Reglaje o marcaje a políticos fuera de la regla

En los últimos días se habla mucho sobre la noticia de que muchos empresarios, personalidades y políticos (principalmente opositores al gobierno) hemos sido reglados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). En lo personal pude identificar que se ha hecho la búsqueda de mis propiedades y empresas u organizaciones en las cuales tengo personería jurídica, que si bien es cierto es información pública como mencionó la primera ministra Ana Jara en el Congreso de la República, la pregunta es ¿Por qué averiguar dicha información sobre miles de personas consideradas “un peligro para el Estado peruano”? La segunda pregunta sería ¿Con qué fines se ha utilizado dicha información? Y por último, ¿Estas malas prácticas están sancionadas por nuestras leyes hoy en día?

La respuesta inmediata dada por el gobierno fue relevar al Director de la DINI, sin dar solución al problema de fondo. En fechas pasadas la solución planteada era cerrar temporalmente la DINI; sin embargo, la inteligencia como tal es necesaria en cualquier país para cuidar la soberanía nacional y también para fines de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico. Por ende, dicha solución tampoco era “la solución”. Respondiendo la primera pregunta, aquellas personas que figuramos en el primer listado de la DINI, ¿Somos entonces supuestamente un peligro para el Estado peruano? Yo creo que no, pero tal vez el gobierno de turno pueda explicarnos y respondernos mejor esta pregunta.

La información que se ha sustraído puede haber sido utilizada con fines ilícitos, quien escribe el presente texto fue investigado en el año 2012 y posteriormente en el año 2013. Asimismo, el año 2014 fui víctima de un seguimiento que terminó en un robo agravado hacia mi persona en donde se sustrajo mi vehículo y otras pertenencias. ¿Habrá alguna coincidencia? Sin embargo, en este artículo me quiero centrar en el último punto: ¿Son estas malas prácticas sancionadas en nuestro país? Recordemos aquel proyecto de Ley sustentado por el congresista Alberto Beingolea, en calidad de Presidente de la Comisión de Justicia, el cual fue aprobado en la legislación peruana a través de la Ley N° 29859 en Mayo de 2012, posteriormente incorporado al Código Penal en el artículo 317° - A, y que sufrió algunas modificaciones posteriores.

Este menciona claramente lo siguiente “El que para cometer los delitos de homicidio, robo, extorción o secuestro, realiza actos de acopio de información y obtiene nombres de personas, lista de directorios, direcciones domiciliarias, números telefónicos; o realiza actos de vigilancia y seguimiento de personas; o tiene en su poder armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos para facilitar la comisión de los delitos de homicidio, robo, extorción o secuestro, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años. […]”.

Por lo tanto, quiere decir que ¿Si está permitido recabar información siempre y cuando no sea para facilitar los delitos mencionados? Lamentablemente, el reglaje hecho a políticos, empresarios y otras personalidades no constituye un ilícito penal regulado en nuestra legislación a no ser que los miembros de la DINI hayan utilizado recursos del Estado para dichos fines como vehículos cámaras de vigilancia, cámaras fotográficas, entre otros; y caerían en el delito de peculado de uso según el artículo 388° del Código Penal.

Es preocupante este tema y atenta contra el sistema democrático que siempre he considerado aún está en vías de consolidación en nuestro país. Resulta indignante saber que se realizan estas prácticas mientras que otros países nos espían y para estos fines no sea utilizada la inteligencia nacional. 




Martes 07 de Abril de 2015

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