DL 1182 viola la privacidad, norma de geolocalización debe cambiarse

El día del hoy, en el marco de los poderes delegados, el Poder ejecutivo ha dado el Decreto Legislativo 1182 - Uso de datos derivados de telecomunicaciones para identificación, localización y geolocalización de equipos para luchar contra delincuencia y crimen organizado.


La misma establece como finalidad:

"Artículo 2: Finalidad


La finalidad del presente decreto legislativo es regular el acceso de la unidad especializada de la Policia Nacional del Perú, en casos de flagrancia delictiva, a la localización o geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos de naturaleza similar (..:)"

Sin duda una finalidad loable, pero el procedimiento deja en el aire temas de constitucionalidad, dado que se ha analizado solo la parte del secreto de las comunicaciones y no lo que se refiere a la privacidad de los datos, tal como contempla la legislación de datos personales.

Pero ¿en qué consiste el procedimiento?

"Artículo 4: Procedimiento

4.1. La unidad a cargo de la investigación policial, una vez verificados los supuestos del artículo precedente, pone en conocimiento del ministerio público el hecho y formula el requerimiento a la unidad especializada de la Policía Nacional del Perú para efectos de la localización o geolocalización.


4.2. La unidad especializada de la Policía Nacional del Perú que recibe el requerimiento, previa verificación del responsable de la unidad solicitante, cursa el pedido a los concesionarios de los servicios públicos de telecomunicaciones o a las entidades públicas relacionadas con estos servicios, a través del correo electrónico institucional u otro medio.

4.3. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones o las entidades públicas relacionadas con estos servicios, están obligados a brindar los datos de localización o geolocalización de manera inmediata, las veinticuatro (24) horas del día de los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento (...)”

Es decir si la Policía considera que es un delito en flagrancia y además de más de 4 años y que considere que "el acceso a los datos constituya un medio necesario para la investigación”, solo tiene que pedir los datos y los recibirá, no requiere ni autorización de fiscal (a quien pone en conocimiento), ni de juez (de quien en el artículo 5 del DL 1182 dice que se le informará en un plazo de 24 horas después de informar al fiscal). En buen cristiano se podrá obtener datos de geolocalización sin control de fiscal o juez, y se podrán acceder los datos a solo pedido; ahora bien el juez puede revocar la acción de los datos, pero los datos ya estarían en posesión de la Policía. ¿Y qué harán con los datos que no son autorizados finalmente? ¿Quién los almacenará? ¿Qué protocolo de borrado existirá? ¿Quiénes tendrán acceso?


Y otra pregunta que salta es: ¿El problema de la demora en la coordinación entre policía, fiscalía y jueces se resuelve generando un sistema que puede vulnerar libertades constitucionalmente protegidas como la autodeterminación informática (art. 2 inciso 6), inviolabilidad de domicilio (art. 2 inciso 9) y libertad de tránsito (art. 2 inciso 11)?

Pero en resumen de que se trata la norma:

1. No solo tu Smartphone


Todo aparato que se conecte a la red de telecomunicaciones y que sea geolocalizable esta considerado en la norma.

2. Obtención de datos es a sola solicitud de la policía


Se avisa al Fiscal al mismo tiempo que se requiere a la empresa de telecom que deberá entregar los datos inmediatamente. La fisaclia a las 24 horas después de la solicitud se debe informar al Juez quien puede revocar la solicitud, pero no revoca si los datos ya se obtuvieron

3. No se sabe quién usara los datos


Se dice que habrá una unidad de enlace para obtenerlos, pero no se informa quien podrá accederlos una vez obtenidos


4. Los datos de tráfico (quien llamo, a donde llamaste, a qué hora y de donde) no se consideran como parte de la privacidad
Aunque sentencia Escher (CIDH párrafo 114) considera que los datos técnicos también esta protegidos por el artículo 11 del Pacto de San José, así como está incluido en la Resolución 68/167 de @UN sobre privacidad en el ciberespacio

5. Tu información de llamadas se mantendrá almacenada por 36 meses
las empresas de telecomunicaciones deberán guardar la metadata durante 36 meses, para en cualquier momento ser requerida por la policía.


6. ¿Cuándo podrán solicitar?


Delitos de más de 4 años, en flagrancia y cuando la policía lo considere oportuno para las investigaciones.

En conclusión una norma efectista pero no efectiva y menos aún basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Realmente quiere hacer algo con este tema?, mejore los procedimientos de coordinación entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial, para que los tiempos sean cortos. Las empresas de telecomunicaciones no son el problema en este momento, solo buscan no ser “demandados” después por actuar sin un mandato de autoridad judicial o fiscal, ¿por qué como podrán saber cuál petición de la Policía pudiera violar los derechos humanos?

Solo le dejo una pregunta final Ministro Pérez Guadalupe ¿en quién confiaría usted el que pueda ser ubicado en cualquier momento en base a la posición de su celular? ¿Sabe qué puede pasar? : Que quien controle el sistema no sea tan santo, no tenga los medidas de control adecuados, o en el peor de los casos se viole sus derechos y libertades

Quis custodiet ipsos custodes? ¿Usted Ministro Pérez Guadalupe?

 




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