Delegación y fiscalización

 

El Congreso de la República al iniciar el último cuatrimestre del pasado año, delegó en el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar en diversas materias y por el plazo de 90 días, que ya se cumplieron y dentro del cual el Gobierno ha dictado 112 decretos legislativos.

El Poder Legislativo se encuentra fiscalizando los decretos legislativos y ya se han alzado voces que reclaman por ello o por lo menos insinúan que todos los decretos legislativos sancionados por el Gobierno deben ser ratificados.

Pues bien, vamos por partes y cucharadas, el Congreso de la República es la autoridad originaria y primigenia para dictar las leyes, pero la Constitución con sabiduría le permite delegar su facultad legislativa al Poder Ejecutivo.  Las normas que emita el Gobierno mediante el ejercicio de la delegación mencionada tienen determinadas características y condicionamientos. Tienen que ejercerse mediante la dación de decretos legislativos, únicamente para las materias de delegación que tienen que definirse con claridad en la ley autoritativa, y por último emitirse ellos dentro del plazo concedido por el Congreso.

¿Puede el Gobierno emitir decretos legislativos para todo tipo de materias? No, únicamente para las delegadas, estando impedido por mandato constitucional de sustanciar reformas constitucionales, aprobar tratados internacionales, dictar leyes orgánicas, así como la Ley del Presupuesto y la de la Cuenta General de la República.

¿Puede el Gobierno expedir decretos legislativos en cualquier momento? No, únicamente dentro del plazo concedido para ello.

¿Con la dación de los decretos legislativos por delegación de facultades termina todo, y a cumplirse con ellos?  No termina, pues la Constitución ordena al Presidente de la República dar cuenta al Congreso o a su Comisión Permanente de cada decreto legislativo.

¿Basta con informar al Congreso? De ningún modo, no es informar sino “dar cuenta” y se da cuenta para que el Congreso, quién otorgó el mandato temporal legislativo al Poder Ejecutivo, pueda verificar situaciones de forma y de fondo.

Al fiscalizar los decretos legislativos el Congreso verifica aspectos materiales, como por ejemplo si los decretos legislativos fueron emitidos dentro del plazo conferido para ellos, al igual que analiza si las materias legisladas son las que le fueron delegadas.

En cuanto a los aspectos de fondo el Congreso tendrá que ver que los dispositivos emitidos a través de su delegación no infrinjan la Constitución, y como cualquier poderdante revisar si lo hecho por el apoderado, en este caso el Gobierno, le complace o no.

De haberse dictado decretos legislativos más allá de la finalización del plazo para ello, o fuera de las materias delegadas, o contraviniendo la Constitución, el Congreso procede a dejar sin efecto las normas cuestionadas.  Empero puede ir más allá, y si no estuviera de acuerdo el Congreso con el texto aprobado por el Ejecutivo, también puede objetarlo, modificándolo o dejarlo sin efecto, lo que podría hacer incluso posteriormente, mediante su atribución constitucional de modificar y derogar las leyes.

En las democracias tiene que existir balance de poderes, con pesos y contrapesos, y la revisión de las normas emitidas por delegación, es parte del contrapeso congresal.

Ántero Flores-Aráoz

 




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