CONDENADOS POR SU PASADO

 

Aunque parezca increíble, nuestra legislación ha establecido límites muy precarios en materia electoral, que permiten postular a cargos elección popularpersonas que han cometido delitos considerados “muy graves”, permitiéndoles con ello que puedan acceder, por ejemplo, a una curul parlamentaria, a alguna gobernación regional, a alguna alcaldía y por supuesto, a la Presidencia de la República.

Un eficaz catalizador para ello ha sido sin duda alguna, el desconocimiento por parte del elector, del prontuariode algunos candidatos.

Dada esta coyuntura, de un tiempo a esta parte tanto los organismos electorales como diversas entidades de la sociedad civil, han efectuado denodados esfuerzos orientados a proporcionar información a los electores acerca de los antecedentes de los candidatos, buscando con ello proporcionar, de un lado, información sobre los antecedentes de los candidatos y de otro, alentando a la población en caso de ocultamiento de información sobre dichos antecedentes, a la denuncia correspondiente y la anulación de la candidatura. Ejemplos de estos esfuerzos para reducir esta asimetría informativa son la Hoja de Vida, la Ventanilla Única de antecedentes judiciales, entre otros.

Si bien existen ahora mecanismos que coadyuvan al acceso a la información, lo que debería redundar en un voto más consiente y con ello en mejores autoridades, ello no debe ser óbice para que nuestra sociedad se decante por una postura firme respecto a la posibilidad de impedir que aquellas personas que hubieran sido sentenciadas por agraviar directamente al Estado o vulnerar derechos fundamentales, puedan participar en una contienda electoral. Más allá de la rehabilitación que conlleva el cumplimiento de una pena, debe evaluarse antes la idoneidad para postular a un cargo que se origina en la votación popular.

Esto se sustentaen el análisis de la carencia de cualidades que tendría para llevar a cabo una gestión pública exitosa, quien previamente fue condenado, por ejemplo, por delitos de corrupción o peculado. Más allá de algún credo religioso o la consabida rehabilitación, ¿Pondría usted, amigo lector, como gerente de su compañía a quien ha sido condenado previamente por robo o estafa? ¿Le confiaría la gestión de una ciudad a quien fue sentenciado por narcotráfico o terrorismo?

Esta prohibición encuentra además sustentoen diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico si  bien afectan derechos constitucionales, su validez ha sido confirmada incuestionablemente por el Tribunal Constitucional. En este sentido, existen por ejemplo limitaciones para acceder al magisterio para quienes han sido condenados por delitos dolosos; situación similar se encuentra en caso de la carrera judicial.

En este orden de ideas, existiendo supuestos normativos que legalmente afectan derechos constitucionales, consideramos que no existe impedimento, más allá de motivaciones políticas, para impedir que personas no cuentan un nivel mínimo de integridad necesario para el ejercicio de alguna función pública y sobre todo la gestión de recursos públicos puedan tentar, vía una elección popular, a ostentar algún cargo público.

Recordemos que nuestra jurisprudencia constitucional ha establecido con meridiana claridad que todos los derechos fundamentales, entre ellos el derecho de ser elegido,no son irrestrictos, y sus limitaciones serán válidas en la medida que respeten las reglas de proporcionalidad previstas en la propia norma Constitucional. Entendemos que dicha restricción será válida en la medida que no afecte por ejemplo el derecho a acceder a un trabajo, a la libre asociación, a libertad de expresión, etc.

Opinamos, que la actual discusión sobre la reforma electoral que se desarrolla en el Congreso, no puede ni debe dejar pasar la oportunidad de apartar de la vida política y sobre todo de la gestión pública, a quienes han demostrado no contar con las condiciones para ello.

La discusión está abierta.

 




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