D.L. 1198: un paso hacia adelante en la gestión del patrimonio cultural

Son ampliamente conocidas las limitaciones que el Ministerio de Cultura tiene para una eficiente gestión del patrimonio cultural del país, tales limitaciones son presupuestarias y a esto se suma la evidente carencia de liderazgo del sector. El ministerio de Cultura es el tercer ministerio con menos presupuesto en un país que vive del turismo, según el INEI este rubro durante el 2014 ocupó el cuarto lugar en generación de divisas después de los productos mineros, petroleros, agrícolas y agropecuarios; representó el 3.75% del PBI y generó más de un millón de empleos. De los 3 millones 300 mil turistas extranjeros que ingresaron al país durante el 2014 se registra que un millón de ellos visitaron monumentos arqueológicos y museos; de los turistas nacionales durante el mismo año se registran casi 2 millones de visitas, estas cifras revelan la importancia que tiene el Patrimonio Cultural como eje de desarrollo además de su indiscutible valor histórico.

No se conoce con precisión la cantidad de sitios arqueológicos  existentes, pero hay un consenso en que la mayor parte de estos sitios no estarían registrados como bienes integrantes del Patrimonio Cultural, por lo que se encuentran a merced de huaqueros, traficantes de terrenos y en el mejor de los casos simplemente ignorados. En ese sentido cabe mencionar la falta de liderazgo del Ministerio de Cultura para fortalecer sus direcciones desconcentradas, garantizar a través de ellas la conservación del patrimonio cultural y hacer autosostenible su gestión; si esto  no es posible, menos aún que su influencia se amplíe a otros sectores que por ley están en la obligación de contribuir a la preservación de estos bienes, como municipalidades locales y gobiernos regionales. Lo señalado nos obliga a reconocer que el Ministerio de Cultura sólo, no se da abasto para gestionar el gran número de sitios arqueológicos que se encuentran en el país, situación que no debe ser aceptada y cualquier reclamo en torno a ello es justo; sin embargo el ímpetu por la inmediatez de soluciones debe  considerar que las condiciones que enmarcan el problema plantea tomar acciones que son parte de un proceso más extenso.

El D.L. 1198 sería una etapa en este proceso, que debe ser considerado como una alternativa viable antes que una amenaza. Debido a algunas interpretaciones antojadizas que faltan a la verdad sobre esta modificación al numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, es necesario citar la modificatoria completa:

 

“Todo bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación de carácter prehispánico, es de propiedad del Estado, así como sus partes integrantes y/o accesorias y sus componentes descubiertos o por descubrir, independientemente de que se encuentre ubicado en predio de propiedad pública o privada. Dicho bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación tiene la condición de intangible, inalienable e imprescriptible, siendo administrado por el Estado. El Ministerio de Cultura podrá otorgar a entidades públicas y/o privadas, mediante Convenios de Gestión Cultural, la administración de determinados componentes de dichos bienes inmuebles, para coadyuvar a su protección, investigación, conservación, restauración, exhibición, difusión y/o puesta en valor sostenible, pudiendo incluir la administración de servicios complementarios según los alcances que determine el Ministerio de Cultura en los respectivos Convenios de Gestión Cultural a suscribirse. Todo Convenio de Gestión Cultural deberá conservar el significado cultural del inmueble objeto del Convenio y promover el acceso y uso social del mismo. Dicho Convenio se otorga bajo la modalidad de concurso de proyectos y su vigencia no podrá ser superior al plazo de diez (10) años. Los Convenios de Gestión Cultural no incluirán a los sitios del Patrimonio Mundial, ni eximirán el cumplimiento de los procedimientos estipulados en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, ni conllevarán el uso de garantías del Estado o transferencia de recursos públicos a entidades privadas, con la sola excepción de los recursos recaudados por el boleto de ingreso. (...)"

 

Como se puede leer en la modificatoria el bien inmueble no perdería su condición de intangible e inalienable, tampoco sería privatizado sino que su administración sería otorgada por un plazo no mayor a diez años; estarían además excluidos de los convenios los sitios declarados como Patrimonio Mundial como el Santuario Histórico de Machu Picchu, la Ciudad Sagrada de Caral, Chan Chan, entre otros; el D.L. 1198 por tanto representa una alternativa a la situación actual en la que se encuentra nuestro patrimonio, no solo en peligro de ser dañado, también ignorado por la mayoría de la población debido a la forma tradicional en que se ha manejado el patrimonio cultural, aparentemente con escasa voluntad de socializarlo. El decreto legislativo abre la puerta a compartir la responsabilidad con otras entidades, públicas y privadas en un país con una inmensa riqueza cultural que precisa de más agentes involucrados en su conservación.

La oposición que surge de las preocupaciones en torno  al D.L. 1198 son comprensibles, pero no pueden  convertirse en una versión del perro del hortelano en lo que a Patrimonio Cultural de la Nación se refiere, pues aleja del propósito de consolidar el orgullo y la identidad de la población a través de la puesta en valor de sus bienes culturales, en tanto se difundan y exhiban más personas podrán acceder a ellos.  Lo que debe preocupar es que se reglamente sin atentar contra el espíritu del decreto, que los modelos de convenio contemplen su supresión en caso de no respetar las cláusulas establecidas, lo cual contribuiría a fortalecer las Direcciones Regionales de Cultura en su rol de supervisión y que dicha suscripciones de convenios se realicen de manera progresiva afín de medir sus resultados.

 




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