El balance revela falta de avance

Ha pasado un año desde que las autoridades electas en las últimas Elecciones Generales asumieron el encargo que el pueblo les otorgó y quince meses desde se conoció la conformación del actual Congreso sobre la base de los resultados obtenidos en la primera vuelta llevada a cabo en abril 2016.

Durante todo este lapso, hemos esperado con ansias las normas necesarias que permitan enmendar el zigzagueante rumbo que materia electoral hemos seguido. Doce meses durante los cuales hemos estado esperando con ansias la llamada “reforma electoral”, la misma que debería devolvernos la confianza en el sistema partidista luego del duchazo de agua fría que recibimos en enero del 2016 cuando de manera irreflexiva, el Congreso de la República entorpeció las elecciones modificando normas electorales en pleno proceso.

Pero veamos en qué estado nos encontrábamos en ese entonces. Siendo sinceros, el anterior parlamento (2011-2016) aunque tímidamente, algo avanzó sobre la materia, y lo hizo impulsado por las necesidades públicamente expresadas por los Organismos Electorales, las mismas que se encontraban respaldadas mayoritariamente por la prensa y por entendidos sobre la materia. En este sentido, el Congreso si bien aprobó algunas normas, éstas fueron simples medidas cosméticas o parches ya que en estricto no calificaban como reforma, pero algo se hizo. Por ejemplo, sin entrar a analizar las bondades o defectos de cada norma, aprobó: 1) La modificación del Reglamento del Congreso adaptando de la legislación colombiana la figura de la curul vacía, norma aún no utilizada, 2) Se prohibió la re elección de autoridades locales, 3) Se aprobaron normas relativas a la inclusión de determinada información en las hojas de vida de los candidatos, 4) Se modificaron normas relacionadas a la revocatoria de autoridades y finalmente, tal como ya dijimos, irreflexiva e inoportunamente, en medio del proceso de elecciones generales 2016: 5) Introdujo a manera de “contrarreforma” normas relacionadas con la valla electoral de las alianzas electorales, endureció los requisitos de inscripción de organizaciones políticas, permitió a partidos conservar su inscripción sin participar en procesos y como joya de la corona, nos dejó el presente griego bajo el formato y nomenclatura de dádivas.

Seamos sinceros. Luego de ese desafortunado escenario que nos dejó el Parlamento anterior, los primeros meses de la actual administración permitieron alimentar en la ciudadanía un espontáneo optimismo, pues con acertado criterio la comisión de constitución del Congreso acordó, por unanimidad, la creación de una subcomisión cuya misión constituiría precisamente el estudio y la elaboración de las reformas a la actual legislación electoral. En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones entregó al Congreso su Anteproyecto del Código Electoral, el cual sería sin dudas un insumo valiosísimo para el mencionado grupo de trabajo. Las cosas parecían encarrilarse, sobre todo porque nos encontrábamos en el momento óptimo para introducir cambios en la normatividad electoral, es decir, luego de un proceso electoral y a dos años del siguiente.

Sin embargo, poco antes de concluir con el valioso encargo, el congresista Gilbert Violeta (PPK) integrante de la sub comisión, sorpresivamente presentó “su” propio proyecto, el cual según refería había sido elaborado por el partido al que representa, lo que generó extrañeza en al interior del grupo de trabajo y luego, una vez concluido el encargo que convocó a la sub comisión, la propia Comisión de Constitución a través de su Presidente, expresó que el producto elaborado no gozaría de la dispensa de ser visto en la comisión, por tanto no se remitiría al Pleno del Congreso. Afirmó además que tampoco sería visto en su integridad pues su análisis demandaría mucho tiempo, concluyendo que el mismo sería abordado por temas.

De otro lado, de parte del Ejecutivo, tampoco se notó en los doce últimos meses ninguna prisa por sacar el tema adelante y ponerlo sobre la agenda política. Las urgencias de la coyuntura (Caso Saavedra, Niño Costero, Chinchero, Contraloría, Odebrecht, Lavajato, Toledo y un largo etc.) pesaron una vez más (como casi siempre) sobre lo trascendente.

Debemos reflexionar que las próximas elecciones regionales y municipales se llevarán a cabo el próximo año y no obstante alguno de los hitos de su cronograma ya se han verificado, por ejemplo, el plazo para renunciar a un partido para poder postular por otro ya se cumplió el pasado 9 de julio y dentro poco se vencerá el plazo para la presentación de padrones de afiliados, sin embargo la endeble base legal sigue siendo la misma, es decir, no se ha regulado el financiamiento partidista, ni la participación de los organismos electorales en los casos de democracia interna, ni la suspensión del voto preferencial, no se ha tratado el tema de equidad de género, mucho menos la regulación de las dádivas, presente griego de la anterior administración que se encuentra actualmente en el mismo lugar donde se encontraba hace más de un año seguido de un largo etcétera. Lo que a mi juicio una agravante, tampoco se ha trasladado el debate a la opinión pública.

Vemos pues como hemos dilapidado el tiempo. Nos encontramos exactamente en el mismo lugar donde estábamos  hace doce meses, no ha habido avance, no ha habido reforma, los problemas denunciados por los organismos electores se mantienen y no parece vislumbrarse en el horizonte salida alguna.

 




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