BREVES APUNTES SOBRE EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1327

BREVES APUNTES SOBRE EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1327, EN VIRTUD DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL DENUNCIANTE ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y SE SANCIONA LAS DENUNCIAS REALIZADAS DE MALA FE.

El 09 de octubre de 2016, se promulgó la Ley N° 30506, Ley de Delegación de Facultades en el Ejecutivo; mediante la cual, se dispuso delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, por el plazo de noventa (90) días.

En atención a lo expuesto, el Poder Ejecutivo en mérito de esta delegación, el 5 de enero de 2017 publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo N° 1327; mediante el cual, se aprobó un conjunto de disposiciones orientadas a incentivar la formulación de denuncias contra personas que cometan actos de corrupción.

En ese sentido, en el presente artículo, abordaremos cada uno de los ámbitos de regulación más importantes de la referida norma, con la finalidad de brindar un panorama general acerca de las medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción.

  

  1. I.              Introducción.-

Las disposiciones bajo comentario tienen por objeto ampliar el número de denuncias contra aquellas personas que cometan actos de corrupción; en ese sentido, se facilita el procedimiento de investigación; y, se establecen mecanismos de protección para el denunciante. Adicionalmente, se imponen sanciones a quienes interpongan denuncias por actos de corrupción que sean falsas o de mala fe.

 

  1. II.             Acerca de la nueva regulación de las medidas de protección al denunciante de actos de corrupción, previstas en el Decreto Legislativo N° 1327°, Ley que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.-

Con relación al ámbito de aplicación del  Decreto Legislativo N° 1327°, Ley que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, el artículo 3° establece expresamente que esta norma es aplicable a todas las entidades señaladas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con excepción de las entidades señaladas en el inciso 8° de la referida norma[1].

Asimismo, resulta importante mencionar que se establece expresamente que estas medidas de protección no impiden que el denunciante acuda a la Contraloría General de la República, a fin de pedir garantías personales. Por lo tanto, estas medidas de protección no son excluyentes.

En cuanto a las definiciones elaboradas por la norma, en el artículo 4° se describe de forma detallada los siguientes elementos: 

Acto de corrupción

Acto realizado por un servidor civil que ostente un cargo público, con el propósito de obtener para sí o para otro tercero un beneficio indebido.

Denunciante

Persona natural o jurídica.

Interpone una denuncia en forma individual o colectiva contra un acto de corrupción.

No es parte del procedimiento administrativo disciplinario,  proceso funcional o proceso penal que pueda generar la denuncia. La presencia del denunciante en el proceso penal, no implica que sea parte en el proceso, excepto que se disponga lo contrario en la calificación o el archivo de la denuncia, conforme lo establece el artículo 334° del Nuevo Código Procesal Penal.

No existe ningún criterio que implique un impedimento para formular una denuncia.

Denunciado

Cualquier servidor civil de la Administración Pública, a quien se le atribuye un hecho de corrupción, que puede ser investigado en la vía administrativa o penal.

Denuncia

Comunicación verbal, escrita o virtual, individual o colectiva, que da cuenta de un acto de corrupción.

La tramitación es gratuita.

 

 

 

 

 

 

 

Denuncia de mala fe

  • Denuncia sobre hechos que han sido denunciados con anterioridad o simultáneamente.- Se requiere que exista conocimiento de la realización de este hecho; y que se interponga la denuncia ante la misma instancia y contra los mismos sujetos por los mismos hechos.
  • Denuncia reiterada.- Se requiere conocimiento de la realización de este hecho.
  • Denuncia carente de fundamento.- Se requiere conocimiento de la realización de este hecho o que no exista armonía entre los hechos denunciados y los medios probatorios que lo sustentan.
  • Denuncia falsa.- Se requiere conocimiento de la realización de este hecho o que deliberamente se simulan pruebas o indicios de la comisión de un acto de corrupción.

 

Medidas de protección

Conjunto de medidas orientadas a velar por los derechos personales o laborales de los denunciantes y testigos que denuncian un acto de corrupción.

Persona protegida

Persona a la cual se le ha concedido medidas de protección a fin de garantizar sus derechos personales o laborales.

 

Por otro lado, el artículo 7° y 8° de la norma, regula los elementos mínimos que debe de contener la denuncia;  así como el procedimiento que implica su interposición. Respecto al primer punto se señala que la denuncia debe contener como mínimo la identificación del denunciante; los hechos objeto de controversia, la indicación del lugar, fecha, firma o huella digital; el compromiso de permanecer a disposición de la entidad;  entre otros. Asimismo, se señala expresamente en el inciso 3) del artículo 7° que se permiten las denuncias anónimas. Finalmente, respecto del procedimiento de la denuncia, se establecen los siguientes pasos:

(I)            Interposición de la denuncia ante la autoridad administrativa.

