al no haber posibilidad de aumentarla con la asimismo prometida formalización del sector informal. Hasta el menos versado en la temática impositiva sabía que la proposición era imposible, más si se tiene en cuenta que la creación de un sistema tributario singular para las MYPES no resolvía los adeudos tributarios, los de seguridad social y pensionarios, así como tampoco los incumplimientos de la normativa municipal, de defensa civil, y laboral. A quien se formalizara le caería la “quincha” como antiguamente se decía.
 
Recordemos el precedente, cuando se redujo el IGV del 19% al 18% (incluido el IPM) por Ley 29666 en el año 2011, “vendiéndose” la idea al público consumidor de bienes y servicios, que el punto porcentual que el Estado dejaba de percibir se traslada a los precios. FALSO, salvo en los precios fiscalizados como energía eléctrica, hidrocarburos y agua, los proveedores de los demás bienes y servicios no trasladaron nada y se beneficiaron de la reducción tributaria.
 
Cuando por fin el Gobierno se dio cuenta de la imposibilidad de reducir el IGV (incluido el IPM) del 18% al 17%, emitió por el Decreto Legislativo 1347 que disminuyó el IGV (incluido el IPM) del 18% al 17% a partir de julio del 2017, bajo la condición que “la recaudación anualizada al 31 de mayo de 2017, del IGV total neto de sus devoluciones internas alcance el 7.2% del PBI” de acuerdo a la información del BCR y la SUNAT.
 
Obvio, no se cumplió con el requisito para bajar la tasa del tributo, pero ello no fue informado a los contribuyentes, lo que era facilísimo de hacer con un simple comunicado, sea en medio de prensa escrito como el diario “El Peruano” o en la página web del ente recaudador. La omisión informativa generó dudas a los contribuyentes que recurrían a los orientadores tributarios de SUNAT sin encontrar respuesta. El Código Tributario de adorno.
 
No se debe maltratar a los contribuyentes, quienes por lo menos tienen el derecho a saber oficialmente las tasas que deben tributar. No debe volver a suceder.
 




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