La necesidad de pensar un nuevo “pacto social”.

Jean-Jacques Rousseau, en 1762, pensaba a la humanidad a partir del respeto a la libertad del individuo pero sin aislarlo del inevitable vínculo con los demás, pensaba al hombre tan libre como colectivo; por ello, promovió un contrato social en el que el orden político descansaba sobre la legitimidad, sobre la aprobación y consentimiento del hombre y de todos los hombres.

Un siglo antes, el británico Thomas Hobbes había teorizado sobre la misma figura del contrato social, pero con una notable diferencia, su finalidad no era garantizar la libertad del individuo sino limitarla. Lejos de entender al contrato social como una construcción de todos los hombres para preservar su libertad y apostar por la convivencia en la vida colectiva, Hobbes la interpretó como la necesaria superación del caótico “Estado Naturaleza” hacia una concesión de derechos y libertades representada por la ley y la autoridad del soberano.

Afortunadamente, gran parte de la humanidad ha dejado en el pasado los lamentables escenarios de poderes absolutistas, de regímenes oprobiosos y despóticos; pero, no por ser cuestiones de la historia, debemos dejar de pensarlas. Decirnos libres parece, a día de hoy, algo consustancial a nuestra realidad, parece que no nos costara y por ello, parece menos importante.    

Pero, ¿qué sucede cuando hay muchos pensamientos, sentimientos y deseos dentro de una misma sociedad?, más aún¿qué sucede cuando esa diversidad colisiona entre sí? Llevamos días escuchando y leyendo sobre un porcentaje de catalanes que no se sienten españoles, sobre otro porcentaje de españoles que se resisten a ver una España sin Cataluña; pero, también llevamos días viendo imágenes de catalanes que buscan renegociar su convivencia política dentro de España y otro porcentaje de españoles que exigen responsabilidad legal y política a sus representantes tras las profundas heridas sociales vividas el pasado primero de octubre (a partir de ahora, 1O).No obstante, distingo un común denominador entre cada uno de estos colectivos, y entre todos los que me han faltado nombrar, l-e-g-i-t-i-m-i-d-a-d.

En democracia, todas nuestras diferencias,por antagónicas que sean, no nos eliminan porque la legitimidad nos vertebra en la pluralidad. Y ello lo sabe la sociedad española que, cansada de esperar que sus autoridades le brinden un correcto diagnóstico de lo que políticamente viene sucediendo, han vuelto a salir a las calles, como el 15M del 2011, a construir su relato.

Confío mucho en una sociedad que entiende, acepta y convive en la diversidad, que se lamenta de lo ocurrido el pasado 1O almostrarse inconformecon el accionar de un gobierno legítimo encabezando una insurrección ilegal(el gobierno autonómico catalán), y que otro tan legítimo como el primero lance contra sus ciudadanos pacíficos a las fuerzas de seguridad (gobierno central).

Confío en una sociedad que visualiza a Carles Puigdemont y a Mariano Rajoy como los responsables directos de la violencia desatada. Puigdemont por despreciar el estado de derecho que está obligado a defender, como parte imprescindible del actual pacto social; y, a Rajoy, por alentar el menosprecio y la ridiculización de una legítima postura nacionalista, intentándola combatir con una fuerza retorcidamente legal.

Al mismo tiempo que el gobierno catalán pervertía el sentimiento de muchos catalanes que desean conseguir su independencia sin convertir el derecho al sufragio en una suerte de acto circense; el gobierno del Partido Popular desvirtuaba la autoridad de la ley al imponerla sin más, aplicándola coactivamente sin reconocer que a muchas demandas españolas ya no representa.

Dos gobiernos enfrentados y dinamitando los cimientos de dos trascendentales sistemas en democracia. El Govern socavando los principios del sistema electoral, desde la ilegalidad de la convocatoria hasta la suma de atropellos en una“jornada electoral” en la que se permitió que muchas personas dupliquen y tripliquen sus votos, que las personas lleguen a las urnas con votos impresos desde sus casas y sin un padrón electoral que regule la participación. El gobierno central manipulando el sistema jurídico y legal para que prevalezcan sus intereses, exigiendo al Tribunal Constitucional y a las fuerzas de seguridad del Estado invisibilizar toda postura que difiera a la suya.

Claro que la democracia exige el respeto a la ley pero, en ningún caso, puede agotarse ahí porque la democracia también es la libertad del autogobierno del ciudadano. Y, cuando se da un conflicto entre el principio democrático y el principio legal, las autoridades optan por:1) el reconocimiento del choque de legitimidades, o 2) la resolución unilateral que consiste en la negación de la realidad y la consecuente imposición que preserve sus intereses.

La sociedad española lleva años sufriendo que sus legítimas autoridades prefieran la segunda opción, huyendo del reconocimiento del inminente conflicto social y huyendo delfomento de una época de diálogo para evitar la imposición.

Soy de los que cree que la ley no está ahí para que la sociedad se le parezca, sino de los que entiende la ley como el mecanismo para regular los conflictos que con certeza van a aparecer en una sociedad, felizmente, heterogénea.

José Carlos Urbina Suárez

Politólogo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

 




Martes 26 de Setiembre de 2017

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