Las sentencias interlocutorias denegatorias del TC: Derechos fundamentales vs. Carga procesal

A simple vista podríamos decir que las sentencias interlocutorias denegatorias del Tribunal Constitucional instituyen una expresión o esquema de certiorari, es decir, la capacidad que tienen altas cortes o tribunales con atribución jurisdiccional como la Suprema Corte de Estados Unidos o Argentina, para decidir qué casos son admitidos para su resolución de fondo o en cuales se emite un pronunciamiento desestimatorio sin más trámite. Esto podría comprenderse en el marco del ejercicio de la autonomía procesal que le corresponde al TC.

Ahora bien, a guisa de exordio, las causales de improcedencia del RAC (Recurso de Agravio Constitucional), que conoce el TC en última y definitiva instancia sobre las demandas de Habeas Corpus, Data, Amparo y Cumplimiento provenientes del Poder Judicial, se encuentran establecidas en el artículo 18° del Código Procesal Constitucional y en el artículo 11° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional; en ese orden de ideas, podríamos decir que el origen de estas sentencias en nuestro país, se encuentra en la resolución recaída en el expediente N°02877-2005-PHC/TC; sin embargo, las demandas que se conocieron después de dictado este precedente vinculante, seguían admitiéndose a trámite sin considerarse de manera concienzuda su observación.

Es por ello, que en la sentencia recaída en el expediente N°00987-2014-PA/TC, en la cual el TC determinó que rechazará las causas conocidas vía RAC cuando:

  1. Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
  2. La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional.
  3. La cuestión de derecho invocada contradiga un precedente vinculante del TC.
  4. Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

De esta forma, el RAC sería desestimado sin más trámite que la emisión de una resolución que omite un pronunciamiento de fondo.Esta resolución, en puridad es un auto; por lo que, en caso de producirse el rechazo de la demanda según lo señalado en el precedente vinculante precitado, el justiciable puede interponer el recurso de reposición consagrado en el artículo 121° del código procesal constitucional.

Entonces, una vez esbozado el mapa procesal que sigue el TC para pronunciarse o no sobre el fondo de una causa que busca tutelar los derechos fundamentales garantizados por nuestro ordenamiento jurídico constitucional, cabe traer a la reflexión una asunto particular que planteamos a modo de pregunta: ¿Son las causales de rechazo de una pretensión que busca proteger los derechos fundamentales un pretexto para disminuir la carga procesal o para traer a su conocimiento situaciones que sí ameritan ser tuteladas de manera urgente?

Como señala el maestro Robert Alexy en su trabajo sobre la fórmula del peso en lo concerniente al fundamento de la teoría de las normas sobre las reglas y los principios, sobre la subsunción de las primeras y la ponderación de los segundos:“(…) las reglas son mandatos definitivos (…) Por el contrario, los principios son mandatos de optimización (…)”. De esta manera, podría indicarse que cabe preguntarnos ante qué situación nos encontramos ¿el cumplimiento de mandatos definitivos establecidos en la constitución respecto a los derechos fundamentales o el cumplimiento de mandatos de optimización como son los principios que regulan el proceso constitucional? Aunque también podría hablarse de la colisión entre los principios de inmediación y economía señalados en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Cosntitucional.

El debate queda abierto; sin embargo, podemos concluir esta primera parte con la siguiente premisa: la protección de los derechos fundamentales debe estar orientada a cumplir lo que ordena la constitución sin vulnerar el debido proceso ni obstaculizar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, esto significa que no debe sacrificarse las máximas del contrato social para buscar la celeridad y economía procesal.

 




Jueves 26 de Enero de 2017

 

Por Miguel Alejandro Estela La Puente

 

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