Colaboremos con los fiscales, no los cuestionemos

“El que no quiera vivir sino entre justos, viva en el desierto”.

Séneca

Para todos aquellos que estamos al pendiente de las noticias políticas en medio de esta bien justificada euforia futbolística, hoy en día que nuestra Selección Nacional con aplomo, personalidad y ansias de triunfo se encuentra casi ad portas de asistir a un mundial de futbol luego de 36 largos años; hemos advertido una situación preocupante al ver a dos bancadas de un peso gravitante en el Parlamento como lo son la Bancada Aprista y la Bancada de Fuerza Popular cuestionando la labor del Ministerio Público entorno a las investigaciones abiertas a sus líderes, el ex presidente Alan García Pérez y Keiko Fujimori respectivamente; conjuntamente con importantes personajes de su entorno familiar, amical y político.

Recordemos que el artículo 158° de nuestra Constitución Política establece que el Ministerio Público es autónomo en el ejercicio de sus funciones como titular de la acción penal en nuestro país. El Fiscal de la Nación, a quien se le ha cuestionado, es quien lo preside y es elegido por la Junta de Fiscales Supremos por un periodo de tres años, prorrogable, por reelección, sólo por otros dos. Empero, lo más importante es que a los fiscales de cualquier rango sean supremos o provinciales, especializados o generales les asisten los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los Jueces del Poder Judicial en la categoría respectiva. Asimismo, les afectan las mismas incompatibilidades. Incluso su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría en el Consejo Nacional de la Magistratura.

En ese orden de ideas tenemos que el artículo 139° de la misma Carta Magna, ordena que existe una independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional de los Jueces, es decir que “…ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones…”.Asimismo, reza la misma Magna Lex expresamente “…que tampoco nadie puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”. Esta última disposición condice lo ordenado por el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el carácter vinculante de las decisiones judiciales, que en si es un principios general de la administración de justicia cuya inobservancia nos lleva incluso a la comisión de un delito como el de “avocamiento ilegal de proceso en trámite”, el cual se encuentra tipificado en el artículo 410° del Código Penal.

La misma disposición constitucional citada en el párrafo anterior, respetuosa de la separación de poderes en un Estado de derecho, prevé que estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso de la República, pero aclara categóricamente que el ejercicio de esa facultad investigadora  “…no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno”.

Si a los fiscales, nuestra Constitución Política, les da el mismo tratamiento que a los jueces en el ejercicio de sus funciones, no debería haber una actitud confrontacional por parte de ambas bancadas parlamentarias contra los fiscales que han decidido aperturar investigaciones contra sus líderes. Eso colinda con la interferencia en el ejercicio de sus funciones, una afectación a su autonomía y por ende, una situación extremadamente grave que afecta la institucionalidad de nuestro país.

Si queremos institucionalidad, credibilidad en nuestra clase política y en resumen, un país más confiable; sometámonos en observancia del principio de separación de poderes y de respeto a la labor que ejercen organismos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público a cualquier investigación que deje de lado especulaciones sobre la honorabilidad de cualquier líder político en nuestro país. Todos aquellos que hacen política, que han ejercido cargos por elección o que aspiran a serlo, deben ser pues, sin duda alguna, los primeros interesados en que sobre su imagen no haya ninguna incertidumbre. En consecuencia, colaboremos con los fiscales que han iniciado estas investigaciones, no los cuestionemos, hagámoslo por el bien de nuestro país y su estabilidad política. Sólo confiemos que estas investigaciones duren el plazo solicitado y se den con el profesionalismo, seriedad y objetividad que ameritan.

José Andrés Tello Alfaro

Miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral

 




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