Cinco años de reformas para el Perú y para su gente

Es un lugar común de algunos comentaristas políticos  mencionar que durante el segundo gobierno aprista se tuvo un notable desempeño económico y de reducción de la pobreza, a pesar de lo poco o nada que se avanzó en la mejora de la administración pública y sus instituciones. Lo cierto del caso es que mucho de lo avanzado en ese quinquenio, sólo puede ser explicado por una genuina preocupación que se tuvo para mejorar el funcionamiento del aparato administrativo del Estado y hacerlo más ágil, eficiente y al servicio de los ciudadanos.     

Como no podía ser de otra manera, este impulso reformador tuvo como piedra basal el compromiso político al más alto nivel, que se expresó en una reunión en Palacio de Gobierno el 2 de marzo del 2007, en la que el propio Presidente de la República explicó a los 200 funcionarios más importantes del país, los lineamientos de la reforma de la administración pública, así como un conjunto de metas de gobierno en crecimiento económico, reducción de la pobreza, entre otros. 

Este proceso tuvo importantes hitos como la aprobación e implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). que transformó radicalmente a la administración pública, estableciendo el carácter de rectoría del gobierno nacional sobre políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para todo el Estado y dejando a los gobiernos subnacionales la mayor parte de las tareas ejecutivas, al punto que de cada 3 soles del presupuesto nacional, por lo menos 2 se encontraron bajo administración y control de los gobiernos regionales y locales. 

Esto naturalmente implicó un rediseño de las entidades públicas, repensando sus roles y funciones, eliminando duplicidades, fusionando entidades y haciendo más eficiente y racional su actuación. Un ejemplo de ello fue la reducción de los programas sociales de 82 que se tenían en el anterior gobierno a sólo 26, dando así un mejor uso a sus recursos lo que, entre otros esfuerzos, permitió reducir la pobreza en 12%.   

Además, se hizo un esfuerzo importante por crear un soporte administrativo a importantes tareas que se habían dejado del lado, durante la marea neoliberal de los 90, como la planificación y la gestión de recursos humanos, creándose el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN y la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR respectivamente. Asimismo, por primera vez en la historia republicana, se creó un sistema de protección ambiental, con una serie de instituciones encabezadas por el Ministerio de Ambiente, y por supuesto se dio especial atención a la cultura con la creación de un Ministerio especial, sin dejar de relevar importantes iniciativas como la creación del Gran Teatro Nacional, la Casa de la Literatura, entre otros.                    

Pero además de ello, se hizo un esfuerzo por dar a los ciudadanos una mejor atención y servicios a través de agresivos planes e iniciativas de simplificación administrativa entre los que destacan La Ley del Silencio Administrativo Positivo y  los Módulos de Atención Ciudadana MAC, que entre otras cosas nos llevó a ser reconocidos en el ránking Doing Business del Banco Mundial 2011 como el mejor país de Sudamérica para invertir. 

Evidentemente, una columna ofrece poco espacio para precisar otras iniciativas que se emprendieron en el inacabable y permanente proceso de reforma del Estado; sin embargo, y en razón a lo expuesto, es posible concluir -sin lugar a dudas- que en el 2011 se entregó una mejor administración pública que la que se recibió en el 2006.