El congreso en otra

Como es generalmente conocido, el Congreso tiene tres funciones principales, la legislativa, la fiscalizadora y la de representación; y según los acontecimientos tendrá que privilegiar en ciertas  circunstancias alguna de ellas.

Con las intensas lluvias que originan crecidas de los ríos, desbordes más allá de lo esperado, fuertes huaycos, rotura e interrupción de carreteras, camiones con productos alimenticios que no pueden llegar a su destino y que se tornan inservibles, pérdidas humanas y destrucción de inmuebles; supusimos que el Congreso estudiaría el asunto y buscaría para el futuro regulaciones legislativas que hicieran posible mitigar oportunamente los efectos de las catástrofes naturales. 

No olvidemos que las inclemencias de la naturaleza también afectan al comercio internacional, pues nuestros productos de exportación no se embarcarán a tiempo y originarán retrasos con sus sanciones, y no contaremos en el momento previsto con hacer efectivas las cartas de crédito emitidas para el pago de las exportaciones.

Supusimos mal al creer que el Parlamento responsablemente afrontaría la situación, y ello por no acordarnos que el actual Congreso está a espaldas de la realidad y prefiere estar enfrascado en temas de menor relevancia como castigar a un gabinete por responsabilidad política, al haber estado la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, hurgando en los Registros Públicos para conocer el patrimonio de parlamentarios y otros políticos. 

Impulsaron la sanción muchos parlamentarios porque la DINI, con excesos por cierto, hizo la labor para la que fue creada y tal como existe en todos los países, esto es: tener información como acto de previsión para evitar accionar contra el Estado, perpetración o complicidad en delitos de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos y corrupción.

Los últimos huaycos han demostrado la falta de preparación y precaución para atender sus efectos, pues conociéndose de antemano por las laderas y cauces que bajarán lodo y piedras, causando destrucción y muerte, hasta ahora no tenemos la legislación que permita la inmediata reacción del Estado, la automática remoción de obstáculos administrativos y presupuestales para atender la emergencia.

A ello se suma que ante las calamidades, existen personas que dolosamente se aprovechan de la situación y roban en viviendas particulares y en comercios, aprovechándose del desorden y falta de seguridad existentes, lo que debe ser castigado con sanciones más severas que tendrá que normar el Congreso.

Pero lo expuesto no es todo, ya que es recurrente que siempre tengamos destrucción de inmuebles, debido a los huaycos, pues existen familias que se han asentado en lugares que son peligrosos, y que pese a las exhortaciones de las autoridades no han movido el lugar de sus viviendas a lugares seguros.  ¿Puede estar el Congreso impasible ante ello?  Estimamos que sería irresponsable, tiene que generar regulaciones legales que permitan administrativamente las reubicaciones compulsivas de viviendas, comercios y otras edificaciones.

No pretendemos que el Congreso deje de fiscalizar ni de ejercer control político, pero si de privilegiar lo urgente respecto a lo que se puede posponer.  Los ciudadanos exigimos mayor responsabilidad a nuestros parlamentarios.

 

 




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