Si no cumple con los requisitos:

  1. La autoridad administrativa le solicita que subsane la omisión.

De no cumplir en el plazo señalado, puede ocurrir lo siguiente:

  1. La autoridad puede disponer el archivo de la solicitud; por haberse desistido de su pretensión.
  2. La autoridad puede trasladar la solicitud a la autoridad correspondiente, toda vez que, al valorarla, considera que existen fundamentos que ameritan su trámite.

(II)           Calificación de la denuncia: Verificación del cumplimiento de los elementos previstos en el artículo 7°.

(III)          La autoridad administrativa corre traslado a la Secretaría Técnica encargada de pre-calificar las presuntas faltas administrativas o quien haga sus veces.

Cabe señalar que la identidad del denunciante se debe mantener bajo reserva hasta la emisión de una resolución sancionatoria que pone fin al procedimiento, en atención al principio de reserva previsto en el artículo 6° de la norma comentada.

Con relación a las medidas de protección al denunciante, se han establecido tres tipos de medidas, siendo estas las siguientes:

(I)            Reserva de la identidad.

(II)           Medidas de protección laboral.

(III)          Otras medidas de protección.

Respecto a esta última, debemos señalar que en virtud de ella, se permite que el denunciante no se vea afectado -en el presente o en el futuro-: (i) su posición en caso de que participara en el contexto de un proceso de contratación; o (ii) su posición contractual dentro de la entidad.

También se señala que la duración de las medidas de protección se extiende hasta que perdure el peligro, incluso luego de los procedimientos que origine la interposición de la denuncia; e incluso pueden ser establecidas a favor de terceros vinculados al denunciante, conforme lo establece el artículo 10° de la norma. Cabe señalar que la autoridad administrativa puede disponer la variación de las medidas de protección, de modificarse el supuesto de hecho que las dio origen. Además, con respecto a la entidad encargada de la ejecución de las medidas de protección se señala en el artículo 11° de la norma que será la Oficina de Recursos Humanos.

Por otro lado, se han establecido diversas obligaciones a las personas protegidas por las medidas de protección, como por ejemplo, cooperar en las diligencias que sean necesarias; mantener un comportamiento adecuado que permita la eficacia del procedimiento; salvaguardar la confidencialidad de las operaciones; entre otras. Asimismo, se señala expresamente que el incumplimiento de las obligaciones, implicará la suspensión de las medidas de protección, lo cual no enerva la acción penal, civil o de cualquier naturaleza contra ellas; y, que las personas denunciadas por actos de corrupción no son responsables de la conducta imprudente realizada por los denunciantes favorecidos con medidas de protección.  Cabe señalar que el mismo resultado tendrá aquellas denuncias interpuesta de mala fe; conforme a lo establecido en el artículo 14° de la norma.

Aunado a lo expuesto, el artículo 15° de la norma establece beneficios administrativos a favor de los denunciantes de actos de corrupción, cuando se logre la formalización de la investigación preparatoria y se cumpla con los títulos administrativos habilitantes previstos en la ley. Asimismo, se señala que las personas que tengan la condición de investigados o acusados en las investigaciones o procesos penales que se originen, a propósito de la denuncia a nivel administrativo, no pueden acceder a la información vinculada a los mismos hechos tramitados por el denunciante en la vía administrativa.

Finalmente, en la Única Disposición Complementaria Transitoria se modifica el artículo 13° de la Ley N° 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de la colaboración eficaz en el ámbito penal; conforme a mayor abundamiento procedo a citar a continuación: 

Ley N° 29542

Decreto Legislativo N° 1327

Artículo 13.- Exclusión de protección y beneficios.

No les alcanza las medidas de protección y beneficios establecidos en el artículo 8 a los denunciantes que sean autores de los hechos arbitrarios o ilegales.

 

Artículo 13.- Medidas de protección y reducción de sanción administrativa

Los autores o copartícipes de los hechos arbitrarios e ilegales que describe el artículo 3, pueden ser beneficiados con algunas de las medidas de protección que instituye la presente Ley.

Su colaboración oportuna y pertinente en el procedimiento administrativo que se entable para hallar responsabilidades del mismo orden, debe significar la reducción de la sanción administrativa a imponérseles, sin perjuicio de los beneficios derivados de su colaboración eficaz en el trámite del proceso penal, conforme a la normativa sobre la materia.

 

En atención a la base legal citada, podemos advertir que también se permite la instauración de medidas de protección a favor de aquellos funcionarios y servidores públicos que contravengan la ley; siempre que colaboren de forma oportuna y permitente con el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación en el procedimiento administrativo.

  1. III.           Disposiciones generales.-

El Decreto Legislativo N° 1352 entró en vigencia el 6 de enero de 2017; y, derogó el artículo 13° de la Ley N° 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de la colaboración eficaz en el ámbito penal

 

Lima, 18 de enero de 2017.

 ISABEL TELLO



[1] “8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia”.




Miercoles 04 de Marzo de 2015

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