Saquemos al gato de la despensa

 

La hoy denominada Ley de Organizaciones Políticas, vigente desde noviembre del año 2003, entonces con el nombre de Ley de Partidos Políticos, hoy está en tela de juicio. Hoy nos parece anacrónica, insuficiente, permisiva y débil en muchos aspectos, razón por la cual bajo el rótulo de Reforma Electoral, todas las tiendas políticas exigen su modificación.

Sin embargo, justo es decirlo,tuvo algunos aciertos que conviene destacar, por ejemplo y entre otros, fue el primer texto legal que reguló el financiamiento público directo para los partidos políticos y tuvo el mérito, o al menos el intento, de tratar de lavarle la cara a nuestra incipiente democracia post fujimoratode principios de siglo, estableciendo la obligación que todas las candidaturas a cargos de elección popular, debían someterse previa y obligatoriamente a procesos de democracia interna partidista, es decir, obligó a los partidos políticos que hagan sus deberes y lleven a cabo una sana costumbre: practicar elecciones primarias.

La norma nos parece correcta, ¿Que objeción podría haber en ello?

Como es sabido,empedrado está el camino de los cielos y la norma se quedó únicamente en el nivel de buena intención, y por ello, las críticas –justificadas- que recibió.

 ¿A qué nos referimos? Nuestro legislador, pecando de ingenuo o quizás, pensando maledicentemente, con premeditado cálculo,incurrió en un serió error de diseño legal al permitira los propios partidos políticos llevar a cabo tan importantes procesos de manera autónoma, es decir, realizarlos al margen de la supervisión de los organismos electorales, pues les permitió a los partidos que en sus elecciones primarias, lo que generó dos consecuencias cuyos resultados no fueron previstos:

a) Que los partidos aplicaron sus normas internas,hechas por su puesto a la medida de las necesidades de la cúpula partidista y;

b) Que estos procesos fueran organizados por lospropios tribunales electorales partidista, cuya independencia se encuentra bajo presunción, como quien dice, puso al gato de despensero.

La participación de los organismos electorales en éstos importantes procesos quedó prácticamente al margen, pues quedó librada al albedrío de los partidos políticos que podían (en condicional)solicitar apoyo y asistencia técnica a la ONPE, lo que se tradujode un lado en  poquísimos casos en que dicho apoyo fue solicitado, y de otro, que este apoyo se limitabaa un simple apoyo logístico: papeles, impresiones, cabinas de votación, etc. Para graficarlo: ¿Se imaginan a un profesor preguntar a sus alumnos si quieren rendir una prueba solos o bajo su vigilancia?Bueno, eso es más o menos lo que hizo nuestra Ley al dejar a los partidos llevar a cabo sus elecciones internas de manera autónoma.

Pero eso no es todo. Esta falla de diseño generóun campo fértil para la corrupción partidista, pues muchos partidos en la práctica simulan llevar a cabo elecciones internas, de las cuales solo tenemos constancia en las actas elaboradas y presentadas por los propios partidos.

La reforma electoral no puede ponerse de perfil frente a esta realidad y debe abordarla desde su raíz, pues bajo este esquema normativo, la voluntad de los militantes partidistas en la conformación de las listas de candidatos es nula o cuando menos, si queremos seguir en la línea de ingenuidad normativa, diremos que cuando menos no es respetada. En la práctica, la conformación de listas de candidatos obedece exclusivamente a los intereses partidistas, generando así una suerte de mercado negro de candidaturas, donde el que más aporta económicamente en una campaña, pasa a ser integrante de la lista por encima del militante con trayectoria y aptitudes pero sin recursos.

Esperemos que nuestra clase política esta vez de la talla y no se limite a colocar simples retoques o parches normativos que no podrán aguantar la rotura de la presa y el aluvión que nos esperará en el 2018 con vistas a las Elecciones Regionales y Municipales.

La mesa para la discusión está servida.

 




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