Voto electrónico

ILEGALIDAD DEL VOTO ELECTRÓNICO.- El voto digital vulnera las normas que rigen al Sistema Electoral. Trasgrede los principios de confiabilidad, seguridad, continuidad y legalidad. Más de 3 millones de votos en Lima y Callao están en juego. Extemporáneamente, la ONPE, cambió las reglas. La Ley Orgánica de Elecciones señala que la cédula única de votación debe ser en forma ascendente y vertical. Para elegir las posiciones hubo un sorteo donde participaron todos los candidatos. Luego, de manera unilateral, la ONPE dividió a los aspirantes en dos columnas de 7, distorsionando la cédula en la pantalla de votación electrónica, mezclando las posiciones que se tenían certeramente en la cartilla física. “Estas cartillas físicas también estarán en los centros de votación digital por si el sistema electrónico falla”, ha argumentado la ONPE. Se requieren además de 25 mil técnicos especializados para controlar este sistema. Los personeros de los Partidos solo podrán revisar un 10% de las “boletas” que se imprimen luego del voto electrónico, y de manera aleatoria. Es decir, el conteo físico, controlado por los personeros de los partidos, queda anulado.

Este sistema creado por la ONPE a último momento, y sin estándares técnicos internacionales adecuados, debió requerir de la participación de una entidad sumamente acreditada. Lamentablemente, se contrató el servicio de la empresa española Scytl, cuestionada hace poco en elEcuador en sus últimas elecciones municipales.(1) Cabe denunciar que Scytl Perú tiene como Gerente de Proyectos al ingeniero Raúl Murga Fernández, quien hasta mayo del 2013 se desempeñó como gerente de Sistemas de la ONPE. (2) Scytl está declarada en Ecuador como “contratista incumplido”. La misión electoral de UNASUR, que estuvo presente en los comicios ecuatorianos, concluyó que hubo una serie de dificultades en el proceso de transmisión de los resultados, a raíz de las fallas por parte de Scytl. Sin embargo, la ONPE le adjudicó la buena pro por un monto de S/. 399,990, siendo además el único postor.(3)

El voto electrónico instaurado al “caballazo”, vulnera el principio de legalidad que nos rige. Por la Ley N° 28851 se autorizó a la ONPE a dictar normas reglamentarias para la implementación gradual del voto electrónico y mediante la Ley N° 29603, del 21 de octubre del 2010, se le dio un plazo de 60 días para emitir dichas normas reglamentarias. Recién el 27 de enero último, por RJ N° 22-2016-J/ONPE, emitieron el Reglamento del Voto Electrónico.

Como ha sido evidenciado y reclamado formalmente por los partidos políticos, aparte de lo mencionado, existen incoherencias técnicas y legales, a saber:

(i)           En las demostraciones se ha utilizado el Sistema Operativo Linux, mientras que en la sede central de la ONPE se utiliza el Sistema Android;

(ii)          Para el motor de datos que administrará la votación electrónica, la ONPE ha desarrollado un sistema propio sin estándares técnicos reconocidos;

(iii)         El 12 de marzo de 2016, al recibir la capacitación en el distrito de Punta Negra, el sistema dejó de funcionar;

(iv)         Se ha inventado un nuevo cargo que no está definido en la Ley Electoral: Coordinador Técnico de Mesa. Esta es la única persona que puede hacer la configuración inicial de los equipos de votación electrónica;

(v)          La transmisión de la información electoral se hace a través de un dispositivo intermedio (USB Amarillo) y el uso de 3 tarjetas electrónicas y 3 USBs de diferentes colores  para cada mesa de sufragio no brinda transparencia;

(vi)         Sobre el escrutinio automatizado, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna información sobre manuales, demostración y capacitación y tampoco se conoce la plataforma tecnológica que se utilizará.

Se han presentado sendos reclamos y consultas formales, que hasta la fecha no tienen respuesta por parte de la ONPE. Los medios de comunicación tampoco tocan este tema, lo que resulta un atentado a nuestro derecho como votantes, sobre todo para aquellas personas de edad avanzada o que no cuenten con el concomimiento necesario para dicha votación digital. El JNE deberá eliminar el voto electrónico y así evitar la manipulación de tres millones de votos.




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